La candidatura que hoy reclama airadamente supuestas irregularidades en las recientes elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela representa los mismos intereses que en 2019 avalaron la autoproclamación de Juan Guaidó sin mediar elección alguna, sentaron a un representante ficticio a la mesa de la OEA y enviaron a embajadores fantasmas a algunos países que los recibieron sin inmutarse.

Son los que siempre están prestos a reconocer a gobiernos golpistas, como el de Jeanine Añez en Bolivia o el de Dina Boluarte en Perú, son los que se hacen eco de las persecuciones a las que son sometidos liderazgos populares como Lula, Evo, Rafael Correa o Cristina Fernández. Son los que consultan siempre a la embajada del Norte antes de tomar postura, alineándose automáticamente con intereses que nada tienen que ver con el bienestar de sus pueblos.

Quienes hoy se rasgan las vestiduras denunciando falta de probidad, nada dicen de la connivencia y cooptación de poderes cuando, por el contrario, el supuesto vencedor en las urnas es alguien de la derecha, se llame Abinader, Mulino, Peña o Bukele. Nadie reclama acta alguna, ni arma previamente una campaña mediática feroz  para desprestigiar y poner en duda esos resultados. 

Los que hoy a coro tildan de “régimen” a cualquier gobierno que no coincide con sus intereses económicos o geopolíticos, son los que avalan o encarnan la dictadura monopólica de la comunicación y de las plataformas digitales corporativas, que hoy envenenan la discusión pública e impiden una real libertad de expresión. Esos gobernantes incluso recorren grandes distancias para sacarse fotos junto a sus magnates propietarios.

Aquellos que se dicen custodios de la democracia, no denuncian, sino que callan o justifican masacres como la que sufre el pueblo palestino, bombardeado impunemente por las órdenes de un criminal ultraderechista. 

Y, sin embargo, también hay quienes, de buena fe, preferirían aclarar cualquier interrogante sobre las elecciones de Venezuela mediante la prueba contundente del órgano electoral competente. Pruebas que en algún caso ni siquiera basten para que se revise o despeje el juicio previo que acompaña a dichas inquietudes. 

Pero en el caso de la jauría conservadora y del poder económico a quien sirve, no se trata de democracia, ni de derechos humanos y mucho menos de buenas intenciones. Se trata, en primera medida, de apoderarse de los enormes recursos naturales que están en Venezuela. Y ni siquiera solo de eso. 

El asedio a la Revolución Bolivariana

Los esfuerzos por derribar a la revolución bolivariana datan desde hace más de dos décadas, casi desde sus mismos inicios. El paro petrolero  y el golpe de 2002 que encaramó al empresario Pedro Carmona a una efímera presidencia, fueron perpetrados por los mismos sectores que hoy pretenden desconocer la reelección de Nicolás Maduro. Sectores que organizaron y financiaron en 2014 y 2017 los focos de protesta violenta conocidos como “guarimbas”, y que en 2019, con la complicidad de los gobiernos derechistas de Iván Duque y Sebastián Piñera, entre otros, se confabularon para alentar una invasión bajo el pretexto de “ayuda humanitaria”. Esos falsos demócratas, son los que una y otra vez, llaman a la insurrección de las fuerzas armadas contra el gobierno, solicitando incluso la intervención militar extranjera. 

Esas fuerzas, que hoy claman por legitimidad electoral, son las que celebraron y hasta exigieron la implantación de centenares de medidas coercitivas unilaterales – denominadas “sanciones” en la jerga geopolítica parcializada -, que fueron las principales causantes que forzaron a millones de venezolanas y venezolanos a emigrar pensando en mejorar su situación vital.

La clave del permanente ataque al chavismo por parte de esos sectores se fundamenta en la intención de impedir que cualquier modelo popular soberano y alternativo al capitalismo  crezca y actúe como “efecto demostración”, alentando a otros a imitarlo.

Nada diferente fue el caso de otras revoluciones anteriores, como la de Cuba o la de Nicaragua, o la de Salvador Allende en Chile, quien no logró sobreponerse a la violencia cerril del fascismo anticomunista instigado desde Washington.

Por el mismo motivo, de un modo algo menos descarnado pero igualmente irracional y servil, es la resistencia que enfrentan y enfrentarán las dirigencias hoy gobernantes de México, Honduras, Brasil y Colombia, empeñadas en mejorar las condiciones de vida de sus pueblos. 

Integración y BRICS

Pero hay más. La puja de poder a nivel geopolítico que atraviesa en la actualidad el mundo, hace muy difícil que la potencia en declive acepte resignar o compartir su preeminencia. La soberbia de pretender erigirse en modelo único y definitivo para otros pueblos permanece, mientras que ese modelo se ha convertido en una caricatura grotesca de democracia y libertad.

Ni siquiera se trata aquí solo de la ya conocida contienda entre el multilateralismo – heredero histórico de los movimientos de liberación nacionales – y el hegemón norteamericano y sus socios europeos.

Es manifiesta la intención del gobierno de Nicolás Maduro de unirse al bloque BRICS+, lo que representa un problema para el bloque euroatlantista, ya que con ello se reforzaría el ya enorme poder de suministro energético que ostenta en su conjunto.

Este desalineamiento del mandato occidental, esa nueva independencia, está a su vez acompañada de decididas acciones a favor de la integración regional de signo soberano, alimentando la cooperación y el entendimiento entre las naciones que componen el mapa latinoamericano y caribeño. Esa integración con autonomía, es considerada indeseable en el esquema de la estrategia monroista, ya que constituye un innegable factor de liberación. 

Lo que está en juego es todavía más profundo. Está en curso – y es indetenible – la rebelión que proclama la diversidad cultural y la autodeterminación de los pueblos, que quieren abrirse paso dejando atrás una prehistoria de sometimiento y vejaciones a manos del colonialismo y su sucesor, el imperialismo.

Alzar la voz por la paz

Ante este escenario, los pueblos latinoamericanos y caribeños deben tomar sus precauciones. Los Estados Unidos de América, con una industria bélica y un gasto militar desmedidos, han sido históricamente promotores de innumerables confrontaciones armadas. Están a la vista en la actualidad las acciones que procuran extender las fronteras de la NATO y establecer pactos militares en Medio Oriente y Oceanía, creando inestabilidad en zonas cercanas a sus rivales geopolíticos. 

Para Latinoamérica y el Caribe, las repetidas visitas a varios países de Laura Richardson, al mando del Comando Sur, el aumento de la presencia militar estadounidense con el pretexto de cooperación en seguridad, el apoyo a la fronteriza Guyana en las reclamaciones por el territorio Esequibo, el ya comentado llamamiento de la oposición venezolana a una intervención foránea, entre otros factores, son una señal de alerta.

Señal que bien interpretaron los países del Caribe, que serían los primeros afectados si se desatara un conflicto bélico en el área, no convalidando una fallida resolución injerencista de la OEA.

Señales que también descifran los presidentes de México, Colombia y Brasil, al llamar al acuerdo, la calma y la eliminación de la injerencia y medidas coercitivas, que además de violar la autodeterminación del pueblo venezolano, lejos de resolver problema alguno, lo complican.

Hoy la postura debe ser unánime, los pueblos deben alzar su voz y defender la paz y su soberanía como una conquista irrenunciable.