La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/ES-10/L.31/Rev.1, de 13 de septiembre de 2024, condenó la continua ocupación de los territorios palestinos por el régimen israelí.

La resolución, aprobada con un apoyo abrumador, afirma la ilegalidad de la ocupación según el derecho internacional y pide la retirada inmediata de todas las fuerzas militares de "Israel". La Asamblea General también instó a todos los Estados a que cesaran las transferencias de armas a "Israel" y se abstuvieran de entablar tratos económicos o comerciales con el régimen de ocupación.

En su opinión consultiva de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) condenó la construcción de un muro por parte de "Israel" en territorio palestino ocupado y la consideró una violación del derecho internacional. Veinte años después, el 19 de julio de 2024, la CIJ reafirmó su fallo anterior, declarando que la ocupación continuada del territorio palestino por parte de "Israel" era ilegal y violaba el derecho internacional. La Corte hizo hincapié en la obligación del mundo de poner fin a esta ocupación ilegal.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia han condenado reiteradamente el uso de la fuerza para adquirir territorio. La prohibición de adquirir territorio mediante el uso de la fuerza es un principio fundamental del derecho internacional, considerado una norma imperativa que no puede ser derogada. En consecuencia, ocupar o apoderarse de territorio mediante la fuerza es ilegal en el sistema internacional.

La ocupación por la fuerza de territorios palestinos por parte de "Israel" no otorga soberanía a la potencia ocupante. Viola el derecho de los palestinos a la libre determinación, un principio fundamental del derecho internacional. Los Estados no deben reconocer ni mantener esta situación ilegal y deben adoptar medidas para poner fin a la ocupación.

Irán tiene el derecho inherente a la legítima defensa en virtud del derecho internacional, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ante los repetidos ataques israelíes y la inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se ha visto obligado a ejercer su derecho. La respuesta militar del 1 de octubre de 2024 demuestra su compromiso con el derecho internacional y su determinación de proteger su soberanía. Cualquier intento de impedir el derecho de su legítima defensa sería una violación del derecho internacional y tendría graves consecuencias.

En vista de los numerosos crímenes de guerra cometidos por soldados israelíes, la comunidad internacional debería ejercer presión sobre el régimen israelí para que ponga fin a la guerra. Esto se puede lograr cortando la ayuda militar y financiera a "Israel" y exigiendo un alto el fuego.

Para determinar el derecho a la libre determinación de los habitantes originarios de esta tierra, se debería realizar un referéndum conforme al derecho internacional.

Los países que apoyan al régimen deben ser conscientes de que las generaciones futuras juzgarán sus acciones a la luz de estos hechos documentados. Deben elegir el lado correcto de la historia y defender a los pueblos de Gaza y Líbano.