EE. UU. prohíbe ayudas de seguridad social para migrantes irregulares
Un documento publicado por la Casa Blanca insta a las autoridades relacionadas con la seguridad social con el objetivo de tomar "todas las medidas razonables para asegurar que los extranjeros no elegibles no reciban fondos de los programas".
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EE.UU. prohíbe ayudas de seguridad social para migrantes irregulares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para impedir que los migrantes irregulares y aquellos que no cumplan con los requisitos necesarios reciban los beneficios de la Ley de Seguridad Social, incluidos seguro de desempleo, seguro de discapacidad, Medicare, entre otros.
"Los principios de (una) buena Administración exigen que los beneficios financiados por los contribuyentes se proporcionen solo a las personas elegibles y no alienten ni recompensen la migración (irregular) a Estados Unidos", esgrimió el documento dado a conocer por la Casa Blanca.
En ese sentido, el texto presidencial ordenó a la secretaria del Departamentos de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, y al de Salud, Robert F. Kennedy Jr., así como al comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley, a "tomar todas las medidas razonables para asegurar que los extranjeros no elegibles no reciban fondos de los programas".
Entre las medidas, precisó que, los funcionarios deben emprender "acciones de cumplimiento civil o administrativo contra los estados, localidades u otros beneficiarios o sub beneficiarios similares que no tomen las medidas adecuadas para verificar la elegibilidad".
El documento también estableció que la fiscal general, Pam Bondi, y el comisionado O'Malley deben ampliar el programa de fiscales generales especializados en fraude, asignando fiscales a al menos 50 dependencias antes de octubre de este año.
Ambos funcionarios tendrán la responsabilidad de establecer un programa similar en relación con Medicare y Medicaid, operando en al menos 15 fiscalías para la misma fecha.
Asimismo, el memorándum instruyó al comisionado del Seguro Social a adoptar medidas derivadas de un informe que supuestamente identificó falta de registros de defunciones en el Sistema de Administración del Seguro Social. Se trata de la auditoría A-06-21-51022, que detectó pagos indebidos y actividades ilícitas.
