En estos últimos tiempos, se viene desarrollando en América Latina una segunda ola de gobiernos progresistas, lo cual indica que hubo una primera ola y que fue interrumpida por una ola de gobiernos de derecha. Es entonces importante analizar porque sucedió esa interrupción de derecha y qué hacer, desde los sectores populares, para darles continuidad a sus gobiernos.

El problema fundamental es que, en general, los gobiernos progresistas, si bien aplicaron políticas alternativas a las neoliberales, impulsadas por la derecha, tales como restituir un rol mayor del Estado, impulsar un crecimiento económico con inclusión social, apoyar la industrialización, ampliar derechos ciudadanos, incluir a los derechos humanos como política de Estado, llevar una política exterior independiente, entre otras medidas progresistas, no pudieron realizar cambios suficientemente significativos en la estructura económica, básicamente en manos de grupos oligopólicos, mayoritariamente multinacionales, y consecuentemente en los poderes judiciales y medios de comunicación ampliamente hegemonizados por esos sectores. Esto necesariamente limitó el avance de realizaciones progresistas y, peor aún, provocó frustración en al menos parte de la base social de sustentación de los gobiernos progresistas, y terminó generando condiciones para su reemplazo por gobiernos de derecha que representan los intereses de los sectores oligopólicos, en lo interno, y de los gobiernos capitalistas dominantes en lo externo.

La cuestión es que los gobiernos progresistas, en general, están basados en frentes populares, producto de acuerdos electorales entre dirigentes de diversas expresiones políticas, que intentan representar los intereses populares mayoritarios y, en su gestión de gobierno, reciben eventualmente el apoyo desde afuera de las organizaciones del campo popular, como sindicales, sociales y otras. Esto sigue siendo, básicamente, expresión del sistema político liberal, de tipo representativo y delegatario, donde los sectores populares votan periódicamente a sus representantes, en quienes delegan la responsabilidad de gobernar, y luego participan poco o nada en la gestión gubernamental, es decir, en lo que nos concierne a todos. La crisis de este sistema político representativo y delegatario, a nivel mundial, es a su vez consecuencia y causa de la crisis capitalista.

El sistema político, representativo y delegatario, no genera una relación e interacción entre los gobiernos progresistas y sus bases de sustentación popular, que permita construir la relación de fuerzas suficiente para que los gobiernos puedan avanzar en los cambios estructurales de fondo que se requieren, para consolidar sociedades donde predomine y avance un progreso con auténtica democracia, soberanía nacional y justicia social.

Para superar esta situación, se requiere que los sectores populares, a quienes objetivamente les conviene que se avance en los cambios estructurales necesarios, participen activa y crecientemente en la constitución del espacio político que exprese sus intereses, en la elaboración de las políticas de gobierno, en la designación de candidatos electorales, en la conformación de los gobiernos, en la ejecución de las políticas gubernamentales y, muy particularmente, en los roles que cada organización del campo popular deba asumir para enfrentar las reacciones de los sectores oligopólicos, que serán tanto más virulentas cuanto más importantes sean las reformas estructurales que se encaren en favor del pueblo.

En las últimas décadas, los pueblos, a través de sus luchas, particularmente en América Latina, han ido desarrollando formas de organización que implican una participación más directa y comprometida en la construcción de sus expresiones políticas, consistente en coordinar el accionar de las organizaciones populares en lo que ha dado en llamarse “movimientos sociopolíticos”, que a su vez se dan expresiones político-electorales para llegar al gobierno. Esto les da un poderío, particularmente cuando llegan al gobierno, mucho más importante que la sola constitución de frentes electorales. El MAS en Bolivia podría ser un buen ejemplo de ello.

El movimiento sociopolítico, así constituido, es mucho más propicio para el desarrollo de una democracia participativa que el simple apoyo a frentes electorales, a los que luego se les reclama que tomen medidas de cambios estructurales para lo cual no tienen la suficiente relación de fuerza.

A su vez, es fundamental que los movimientos sociopolíticos se estructuren sobre la base de las organizaciones que encuadran a la clase trabajadora, sujeto social más objetivamente interesado en realizar los necesarios cambios estructurales, es decir, las organizaciones sindicales, que encuadran a los trabajadores formales y las organizaciones sociales, que encuadran a los trabajadores informales, los desocupados y los sectores marginales. Sobre esta columna vertebral se deben sumar organizaciones de derechos humanos, de cooperativas, de campesinos y pequeños productores rurales, de PYMES, de intelectuales, partidos políticos progresistas (incluidos partidos clasistas anticapitalistas) y otras.

Asimismo, el movimiento sociopolítico, es una herramienta más idónea para disputar el apoyo de las capas medias que, por su inserción en general de manera individual en el proceso económico, pueden desarrollar una conciencia individualista, lo que las hace víctimas de la formación de un sentido común de derecha que los grupos oligopólicos realizan mediante los medios de comunicación hegemónicos que les pertenecen.

En Argentina, hay organizaciones populares que, en general, coinciden políticamente con la necesidad de que se hagan cambios profundos, tales como: presencia de empresas estatales en comercio exterior, hidrocarburos, minería, litio, producción y comercialización de productos de la canasta alimenticia; retomar el control estatal del sistema denominado “hidrovía”; reforma del sistema financiero para darle carácter social; sistema impositivo más progresivo; entre otras medidas progresistas. Entre esas organizaciones populares podemos mencionar a la Corriente Federal de los Trabajadores, otros gremios de la CGT como portuarios y camioneros, las dos CTA, la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), la Cámpora, las organizaciones de derechos humanos, la CGE (Confederación General Económica), APYME, PYMES SUR, partidos de izquierda y progresistas, entre tantas otras.

Las organizaciones mencionadas, y en total más de 100 organizaciones, realizaron el multitudinario acto del 17 de Octubre pasado y consensuaron un documento con importantes medidas de gobierno que se deberían tomar, del tipo de las antes mencionadas. Esto puede constituir un importante paso adelante para la conformación de un movimiento sociopolítico entre esas organizaciones y otras que se pudieran sumar. Esto es de principal importancia ante la amenaza del retorno del neoliberalismo al gobierno en las elecciones del 2023, con sus conocidas políticas de favorecer la irrestricta libertad de los grupos oligopólicos dominantes y su alineamiento con el imperialismo estadounidense y sus aliados, cuyos desastrosos resultados para la mayoría popular hemos ya conocido con creces con las políticas de Martinez de Hoz, Cavallo y durante el gobierno de Macri, que terminaron siempre en profundas crisis que las pagó el pueblo.

En cuanto a la actitud que conviene que asumamos aquellos que pensamos en la necesidad de la superación del capitalismo por un sistema de un carácter social cualitativamente superior, que denominamos socialismo, cuando formamos parte de un frente popular (como por ejemplo el Frente de Todos en Argentina), creo que debe consistir en mantenernos en el mismo, por más limitaciones que les veamos al frente y a su gobierno, y contribuir por los medios que podamos al debate ideológico y a la formación del movimiento sociopolítico. La historia de las últimas décadas muestra que recluirse en partidos o frentes clasistas anticapitalistas, es quedar encerrados en espacios políticos muy minoritarios y sin mayores posibilidades de interactuar con los sectores populares mayoritarios.