Una corte estadounidense bloqueó este miércoles los aranceles “recíprocos” de al menos 10 por ciento que Donald Trump impuso en abril a los productos que entran en el país porque considera que el presidente se extralimitó.

El fallo, que seguramente será impugnado, supone un importante revés para el magnate republicano y su guerra comercial ya que prohíbe la mayoría de las categorías de nuevos aranceles (aquellos impuestos a países, incluidos China, Canadá y México). No afecta sin embargo a los gravámenes sobre los vehículos, el acero o el aluminio.

Desde su llegada al poder en enero, Trump ha puesto patas arriba el comercio mundial y ha agitado los mercados financieros con un despliegue intermitente de gravámenes destinados a castigar a las economías que venden más a Estados Unidos de lo que compran.

Trump emitió decretos el pasado 2 de abril que imponen un mínimo de 10 por ciento de gravámenes a todos los productos que entran en Estados Unidos y hasta el 50 por ciento en función del país de origen. Posteriormente suspendió algunos de los aranceles más altos para dejar margen a la negociación con los gobiernos o bloques de países como la Unión Europea.

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El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) compuesto por tres jueces dictaminó que el Congreso no delegó poderes “ilimitados” al presidente en la Ley de poderes económicos de emergencia nacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) que Trump invocó para justificar los aranceles.

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Según la corte, el presidente no puede invocar la normativa de 1977 para “imponer una sobretasa ilimitada a productos de prácticamente todos los países”. Los jueces estiman que los decretos del 2 de abril “exceden los poderes otorgados al presidente en virtud de la IEEPA para regular las importaciones mediante el uso de tarifas aduaneras”.

Esta ley “permite al Presidente adoptar las sanciones económicas necesarias en caso de emergencia para combatir una amenaza “extraordinaria e inusual”, recordó el tribunal.

“Cualquier interpretación de la IEEPA que delegue una autoridad ilimitada sobre los aranceles (al presidente de Estados Unidos) es inconstitucional”, insistieron los jueces.

En una opinión escrita que acompaña el dictamen, uno de los jueces consideró que “una delegación ilimitada de autoridad arancelaria constituiría una cesión indebida del poder legislativo a otra rama del gobierno”.

Fuera de control la Casa Blanca arremetió contra el fallo. “No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo el portavoz Kush Desai en un comunicado.

“El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a usar cada palanca del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”, añadió.

La Casa Blanca dispone de 10 días para detener los aranceles, pero es casi seguro que la administración apelará. El Departamento de Justicia ha defendido la estrategia comercial de Trump ante los tribunales. Estima que el poder judicial tiene una autoridad muy limitada sobre sus acciones.

Trump ha prometido a los estadounidenses que se beneficiarán de su política “Estados Unidos primero”, pero los analistas advierten de que el coste de los aranceles repercutirá en los consumidores, lo que elevará la inflación y podría llevar al banco central a mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo.