Tras 13 años de un prolongado proceso, el juicio contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno, fraude procesal y manipulación de testigos llegó a un momento crucial.

La juez 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, deberá decidir si dicta sentencia condenatoria o precluye el caso, en uno de los procesos más trascendentes de la historia política y judicial del país.

Origen del caso: De acusador a acusado

El origen del caso se remonta a un debate legislativo en 2012, en el que el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) insinuó que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha.

Como respuesta, el expresidente lo denunció ante la Corte Suprema, acusándolo de manipular testimonios de exparamilitares encarcelados.

Sin embargo, en 2018, la Corte archivó el caso contra Cepeda por falta de pruebas y abrió una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.

Desde entonces, el exmandatario pasó de acusador a acusado, enfrentando detención domiciliaria en 2020, renunciando a su curul como senador y viendo su caso trasladado a la justicia ordinaria.

Desarrollo judicial y cierre del juicio oral

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Durante el proceso, la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Francisco Barbosa, intentó cerrar el expediente en varias ocasiones, al igual que la Procuraduría en 2022, pero ambas solicitudes fueron rechazadas. El juicio oral concluyó el pasado 8 de julio de 2025, tras 67 días de audiencias.

La fiscal del caso, Marlene Orjuela, solicitó condena por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. La defensa de Uribe rechazó los cargos y el expresidente reiteró su inocencia, calificando el proceso como una “venganza política”.

Reacciones políticas encontradas

El senador Iván Cepeda aseguró que se probaron todos los cargos y que el caso demuestra que “la justicia llega, aunque tarde”. Por su parte, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) defendió la inocencia de Uribe y afirmó que “no existe una sola prueba que lo incrimine”.

Más allá del ámbito judicial, el caso tiene implicaciones políticas significativas. Analistas coinciden en que el fallo influirá directamente en las elecciones legislativas de marzo de 2026 y en las presidenciales de mayo, en las que se definirá el sucesor del presidente Gustavo Petro.

“Sea cual sea el sentido del fallo, tendrá un impacto directo en el ambiente electoral y será un termómetro para medir la independencia judicial frente a la politización de la justicia”, señaló el analista Pedro Viveros.

Protestas en Paloquemao

A la espera del veredicto, desde las primeras horas de la mañana, manifestantes se congregaron en las afueras del Juzgado 44 Penal del Circuito, ubicado en el complejo judicial de Paloquemao, para exigir cárcel para el exmandatario.

Con banderas rojinegras y pancartas con consignas como “Uribe a la cárcel” y “Justicia sin impunidad”, los asistentes reclamaron justicia para las víctimas del conflicto armado.

Entre los asistentes se encontraban estudiantes, activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones campesinas, muchos con fotografías de familiares desaparecidos o asesinados.

Para prevenir enfrentamientos entre simpatizantes y opositores, la Policía Metropolitana desplegó un amplio dispositivo de seguridad, incluyendo escuadrones antimotines y vigilancia perimetral.

Aunque se reportó la detención temporal de un joven por alteración del orden público, la jornada transcurrió sin mayores incidentes.

Con el fallo pendiente, Colombia permanece atenta al desenlace de un proceso que combina implicaciones legales, tensiones políticas y repercusiones electorales, marcando un momento clave para la democracia y el sistema judicial del país.