El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a un artículo publicado en El Tiempo que advierte sobre una posible ampliación de sanciones por parte de Estados Unidos contra personas cercanas a su administración y a la primera dama, Verónica Alcocer, ya incluida en la Lista Clinton.

Petro señaló que el artículo demuestra "dos cosas terribles": el seguimiento a su familia y, en su opinión, la "rabia de algunos funcionarios estadounidenses" por su decisión de adquirir aviones Grippen nuevos de Suecia en lugar de comprar los F-16 de tercera mano ofrecidos por Washington.

Mediante un mensaje en la red social X, el mandatario defendió la legalidad de la negociación con Suecia para la adquisición de los aviones Grippen, asegurando que se realizó “de manera transparente” y dentro del marco de la ley colombiana.

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Este artículo del Tiempo solo demuestra dos cosas ambas terribles.

1. EEUU ha seguido a mi familia.

2. El tema de la rabia de funcionarios del gobierno estadounidense, en primer lugar, parece ser que no compre los F16 de tercera mano que me ofreció EEUU sino que me decidí por…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2025

Subrayó que Suecia “no es un país terrorista ni sus fabricantes son narcotraficantes”, y advirtió: “Que no me obliguen a comprar entonces aviones rusos. Nosotros somos soberanos; no estamos obligados a adquirir armamento de segunda o tercera mano para nuestra fuerza pública”.

También pidió al Reino de Suecia y a la empresa Saab pronunciarse frente a lo que calificó como un atentado contra la libertad y la soberanía de Colombia. Recordó además que “a Lula también lo intentaron criminalizar por lo mismo” y agregó: “Bussines, Bussines”.

El artículo reveló que, durante la gira oficial por Arabia Saudita, Qatar y Egipto, al menos 10 empresas se negaron a suministrar combustible al avión presidencial FAC-001, debido a la inclusión del mandatario en lista OFAC, también conocida como "Lista Clinton".

Además, el informe citó fuentes en Washington que señalaron que se evalúa una “segunda fase” de sanciones, que podría incluir investigaciones sobre bienes y movimientos financieros de personas cercanas al presidente y de la primera dama, Verónica Alcocer.