Según nuevas declaraciones del fiscal especial para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los investigadores de la anterior Administración mexicana fueron culpables de prácticas ilícitas, incluyendo torturas y manipulaciones de testimonios para sostener la versión oficial sobre los acontecimientos.

La declaración viene a unos días de que se cumplan siete años de lo que se conoce como el caso más conmovedor de la historia de las desapariciones forzadas en México.

Omar Gómez Trejo, Fiscal especial para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México; desaparecidos en 2014, informó este martes que bajo la llamada "verdad histórica" del Gobierno del expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, "prácticas ilícitas" fueron utilizadas para mantener a flote la versión estatal sobre lo que había pasado a los estudiantes. 

"Mucho de lo que se hizo para quererla (la versión de "verdad histórica") sustentar fue obtenido de manera ilícita", dijo Gómez Trejo en una conferencia de prensa en el municipio de Cocula, en el estado de Guerrero.

"Eso quiere decir que incluso testimonios de personas fueron obtenidos mediante tortura, personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, fueron aisladas completamente de la protección de la ley", comunicó el fiscal, añadiendo que "lo que hicieron (los ex investigadores) fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que muchas de ellas fueron elaboradas ilícitamente".

"Hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita” para la promoción del relato de la versión oficial, “aprovechándose de la posición que gozaban y en función de eso desviaron una investigación y con ello negaron el acceso a la justicia a las familias, la búsqueda de sus hijos y negaron la verdad" concluyó el Fiscal.

La "verdad histórica": una versión ampliamente negada 

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La controvertida versión de la "verdad histórica" promovida desde enero de 2015 por el Gobierno de Peña Nieto, estipula que los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron arrestados el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala, estado de Guerrero y entregados al cártel Guerreros Unidos, que luego los asesinó e incineró en el basurero de Cocula antes de arrojar los restos en el río San Juan.

Sin embargo, en septiembre del 2015, expertos internacionales ya habían publicado un informe en el que afirmaban que testigos vieron a policías federales y militares en el lugar del secuestro de los estudiantes. 

La investigación de los expertos también descartó que hubiera habido un incendio lo suficientemente grande como para quemar a 43 cuerpos.

Asimismo, este lunes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México declaró que rechazaba la versión de la Administración de Peña Nieto.

 
“Este organismo nacional rechaza la pretensión de revivir en medios de comunicación la denominada ‘verdad histórica’, a partir de algunos testimonios de personas que en su momento fueron privadas de la libertad, pero que además ya fueron refutados científicamente”, expresó la CNDH en un comunicado.

Aseguró también que respaldar esta versión supone reconstruir "un escenario contrario a la verdad y la justicia que reclaman los familiares de los 43 normalistas y toda la sociedad".

El organismo manifestó su compromiso "con familiares y representantes de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y de trabajar de manera amplia y colaborativa con las víctimas", uniéndose así a las posiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Frente a las múltiples refutaciones de la "verdad histórica" del expresidente, el Gobierno del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, decidió abrir su propia investigación en 2018, lo que derrumbó aún más la versión anterior, cuando fueron encontrados los restos en julio de 2020 del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, que se sitúa a un kilómetro del basurero.