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Dos acontecimientos tienen especial significación para la historia contemporánea de América Latina: la VII cumbre de la CELAC realizada en Argentina el pasado 24 de enero (2023) y las declaraciones de la jefa del Comando Sur de los EE.UU., general Laura Richardson, difundidas el día 19, sobre las que han circulado algunas referencias con traducción al español.

La CELAC nació en 2010 como foro de los países latinoamericanos y caribeños, con exclusión de los EE.UU. y Canadá, para tratar de convertirse en alternativa a la desprestigiada OEA, que es un instrumento del americanismo monroísta. La CELAC nunca ha sido del agrado de los EE.UU. Pero su debilidad también proviene de no haberse constituido como un organismo independiente, con administración y recursos propios. De todos modos, la VII-CELAC recobró un camino estancado por los gobernantes derechistas, tras el primer ciclo de gobiernos progresistas: en 2017 se conformó el “Grupo de Lima” para aislar a Venezuela; en 2020 Jair Bolsonaro separó Brasil de la CELAC argumentando que "daba protagonismo a regímenes no democráticos"; y la política exterior de Donald Trump (2017-2021) subordinó a gobernantes de la derecha latinoamericana a la visión y estrategias de los EE.UU. en el continente, como ocurrió con Lenín Moreno (2017-2021) en Ecuador.

La VII-CELAC, con la presencia de los 33 países miembros -incluso un delegado del gobierno de EE.UU.- y bajo un nuevo ciclo de gobiernos que se identifican con políticas progresistas, ha renovado el camino del latinoamericanismo. La Declaración de Buenos Aires ratifica a la región como Zona de Paz resuelta en la II Cumbre (2014); el compromiso con la democracia, los derechos humanos, la cooperación internacional, el multilateralismo, la integridad territorial, la soberanía, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la promoción de la justicia y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales; resalta principios fundamentales para una economía social, la estrategia sanitaria, el abordaje al problema mundial de las drogas, la cooperación en materia ambiental, la gestión integral de riesgo de desastres; sobre ciencia, tecnología e innovación, la transformación digital, infraestructura; situación de las mujeres, jóvenes y niñas, las juventudes; los afrodescendientes, lenguas indígenas, migraciones, discapacidad; educación, cultura, cooperación entre academias diplomáticas, en materia espacial y nuclear; integridad pública, prevención y lucha contra la corrupción, intervención en foros multilaterales y coordinación con organismos regionales; diálogo con socios extraregionales. Específicamente se pronuncia contra el bloqueo a Cuba, rechaza las listas y certificaciones unilaterales, apoya el diálogo en Venezuela, reivindica las Malvinas y la posición latinoamericana de Puerto Rico. Sin embargo, no hubo un pronunciamiento sobre las atrocidades que están ocurriendo en Perú.

Ha sido de particular relevancia la reincorporación de Brasil, el liderazgo indiscutible que tomó el presidente Lula da Silva, la condena de algunos mandatarios a la represión desatada en Perú, el anuncio de Argentina y Brasil por una moneda común (propuesta igualmente planteada tiempo atrás por economistas ecuatorianos. Pero no se topó el tema de las declaraciones de la comandante Richardson. En ellas abiertamente se considera como parte de la “seguridad nacional” de los EE.UU. un conjunto de explícitos recursos naturales: el triángulo del litio en Argentina, Bolivia y Chile; reservas de petróleo, gas,  cobre, oro, recursos para alimentación, agua fresca, Amazonia; se advierte que China ha pasado a ocupar el primer lugar en el comercio de algunos países y crecen sus inversiones; se refiere a la presencia de equipos militares provenientes de Rusia en nueve países (nombra a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también lo tienen Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú) y asegura que se trabaja para reemplazarlos por equipos norteamericanos, pidiendo a los países involucrados que “donen” los equipos rusos a Ucrania. La declaración considera como “adversarios” a Rusia y sobre todo a China y es clara en señalar que busca “sacar” (box out) a ellos de la región.

La visión de la comandante Richardson desafía y contradice la Declaración de la CELAC. El presidente colombiano Gustavo Petro ha tenido que salir al paso y confirmó que EE.UU. le propuso entregar a Ucrania el equipo militar de fabricación rusa, lo que fue rechazado, pues “nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz. Quedará como chatarra en Colombia”, aclarando: “No estamos de parte de nadie. Estamos de parte de la paz. Por eso, ni una unidad del equipo militar ruso, esté en las condiciones que esté en nuestro territorio, se utilizará en ese conflicto”.

También el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha tenido claros conceptos sobre la condenable guerra en Ucrania y la independencia de América Latina frente a las potencias en conflicto. El año pasado su gobierno propuso en la ONU un camino para la paz, que enseguida fue tildado como inviable, tratando de minimizar el proyecto y hasta considerándolo “pro-ruso”.

En el marco de la CELAC, esas posiciones pudieron adquirir relevancia internacional. Si bien el presidente López Obrador no participó en la VII-CELAC (asistió el Canciller Marcelo Ebrand), envió un caluroso mensaje de respaldo a la cumbre y sus conclusiones y además opina que la integración continental no debería excluir a EE.UU. ni al Canadá. En todo caso, hay un contraste frente a la inasistencia del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, quien simplemente envió a su Canciller, mientras prefirió asistir a la reunión de los multimillonarios en el Foro Económico Mundial (WEF), donde estuvo entre los suyos y en la cual no se ofrecen perspectivas acordes a las necesidades del desarrollo de las economías y los pueblos de América Latina y el Caribe, aunque sí a sus elites empresariales.

Nuevamente se advierte la tendencia de largo plazo en el continente: la visión de Latinoamérica y el Caribe, que enfatiza en sus propios enfoques confronta a la geoestrategia neo-monroísta de los EE.UU. para el siglo XXI. Los pronunciamientos son reiterados: en mayo 2022, Antony J. Blinken, Secretario de Estado de los EE.UU., dio un contundente discurso sobre “El enfoque de la administración hacia la República Popular China”; la misma Comandante Richardson compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado (marzo, 2022), donde advirtió que China es la “amenaza principal” y Rusia una amenaza “secundaria”; que China se está “expandiendo”, mientras Rusia “intensifica la inestabilidad” a través de sus vínculos con Venezuela, Cuba y Nicaragua; y que se llevará adelante una “disuasión integrada” para contrarrestar estas influencias “negativas”, que desafían la influencia de los EE.UU. Y en la “Conferencia Sudamericana de Defensa” realizada en Ecuador (Southdec, septiembre 2022), con la presencia de altos mandos militares de América, aunque el tema general fue la seguridad, el asunto central trató los “desafíos transversales” a la democracia y las libertades del continente, así como la “amenaza” que representan China y Rusia. Se trata de la convocatoria a un nuevo monroísmo, que no descarta la politización de las fuerzas armadas. La región ya tiene suficiente experiencia histórica con la irracional época de la Guerra Fría, que implantó dictaduras militares como las del Cono Sur, que se colocaron por encima de las Constituciones, la democracia, los gobiernos civiles y los derechos humanos, para combatir al “comunismo” cometiendo crímenes de lesa humanidad. De modo que los principios de la CELAC, con las limitaciones y hasta contradicciones que todavía siguen presentes, están llamados a orientar la integración latinoamericana para una nueva era, sobre la base de paz, derechos, economías sociales y democracias reales, en un mundo multipolar.