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La Fiscalía Regional de La Araucanía, en Chile, solicitó el viernes una pena de 25 años de privación de libertad contra el líder y portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, en el marco de la Ley de Seguridad del Estado.

Según el fiscal de la causa, Roberto Garrido, a Llaitul se le imputan supuestos cargos de incitación y apología a la violencia, hurto de madera y atentado contra la autoridad y usurpación, y sería multado por presuntas embestidas contra la propiedad.

“La acusación se funda en la prueba reunida durante el tiempo de investigación que comprende más de 70 testigos, más de 20 peritos y más de 200 evidencias materiales, documentos y otros elementos de convicción que serán presentados ante el tribunal”, detalló Garrido.

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FISCALIA DE LA ARAUCANIA FILTRA LA ACUSACION DE HECTOR LLAITUL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE EL JUZGADO DE GARANTIA Y LOS INTERVINIENTES FUERAN NOTIFICADOS, UN HECHO QUE CLARAMENTE VIOLA EL DEBIDO PROCESO. pic.twitter.com/q5wocv6rWX

— ONGDefensoriaPopular (@ONGDefPopular) December 2, 2022

Por su parte, el abogado de la defensa de Llaitul, Rodrigo Román, indicó que la acusación se fundamenta en los discursos que su representado ha emitido como vocero de la CAM.

“No existe una sola prueba que pueda fundar dicha pretención. Y aquí no hay más que una concertación en marcha, a través de esta operación política, para encarcelar las ideas de este órgano de la resistencia del pueblo nación mapuche”, precisó Román en un video difundido a través de la cuenta en Twitter de la Organización no Gubernamental (ONG) Defensoría Popular.

Tras presentarse la acusación por parte de la Fiscalía, el Tribunal de Garantía de Temuco debe definir una audiencia de preparación de juicio oral, que determinará la culpabilidad de Llaitul en los delitos que se le atribuyen.

Héctor Llaitul está encarcelado preventivamente en el Centro Penitenciario de Valdivia, donde el pasado 29 de noviembre inició una huelga de hambre líquida junto a otros cinco comuneros mapuche, ante las supuestas “irregularidades, procesos y prácticas judiciales” en su contra.