Consejo de Estado francés suspende disolución de dos asociaciones pro-Palestina
Los jueces del consejo consideraron que las posiciones asumidas por las publicaciones del Comité de Acción Palestino y Palestina Vencerá no pueden considerarse incitantes a la “discriminación, el odio o la violencia contra un grupo de personas”.
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Consejo de Estado francés suspende disolución de dos asociaciones pro-Palestina.
El Consejo de Estado francés suspendió el procedimiento de disolución de dos asociaciones propalestinas que había sido adoptado por decreto del Consejo de Ministros el 12 de marzo, cuando el ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, anunció su prohibición a petición del presidente Emmanuel Macron.
Los jueces del consejo consideraron que las posiciones asumidas por las publicaciones del “Comité de Acción Palestino” y “Palestina Vencerá” no pueden considerarse incitantes a la “discriminación, el odio o la violencia contra un grupo de personas”, luego de que las dos organizaciones fueran acusadas de “incitar al odio y la discriminación, la violencia y la incitación a la acción terrorista”.
El procedimiento para disolver el Comité de Acción Palestino constituye un "ataque grave y claramente ilegal a la libertad de asociación y la libertad de expresión", como se afirma en la resolución del Consejo de Estado.
Las autoridades habían criticado al comité por transmitir comunicados de prensa e informes sobre la actividad de supuestas organizaciones terroristas palestinas, en particular Hamas, la Jihad Islámica Palestina y la Resistencia libanesa.
“Esta es una preciosa victoria para el estado de derecho, que impide que el Ministerio del Interior utilice el conflicto palestino-israelí como una herramienta política”, dijo la abogado del comité, May Vincent Braengart.
En cuanto al grupo "Palestina Vencerá", el Ministerio del Interior lo acusó de "desarrollar un sentido de persecución entre los pueblos musulmanes y difundir la idea de la islamofobia a escala internacional, bajo el pretexto de defender la causa palestina".
El Estado tendrá que pagar 3 mil euros a cada una de las dos asociaciones, mientras que el Ministerio del Interior no ha querido rcomentar la decisión.
