La reciente decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva resultó víctima de la parcialidad del exjuez Sérgio Moro fue celebrada por el Grupo de Puebla.

Citada en la página oficial del Partido de los Trabajadores (PT), una nota de la alianza integrada por líderes progresistas de América Latina y Europa asegura que quedó demostrado que la desarticulada operación judicial Lava Jato violó en Brasil "los derechos políticos, la garantía de un juicio justo y la privacidad" de Lula.

Tal determinación, indica, es "una advertencia clave para la escalada de la guerra de leyes y el uso de la justicia para perseguir a los líderes políticos progresistas en América Latina".

En la sentencia, el comité de la ONU concluyó que la conducta y los actos públicos de Moro y de los fiscales de la Lava Jato violaron, además, el derecho del exgobernante a la presunción de inocencia, refiere el texto.

También, prosigue, consideró que las "violaciones de procedimiento" de la Lava Jato hicieron "arbitraria la prohibición de que Lula se presente a la presidencia".

Así, señala la unión progresista, "el comité de la ONU entendió que había una violación de los derechos políticos del expresidente, incluido el derecho a presentarse a las elecciones".

Para el Grupo de Puebla, a pesar de hacer justicia histórica, el fallo del organismo internacional no puede reparar el daño personal y familiar del exmandatario, quien fue encarcelado injustamente durante 580 días.

Asimismo, "deja una mancha en las elecciones presidenciales brasileñas de 2018, cuando Lula, que lideraba todas las encuestas y todos los escenarios, fue apartado de la carrera por una condena judicial llena de vicios e ilegalidades, como acaba de reconocer la ONU y como ya había hecho el Tribunal Supremo brasileño".

Firmado por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Dilma Rousseff (Brasil), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), y Fernando Lugo (Paraguay), entre otros líderes políticos, el mensaje precisa que la alianza reafirma su compromiso con el Estado de derecho democrático.

Reitera que la presunción de inocencia, el pleno derecho de defensa, a un proceso contradictorio y a un juicio justo e imparcial son pilares innegociables de la democracia.

En uno de los últimos documentos entregados a la ONU, el Gobierno salió en defensa de Moro, en ese momento ministro de Justicia del mandatario de tendencia ultraderechista, Jair Bolsonaro.

La defensa del exlíder sindical argumentó que, al aceptar el cargo, Moro tendría una "posición política" y "utilizó su papel de juez de forma sesgada para ayudar a los grupos opuestos al expresidente".
Desde el inicio de las investigaciones, Lula reafirmó su inocencia y denunció que fue "víctima de la mayor mentira jurídica" de la historia de Brasil.