La opinión pública de Bahrein está pendiente de la proximidad del 12 de noviembre, día en el que se celebrarán las falsas elecciones parlamentarias y municipales, ante el decisivo boicot popular. Las fuerzas de la oposición nacional participarán en el boicot, junto con la Sociedad Islámica Nacional Al-Wefaq, cuyo bloque electoral en el parlamento de 2010 obtuvo entonces el 65 por ciento del total de votos.

En los últimos años, la oposición recurrió con éxito a la opción del boicot en cuatro ocasiones, a saber el 24 de octubre de 2002, en protesta por la emisión de la "constitución de la subvención" de forma unilateral y el golpe de estado contra la Carta de Acción Nacional, que produjo una autoridad legislativa impotente; el 24 de septiembre de 2011, tras la retirada del bloque de Al-Wefaq después de que estallara la crisis política; el 22 de noviembre de 2014, al que siguió la detención del secretario general de la Sociedad Al-Wefaq como medida de castigo por varios motivos, entre ellos el éxito del boicot; y el 24 de noviembre de 2018, cuando el índice de participación electoral no superó el 35 por ciento, según las estimaciones de la oposición.

En estos experimentos, las autoridades intentaban manipular las cifras de los resultados electorales y hacían publicidad de números que sugerían el fracaso del boicot. Además, las autoridades recurrieron a las habituales medidas de intimidación electoral, como amenazar a los que boicotean las elecciones y a aquellos cuyos documentos de viaje no llevan el sello electoral, de privarles de vivienda, medios de vida y servicios de empleo. 

Sin embargo, esta vez recurrieron a una estratagema procesal y punitiva al eliminar del censo electoral a decenas de miles de personas que boicotearon las elecciones en dos ocasiones. El lapsus del jefe del comité de supervisión en la Gobernación del Norte, Mohammad Mirza Aman, en 2018, en su declaración al periódico bahreiní Al-Bilad, reveló esta estratagema. El gobierno afirmaba que se trataba de una eliminación automática como resultado de la transformación digital. Sin embargo, la manipulación del electorado estaba en el centro de los intereses del gobierno en las elecciones de 2010.

En aquel momento, Al-Wefaq se quejó de la desaparición de cientos de registros de votantes. Hay que señalar que la cifra secreta que se oculta en el electorado es la de los votantes naturalizados políticamente, que se cuentan por miles. Antes de que se publicara la cifra oficial del electorado, la noticia publicada por el periódico gubernamental Akhbar Al-Khaleej, que se basa en las cifras de la Organización Central de Informática, hizo que la dirección ejecutiva de las elecciones emitiera un rápido desmentido el 1 de octubre de 2022 para encubrir el número de los votantes eliminados, que es de aproximadamente 100 mil como mínimo.

Es cierto que existen medidas punitivas, pero también existe la Ley de Aislamiento Político. Bahrein es el único país del Golfo que la aplica contra las sociedades políticas de la oposición que fueron disueltas ilegalmente, a saber: Al-Wefaq, Waad y Amal. Esta ley, que privó a los miembros de estas sociedades de sus derechos políticos para presentarse a las elecciones o votar, ha afectado a miles de personas.

Este es el estado de la oposición y sus partidarios, aislados políticamente de manera oficial, sin presencia institucional legal y sin derechos políticos.

¿Qué pasa con las sociedades leales? Abdullah Al-Huwaihi, exsecretario general de la Sociedad de Reunión de la Unidad Nacional -que se creó para oponerse a la oposición- se quejó del debilitamiento de las sociedades políticas leales, acusando a los medios de comunicación estatales de "demonizarlas". Pero la verdad es que el gobierno, al haber suprimido a la oposición, no vio la necesidad de reforzar la sociedad civil. Por ello, sólo hay nueve de los más de 300 candidatos afiliados a las sociedades políticas. Por lo tanto, en el próximo parlamento, los bloques parlamentarios de las sociedades políticas se romperán y se llenarán con candidatos individuales. Además, se introdujeron modificaciones en el reglamento interno de la Cámara de Representantes mediante un decreto real emitido hace unos días que aumentaba los poderes del presidente del Consejo -que es nombrado por la corte real a pesar del método formal de nombramiento en el Parlamento- y reducía los poderes evidentes del diputado en cuanto a la capacidad de hablar y objetar, como si los bahreiníes tuvieran un segundo Consejo de la Shura (nombrado).

La oposición encontró en el boicot una forma de sacar a relucir la crisis política y de eliminar cualquier pretexto para dotar de legitimidad popular a la autoridad gobernante, sobre todo teniendo en cuenta que existe un Consejo de la Shura que compite con la Cámara de Representantes en términos de poderes, lo que le quita la iniciativa legislativa. Además, a la luz de la obstinación oficial del gobierno, de las políticas ininterrumpidas de discriminación y de violaciones que son la cara del Estado en la actualidad, y de la ausencia de toda voluntad de solución política interna, el gobierno habría aprovechado -sin duda- cualquier decisión de participación -en las circunstancias existentes- para seguir aplastando las capacidades de la comunidad política y acabar con ella, y lo que es más importante, continuar con la campaña de venganza y represalias contra la oposición política porque se opone al gobierno.

De hecho, el gobierno ha tratado de encontrar una sociedad civil alternativa paralela a la oposición durante años, ¡pero no lo ha conseguido!