Según anunciaron este sábado el Sistema de Emergencias Médicas catalán y el Ministerio del Interior de España, los altercados en Barcelona y otras urbes de la región nororiental se saldaron con casi dos centenares de lesionados y más de 80 personas detenidas.

En la noche del viernes se registraron fuertes disturbios entre las fuerzas de seguridad y alborotadores, que por quinta jornada consecutiva salieron a las calles para mostrar su indignación por la decisión del Tribunal Supremo de imputar por sedición a dirigentes separatistas.

Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberación, los jueces de la máxima instancia judicial del país europeo decretaron el pasado lunes penas de prisión de entre nueve y 13 años para nueve de los 12 implicados en la fracasada tentativa de secesión de hace dos años.

La peor sanción recayó en el exvicepresidente de la Generalitat (autogobierno catalán) Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición y malversación de fondos públicos.

El Supremo consideró que el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, prohibido de antemano por la justicia, y la ulterior declaración unilateral de independencia supusieron una sublevación para impedir la aplicación de las decisiones judiciales y la ley.

Sólo en Barcelona, capital de la rica comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes, 152 personas resultaron heridas, entre ellas varios agentes del orden, mientras el resto de lesionados se reportaron en Gerona, Tarragona y Lérida, las otras tres provincias catalanas.

La multitudinaria protesta pacífica protagonizada la víspera en la llamada ciudad condal por el movimiento independentista de Cataluña se vio empañada por nuevos episodios de violencia.

Más de medio millón de personas -según la Guardia Urbana barcelonesa- colapsaron el viernes la turística urbe como colofón de una semana de masivas movilizaciones en rechazo a la prisión de nueve políticos y activistas sociales.

La crisis en Cataluña tiene lugar a pocas semanas de las elecciones generales del 10 de noviembre en España, y puso bajo presión al presidente del Gobierno saliente, el socialdemócrata Pedro Sánchez, a quien la oposición de derecha reclama medidas drásticas contra el independentismo.