Leónidas Iza: Mantendremos el paro y seguiremos abiertos al diálogo
El ministro de Defensa ecuatoriano dijo que la democracia en su país está en riesgo. Denuncian violaciones de los derechos humanos de los protestantes.
Ecuador vive desde el pasado día 13 un paro nacional convocado por el movimiento indígena de ese país al cumplirse un año de un diálogo infructuoso que realizaron con el Gobierno de Guillermo Lasso.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), a la cual se unieron en las movilizaciones colectivos campesinos, de trabajadores, estudiantes y mujeres, ha entregado al Ejecutivo un pliego de 10 demandas y han señalado que no dejaran las protestas mientras no reciban respuestas a sus demandas.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aseguró que se mantendrán en lucha y resistencia, pero también recalcó que siguen abiertos al diálogo y estarán abiertos a este mecanismo hasta el final.
De la misma manera, los pueblos y nacionalidades indígenas hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que pare con la violencia estatal.
Iza recalcó que no se puede adoptar la fuerza bélica como un mecanismo de represión, pero que la postura de la Conaie será permanecer con la opción abierta al diálogo y agotar todos los procedimientos dentro de lo político: “el diálogo, las propuestas y el derecho a la resistencia”.
En medio de esta situación Lasso ha decretado el estado de excepción en varias provincias y se ha producido actos de violencia en algunos lugares del país.
Por su parte, el Parlamento convocó a un diálogo con varias instituciones para evaluar mecanismos para solucionar la situación que atraviesa el país. El llamado al encuentro fue parte de una resolución adoptada por mayoría del pleno de la Asamblea Nacional durante un debate relacionado con los estados de excepción decretados por el gobierno en los últimos tres días.
El legislativo se reunió ayer lunes para evaluar el decreto ejecutivo 455, emitido el pasado 17 de junio, que estableció estado de excepción en tres provincias, Pichincha, Imbabura y Cotopaxi por grave conmoción social ante las protestas protagonizadas por organizaciones diversas contra el alto costo de la vida y la inseguridad.
Pero poco antes de la sesión, el mandatario decidió derogar la normativa mediante un nuevo decreto de estado de excepción en el cual incorporó a otras tres demarcaciones, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.
Algunos legisladores de distintas tendencias políticas cuestionaron la decisión del Ejecutivo de contrarrestar la protesta social con un decreto que criminaliza las manifestaciones y provoca la radicalización de las movilizaciones del sector indígena, así como de otras organizaciones y colectivos.
Los reclamos del movimiento indígena
Este martes se lleva acabo en el país suramericano la novena jornada del paro nacional que convocó la Conaie. En estas protestas, que se realizan al cumplirse un año de un diálogo infructuoso, la organización ha entregado al Ejecutivo un pliego de 10 demandas.
1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a 1,50 dólares y la gasolina extra y ecopaís a 2,10 dólares.
2. Alivio económico para más de cuatro millones de familias, con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas).
3. Precios justos en los productos del campo.
4. Empleo y derechos laborales.
5. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales.
6. Respeto a los 21 derechos colectivos.
7. Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos.
8. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
9. Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador.
La democracia de Ecuador está en riesgo
En una declaración de hoy el ministro de Defensa ecuatoriano, Luis Lara, acompañado por altos mandos militares dijo "la democracia del Ecuador está en serio riesgo", debido a las protestas antigubernamentales que se llevan a cabo en el país suramericano desde el pasado 13 de junio.
Las Fuerzas Armadas contemplan con enorme preocupación "la manipulación de la protesta social" y "el crecimiento de la violencia" por parte de quienes "han rechazado el diálogo [...] para intentar imponer al Estado sus peticiones", declaró el Ministro.
En su alocución, el Ministro, al igual que hizo la semana pasada el director del centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Fausto Cobo, vinculó las manifestaciones con el narcotráfico.
Declaró que los grupos violentos y extorsionadores "actúan con consentimiento de quienes organizan las movilizaciones", señalando, sin mencionarla, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
"Como ha ocurrido a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas siempre han estado junto al pueblo ecuatoriano, defendiendo y protegiendo sus derechos, garantías y libertades", enfatizó.
Violaciones a los derechos humanos
También se conoce que Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Internacional, denunciaron represión policial contra la movilización social.
De acuerdo con las organizaciones, hasta ayer lunes se habían registrado 79 detenciones y 39 episodios de violaciones de derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil.
También señalaron que tres personas están desaparecidas y, por otro lado, 23 policías han sido retenidos por los manifestantes.
"La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Añadió que para evitar que esta historia se repita, el presidente "debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia, como los pueblos indígenas y personas en situación de pobreza".