El gobierno de El Salvador desplegó ocho mil 500 efectivos de la Fuerza Armada y mil 500 integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio Soyapango, en el área metropolitana de la capital, parea iniciar la Fase V del Plan General de Seguridad que persigue poner tras las rejas hasta el último integrante de las pandillas que según cifras oficiales asciende hasta 118 mil y de los cuales cerca de 59 mil ya fueron arrestados. Ya en sus primeros dos días fueron aprendidos cerca de 140 maleantes, según el ministro de Defensa, contralmirante  René Francis merino Monroy

La guerra contra las pandillas desatada por el gobierno del presidente Nayib Bukele durante 2022 despierta intensas controversias por la gran cantidad de temas que inciden en el plan del mandatario para limpiar de homicidios y violencia las calles del país.

Durante el último fin de semana de marzo del año en curso, al menos 87 salvadoreños perdieron la vida por acciones atribuidas a esos grupos que el Estado califica de terroristas por las acciones que ejecutan contra el resto de la sociedad.

Eso llevó a que la lucha contra las maras (Salvatruchas M-13, 18 sureños y 18 revolucionarios) se convirtiera en política oficial encaminada a crear un ambiente de seguridad que permitiera avanzar en los planes de desarrollo turístico y garantizar la seguridad de la población que durante años fue rehén de la violencia desatada por esos grupos.

Entre las medidas destacadas está la aplicación del estado de excepción aprobado por el Poder Legislativo a solicitud del gobierno que suspendió la libre asociación y manifestación, el derecho a la defensa, permite intervenir telecomunicaciones y correspondencia, y amplía a 15 días la detención administrativa “para dar tiempo a los fiscales a investigar”.

A pocas semanas de que concluya el año, la Asamblea Legislativa (Parlamento) extendió por octava ocasión el régimen de excepción que sin dudas sirvió para enfrentar a los pandilleros y permitió al gobierno avanzar con resultados en una política a la que pocos daban márgenes de éxito, dado el poder de las pandillas. Ese régimen que algunos califican de inconstitucional debe ser extendido a mediados de diciembre, pues incluso, la población, la más afectada,  reconoce su efectividad para poner coto al cáncer de la pandillas que mantenía de rehén al país.

Esos grupos no surgieron en este país, fueron resultado de la extradición de miles de inmigrantes desde territorio estadounidense. MS-13 y Barrio 18 nacieron en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos y pese a la expulsión de muchos mareros, su influencia hoy se registra en varios estados de la nación norteña.

Según estudios revelados por el diario La Opinión, inmigrantes salvadoreños que huyeron de la guerra, formaron en los Ángeles ambas bandas, pero cuando se inició una política de deportación, miles de salvadoreños fueron devueltos y se asentaron en las dos pandillas en El Salvador y Honduras.

Como un cáncer, se extendieron por la región, principalmente en el triangulo El Salvador, Honduras y Guatemala, controlaron barrios, municipios, departamentos y algunos expertos estiman que penetraron las esferas del poder.

Estudios revelados por autoridades y medios de prensa salvadoreños estiman que las bandas tenían ganancias anuales superiores a los 740 millones de dólares obtenidos mediante la extorsión, los asesinatos, el tráfico de drogas y otros ilícitos que pusieron al gobierno de Bukele en jaque y obligaron a acciones para detener el flagelo de la violencia armada y los homicidios.

Pese a que no faltan los críticos, hoy una mayoría de los salvadoreños aprueba las medidas del gobierno para combatir esas bandas y recuperar las calles para la sociedad, según estudios de la encuestadora Gallup. Hoy en Soyapango, uno de los bastiones de esos grupos, donde la extorsión era un fenómeno brutal,  la gente sale a las calles y disfruta de un ambiente que desde años atrás no tenían.

En días recientes, una nueva evaluación del número de pandilleros existentes creo nuevas interrogantes. Ya no son 76 mil, como dijo a Al Mayadeen  el vicepresidente del país, Félix Ulloa,  en la cual aseguró que habría estado de excepción hasta poner tras las rejas al último terrorista.

La novedad anunciada por el comisionado David Reyes Palacios, subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un informe al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que sesionó en Ginebra, Suiza, en su 75 periodo, abre interrogantes sobre hasta cuándo se extenderá la medida que muchos estiman inconstitucional.

La nueva cifra, 118 mil terroristas, como los denominan las autoridades gubernamentales, necesariamente prorrogará el estado de excepción y todo el despliegue de tecnología y logística usado por el gobierno en su combate.

El jefe policial explicó que existen pandilleros en 14 departamentos y que el 80 por ciento de los homicidios son causados por las acciones de esos individuos aunque este año ese volumen de víctimas, aseguró, se verá reducido en un 50 por ciento con relación al año anterior a causa de la ofensiva gubernamental para poner tras las rejas hasta el último miembro de las maras.

Al respecto, declaraciones de los más altos cargos del país sostienen que el estado excepcional imperante no llegará a su fin hasta que el último de estos sujetos esté en prisión, para quienes el gobierno construye una cárcel con cerca de 40 mil capacidades.

El problema de las maras también es visto desde otras ópticas. Por ejemplo ¿qué influencia tiene en término políticos? Opositores al gobierno ven con preocupación cómo los buenos resultados en seguridad se convierten en un sólido argumento para que el presidente busque su reelección en 2024.

Es una buena carta y con el reciente anuncio que amplía las cifras no es de dudar que se mantengan medidas como el estado de excepción hasta, como dicen las autoridades, llevar tras las rejas al último pandillero.

“Los que critican nuestra estrategia de seguridad, tendrán una tarea difícil ante esta nueva realidad que vive nuestro país. Seguimos en la Guerra contra las pandillas”, expresó Bukele, al destacar cada día en los que no se pierden vidas de salvadoreños a manos de los criminales.

Por décadas El Salvador fue etiquetado como el país más peligroso del mundo y ahora está en el camino de ser el más seguro en América Latina, según la propaganda oficial, que no se aleja mucho de la verdad.

Voceros gubernamentales aúpan el resultado y aseguran que destruir estas facciones enraizadas en la sociedad salvadoreña no fue un trabajo fácil; de hecho, siempre se creyó que era imposible, pero ahora la población observa esa nueva realidad: vivir con seguridad y tranquilidad sin el acoso de los terroristas.

¿Cómo afectaban las pandillas en El Salvador?

Las maras operaban cobrando la cuota periódica (extorsión) a gran parte de la población, amenazaban por medio de linchamientos y asesinatos, controlaban la organización local comunitaria y vigilaban de manera exhaustiva a la población, para aumentar las extorsiones y amenazas.

Eso, al parecer, es historia pasada. En el año 2016, por ejemplo, el país cerró con cinco mil 278 homicidios, 14,4 diarios, muchos de ellos realizados por esos grupos. Hoy, la media de homicidios es de menos de uno por jornada y desde julio hasta noviembre los días sin víctimas fatales fueron cerca de 20 por mes.

El Salvador pasó a incluirse en la lista de los países menos peligrosos del mundo luego de varias años de encabezar estadísticas contrarias en ese aspecto.

A pocas semanas de cerrar las cortinas del 2022, son muchos quienes piensan que el choque contra las pandillas es una guerra justa, afirmación atribuible al vicepresidente Ulloa en una reciente gira por España, donde restó importancia a las críticas de organizaciones internacionales sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en esa batalla.

El resultado de Soyapango.

Más de 140 pandilleros fueron arrestados en el municipio de Soyapango cuando apenas se cumplieron 72 horas del cerco militar aplicado por el gobierno, informó el presidente Nayib Bukele, en  un mensaje en Tweet, en el que afirmó que el control territorial ya es totalmente del Estado, una acción que fue replicada por varios internautas que arroparon la medida iniciada por las autoridades desde la madrugada del sábado último.

Diez mil efectivos del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) acompañado de sus ministros y jefes, y con un despliegue de tecnología militar incluyendo blindados ligeros, cercaron el municipio, el más populoso de la nación para actuar sobre 40 áreas de donde serían extraídos delincuentes pertenecientes a las maras.

Incluso, la iglesia católica dio un espaldarazo a la política gubernamental  cuando  el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, destacó que el cerco militar ejecutado como parte de la fase V del Plan Control Territorial, no sólo es un derecho sino una obligación del Estado, como parte de la persecución del crimen.

Dijo el líder de los feligreses locales que si existe el crimen es obligación del Estado darle persecución y que el gobierno lo ejecuta guardando y respetando los derechos de las personas honestas, lo que hace más legítima la operación.

El prelado destacó que las intervenciones realizadas por el gobierno en esta operación garantizan y protegen los derechos de las personas honradas, uno de los mayores cuestionamientos que enfrentan las autoridades en su accionar contra las pandillas.

Pese a las críticas e imperfecciones,  la política gubernamental tiene el apoyo de la mayoría de la población.