Representantes de cooperativas de vivienda de Ecuador protagonizaron el primer plantón pacífico contra la gestión del presidente Daniel Noboa frente al Palacio de Gobierno.

Durante la jornada, los participantes demandaron la derogación de un decreto que estipuló la liquidación de sus asociaciones, tras el cumplimiento del plazo establecido por las autoridades para protocolizar su registro.

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“Supimos que hasta nos llevan el dinero de nuestra cuenta", declaró una vocera ante Radio Pichincha.

Además, apuntó que la demora en su legalización es directamente atribuible a la burocracia estatal y no a la inacción de sus agrupaciones. 

En febrero de 2021, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria estableció los requisitos y el procedimiento de estas organizaciones para adecuar sus estatutos y fijó un plazo de 18 meses para completar los trámites.

El lapso continuó durante mayo de 2022, pero en noviembre de este año el país invocó la jurisprudencia para prohibir las actividades en aquellas entidades que no adecuen sus estatutos a las disposiciones correspondientes.