Finalmente el decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Principe  Bernard Saint-Vil, anunció que el juez de instrucción Mathieu Chanlatte investigará el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.

Hasta la semana última varios magistrados habían declinado el caso y manifestaron temores por su seguridad, luego de que dos jueces de instrucción y empleados judiciales tuvieran que buscar refugio tras recibir amenazas de muerte por su relación con el archivo.

Los jueces Carl Henri Destin y Clément Noël denunciaron que recibieron llamadas intimidantes, exigiendo cambios en los informes, mientras que la Asociación de Secretarios Judiciales reclamó al Ministerio de Justicia reforzar la seguridad personal de quienes investigaban el archivo.

Moïse murió baleado en su residencia de Pelerin 5 en la madrugada del 7 de julio, sin que aparentemente interviniera la guardia presidencial.

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Al menos cuatro policías, entre ellos, dos responsables de seguridad, se encuentran detenidos en la Penitenciaría Nacional, junto a 18 colombianos sospechosos de integrar el comando armado que ultimó al exmandatario.

La Policía emitió seis órdenes de arresto contra empresarios, el exsenador John Joël Joseph, y la antigua jueza del Tribunal de Casación, Wendelle Coq, luego que algunos detenidos declararon sostener reuniones en dos ocasiones con la magistrada.

Por su parte, la Fiscalía emitió edictos para apresar al líder del partido gobernante, Tét Kalé, Line Balthazar, el ex primer ministro, Paul Dennis y dos reconocidos pastores.

Pero aún para algunas voces como el presidente de la Oficina de Protección del Ciudadano, Renan Hedouville, y el propio primer ministro Ariel Henry, las autoridades aún no identificaron a los autores intelectuales del magnicidio.

Durante los funerales nacionales, la viuda Martine Moïse acusó a los 'oligarcas corruptos' y puso en duda que los verdaderos culpables sean llevados ante la justicia.

Por su parte, el Gobierno solicitó asistencia de Naciones Unidas para que colaboren con la investigación y para la creación de un tribunal internacional que juzgue a los presuntos culpables.