La ONU pide respeto a la Constitución en El Salvador

Organizaciones civiles locales, internacionales, gobiernos y diplomáticos extranjeros han manifestado su preocupación por la crisis en el país centroamericano.

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    La ONU pide respeto a la Constitución en El Salvador

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, urgió al Gobierno de El Salvador respetar la Constitución de la República, después que la Asamblea Legislativa, en control del Ejecutivo, aprobara un decreto para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

Mediante un comunicado de su portavoz, Stéphan Dujarric, Guterres indicó ayer lunes que sigue de cerca la situación en El Salvador. Esto, después de que la bancada oficialista de Nuevas Ideas, junto a sus aliados GANA, PCN y PDC, iniciaran un proceso para remover a los magistrados del máximo Tribunal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y los sustituyeran ese mismo día con abogados afines.

“La ONU pide respeto a la Constitución de El Salvador”, indica el comunicado.

“Estamos siguiendo de cerca la situación de El Salvador. El secretario general de la ONU toma nota de las preocupaciones expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución de miembros de la Sala de lo Constitucional”. Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

Más de 30 organizaciones de la sociedad civil locales, organismos internacionales y numerosos gobiernos y diplomáticos extranjeros han expresado su preocupación por la crisis institucional que atraviesa el país, llegando incluso a tildarlo como un “golpe de Estado”.

La oposición, reducida a penas a 20 curules de 84, también criticó estas decisiones y manifestó que los nuevos funcionarios elegidos por la Bancada Cyan son “ilegítimos”.

Entre tanto los altos funcionarios del Gobierno de El Salvador y el mismo presidente de la República han rechazado y desestimado públicamente las voces críticas a nivel internacional. El mismo Bukele dijo a la comunidad internacional que no se entrometa en las decisiones de su gobierno.

Además, sugirió que podrían continuar las destituciones. “El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del parlamento.

El domingo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la “profunda preocupación” de su gobierno “por la democracia de El Salvador”, tras la destitución de magistrados.

“Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”, escribió Harris en Twitter.

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció oficialmente sobre la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional y pidió al Estado salvadoreño que “preserve la institucionalidad democrática, respetando la separación e independencia de los poderes públicos”.

La organización dijo que el proceso que siguió la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador para remover a los jueces no fue el idóneo y que violenta el artículo tres de la Carta Democrática Interamericana. “En ese sentido, la Comisión considera que esta situación reviste de la mayor gravedad porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema es la propia institución democrática que debe garantizar el Estado de Derecho”, sostiene en su comunicado, y agrega que “el principio de la inamovilidad de jueces en sus cargos es fundamental para la independencia judicial.”

También dijo que “la CIDH dará un particular seguimiento y atención a las medidas que se adopten para preservar la institucionalidad democrática en ese país, y la situación de los derechos humanos de todas las personas que habitan en su territorio”.

Concentrados en el Monumento a la Constitución, cientos de salvadoreños manifestaron el rechazo por las decisiones a puerta cerrada, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, Raúl Melara, de manera irregular, durante la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, con los votos de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN.

“Nayib, facista, vos sos el terrorista” corearon los ciudadanos que, sin titubeos, calificaron de “golpistas” tanto al presidente de la república Nayib Bukele como a la diputada Suecy Callejas, quien fue la que ingresó la pieza de correspondencia para la destitución de los magistrados. La decisión, desde la lectura de los manifestantes y de gran parte de la comunidad internacional es un golpe de Estado y a la democracia.

“Se debe decidir respetando el diálogo. No se puede hacer país de manera unilateral. Ningún Gobierno, ningún funcionario público, puede, de manera arbitraria, tomar decisiones sin dialogar con todos los sectores del país. Tienen que dialogar con la ciudadanía, tienen que dialogar con las comunidades”, expresó el representante de una de las organizaciones que participaron de la protesta durante la tarde de ayer.

“El país se construye cuando la función pública es compartida con las comunidades. Decisiones como las que se tomaron a puerta cerrada en las que se concentra el poder, lo que hace, como ya nos ha demostrado la experiencia, es que termina creando élites de poder”, agregó la fuente.

La concentración fue protagonizada, en su mayoría, por la juventud organizada. Sin embargo, se sumaron representantes de instituciones como Pro Búsqueda, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y miembros de la oposición, en su calidad de ciudadanos.

Los jueces se pronunciaron este día sobre la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombrar sin el debido proceso a los sustitutos. Eso es algo que irrespeta el orden constitucional e institucional, aseguran los funcionarios en un comunicado hecho público.

“Rechazamos las referidas actuaciones del Órgano Legislativo por ser inconstitucionales. Al respecto consideramos que se ha irrespetado el orden constitucional e institucional, comprometiendo gravemente el Estado de Derecho, la separación de poderes, la seguridad jurídica y el debido proceso al cambiar los jueces constitucionales…”, afirman los jueces.

Para ellos, el cambio de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, “en represalia por los fallos que en otro momento controlaron las actuaciones del Órgano Ejecutivo, y nombrando jueces por medio de un procedimiento ajeno a las reglas de selección e idoneidad que establece el art. 186 de la Constitución, se ha infligido un golpe al sistema de separación de poderes, que traerá graves consecuencias para nuestro país”.

Los funcionarios judiciales también consideran que los magistrados destituidos renunciaron por “las amenazas de captura y procesamiento dados a conocer en las redes sociales afines al Órgano Ejecutivo, así como la presencia de patrullas policiales fuera de sus casas”, dicen en su escrito en referencia a hechos como el que patrullas policiales aparcaran afuera de la casa de Óscar Armando Pineda Navas, anoche.

Los magistrados, ante la decisión del Poder Legislativo, resolvieron inconstitucional el decreto de destitución de la Sala de lo Constitucional. Pero luego sorprendieron presentando sus cartas de renuncia los magistrados Aldo Cáder Camilot, Marina Marenco de Torrento y Carlos Sánchez.

Los jueces llamaron al presiente Nayib Bukele como a los diputados a dejar el revanchismo y actuar con prudencia, sensatez y sentido común.

También en su pronunciamiento han llamado a los abogados de la República a hacer valer el estado de Derecho y también instan a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos a que “tomen todas las acciones necesarias que permite el Derecho Internacional para revertir esta situación”.