Más de 20 efectivos de la Gendarmería Nacional están citados a declarar como testigos desde el próximo lunes en la causa que  investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde la Argentina hacia Bolivia en diciembre de 2019, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.

Los convocados a prestar testimonio integraron los dos grupos de gendarmes que fueron destacados en el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales sucedieron al comando Alacrán que viajó en noviembre de 2019 en el mismo avión hércules C-130 en el que se trasladaron las municiones.

Serán dos rondas de testimoniales: la primera se extenderá entre el 21 de febrero y el 2 de marzo y abarcará a los integrantes de Gendarmería destacados en Bolivia entre el 10 de enero y el 1 de marzo del 2020;  la segunda será del 7 al 16 de marzo e incluirá a los efectivos que estuvieron en La Paz entre el 28 de febrero y el 27 de junio.

Las convocatorias fueron dispuestas por el juez de lo Penal Económico, Alejandro Catania, en diciembre pasado cuando junto con una veintena de medidas de prueba a desarrollarse en la Argentina y en Bolivia con el objetivo de reconstruir el destino de las municiones que salieron de este país con el supuesto propósito de utilizarse para defender la Embajada nacional y la residencia del embajador.

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En esta primera ronda será oído el testimonio de 21 gendarmes, mientras que luego el magistrado deberá evaluar la convocatoria de aquellos miembros de esa fuerza que viajaron junto a las municiones el 13 de noviembre de 2019.

A partir de una investigación interna de la propia Gendarmería, se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por el Personal de Gendarmería que fue desplazado a ese país, por lo que se presume que ahora el juez llegará a la misma información pero en el marco del expediente judicial.

La justicia busca determinar, además, qué fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto, por lo que aún espera recibir desde Bolivia toda la documentación respaldatoria de aquella información, que ya se encuentra en el expediente porque fue aportada por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado mediante   una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Desde el pasado 16 de julio, en el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

En dictámenes posteriores, el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (Canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).