El Fiscal de la Nación en Perú, Juan Carlos Villena, acusó a la presidenta en funciones, Dina Boluarte, por el presunto delito de cohecho pasivo, en agravio del Estado.

La nueva denuncia es una complicación para su ya enredada situación legal, e involucró al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, de quien la mandataria dijo recibir “en préstamo” tres relojes Rolex y dos joyas de alto valor.

De acuerdo con la legislación peruana, quien ejerza la presidencia no puede aceptar regalos, ni siquiera como préstamos, y por tanto esa conducta se interpreta como recepción de un soborno.

Esta denuncia del fiscal de la Nación, fue presentada ante el Congreso de la República como pruebas de cohecho a cambio de aprobar mayor financiamiento para la gobernación de Ayacucho.

La nueva acción fiscal pretende promover un antejuicio político, como es potestad del Parlamento, para profundizar la investigación a Boluarte, que culminó este lunes la fase preliminar.

El obstáculo mayor a esta maniobra puede venir de las bancadas mayoritarias en el órgano legislativo, cuyos integrantes demostraron ser reacios a propuestas anteriores de destitución o vacancia.

De igual modo, el Congreso podría inhabilitar a la jefa de Estado de facto para ejercer cargos públicos, y eso equivaldría a bajarla de la presidencia de manera más rápida; o podría archivar el expediente por razones políticas, admitió el abogado constitucionalista Luis Lama.

Otros juristas valoraron las complicaciones del caso, en tanto la mandataria dijo antes que las joyas eran producto de su trabajo y ahora se aferra al supuesto préstamo, lo cual la deja como mentirosa ante los ojos de la nación.