Militares infiltraron a estudiantes de Ayotzinapa
El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) destaca que autoridades castrenses y policiales tenían conocimiento de que se planeaba la toma de autobuses el 26 de septiembre de 2014.
La noche de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, la inteligencia tenía información al momento de lo que estaba sucediendo, la cual oficialmente se complementaba con la del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de las corporaciones policiacas federal y estatal que reportaban en tiempo real, señala el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El Ejército mexicano había diseñó una estrategia de “contrainsurgencia” para infiltrar la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con el fin de efectuar tareas de espionaje de sus actividades y conocer a detalle sus movimientos.
Al difundir los nuevos hallazgos a partir de la reanudación de sus actividades en México -en 2019- que le permitieron mayor acceso a los archivos militares, el GIEI destacó que autoridades castrenses y policiales tenían conocimiento de que se planeaba la toma de autobuses el 26 de septiembre de 2014; conocieron y se notificó el viaje a Iguala, por lo cual los normalistas fueron monitoreados durante el trayecto.
“Todos sabían, porque se reportaba directamente desde el lugar de los hechos que un grupo de jóvenes había sido detenido de forma violenta en medio de disparos y agresiones físicas en el Palacio de Justicia”.
El GIEI subraya: “Dado que se contaba con dos operaciones de inteligencia en marcha, una que monitoreaba los movimientos del crimen organizado y otra las actividades de los estudiantes antes y durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre, resulta llamativo que estos movimientos cesaran justo en el momento de la desaparición”, a pesar de que se contaba con seguimiento de comunicaciones, lo que hubiera permitido dar con su paradero.
La inteligencia militar se realizaba desde el batallón 27 con sede en Iguala. El documento refiere que las cámaras del C-4 eran operadas directamente por miembros de ese batallón, al tiempo que recibían denuncias e informaciones ciudadanas, indican los expertos.
En su presentación en la Secretaría de Gobernación, integrantes del GIEI enfatizaron que esta información nunca se brindó a las autoridades encargadas de la búsqueda e indagatoria; “es decir, el Ejército realizó actuaciones e investigaciones que no compartió dentro de la investigación”. Tanto el Ejército como el Cisen habían intervenido comunicaciones de personajes claves en los hechos.
El informe del GIEI reporta también que derivado de la desaparición, el Ejército inició procesos disciplinarios entre sus integrantes porque no reportaron cabalmente su actividad la noche del 26 de septiembre. Estas sanciones no fueron recogidas en las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República.
Como parte de sus conclusiones en cuanto al desempeño del Ejército, el grupo de expertos alerta que hay todavía información muy importante en poder de militares y fuerzas de seguridad sobre la noche de la desaparición que “ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada, así como en las declaraciones de los funcionarios militares; entre ellas: información sobre los hechos del Palacio de Justicia en Iguala de una patrulla militar; omisión del reporte de la caseta tres de la carretera, donde se tenían desplegados militares, y la entrada en barandillas de normalistas esa noche”.