Parlamento salvadoreño prorroga estado de excepción
Datos oficiales revelan que al menos 34 mil 500 personas han sido arrestadas en El Salvador acusadas de ser pandilleros.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles la extensión por segundo mes consecutivo del estado de excepción en esa nación centroamericana, que ha dejado una cifra superior a los 34 mil arrestos de presuntos pandilleros.
"Hemos ampliado el régimen de excepción por 30 días más para continuar capturando estos terroristas que, por años, han llenado de luto a la población salvadoreña", reflejó a través de la cuenta de su cuenta de Twitter el ente legislativo de mayoría oficialista.
La medida promovida por el Gobierno del presidente Nayib Bukele vino luego de que, tras una tregua con las pandillas y un promedio de asesinatos bajo, la cifra de homicidios se disparó.
No obstante, varias organizaciones sociales han reclamado al Gobierno pues el régimen de excepción suspende varias libertades constitucionales como la de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, así como el derecho a la defensa.
Otro de los reclamos de parte de la sociedad salvadoreña se basa en que la Carta Magna esclarece que la prórroga de 30 días se puede autorizar si las causas que generaron el estado de excepción siguen vigentes, y definitivamente la escalada de asesinatos fue controlada luego del primer mes en este régimen.
La legisladora Claudia Ortiz, por ejemplo, reclamó al Gobierno estar encarcelando a gente inocente y lo acusó de "ayudar a criminales a evadir la justicia".
Por su parte, el abogado Abraham Abrego dio varios motivos por los que no debería extenderse el régimen de excepción entre los que figuran que la causa que los generó fue superada y que "no ha servido para identificar los responsables del alza de homicidios" sino, "ha generado luto y dolor para cientos de familias por casos de detenciones arbitrarias injustas".
"Para las víctimas de violencia de pandillas el régimen de excepción no ha producido muchos cambios: siguen desplazándose, huyendo de la extorsión y la violencia. El gobierno sigue igual sin garantizar su protección", apostilló Abrego.