La región de América Latina viene sufriendo en los últimos años una profundización de la confrontación política y económica entre los sectores que apuestan por una mayor soberanía e integración y aquellos que defienden la absorción por Estados Unidos.

Superadas las viejas estrategias de golpes de estado manu militari, las nuevasformas estadounidenses para retomar el control y dominio de la zona comenzaron a ensayarse con relativo éxito en los escenarios parlamentario y judicial, complementados con las actualizadas operaciones mediático-diplomáticas ysubversivas de siempre, allí donde fuera indispensable.

Los nuevos planes dieron al traste con importantes procesos que, respetando las reglas de la democracia liberal-burguesa, dieron pasos notables en materia de justicia social, redistribución de la riqueza y rescate dela soberanía sobre sus recursos, lo que propició un notable avance en la integración regional.

Sin embargo, un detalle que tal vez ha pasado desapercibido, pero que comienza a manifestarse con total claridad y momentánea impunidad es la escalonada desestructuración del estado de derecho en muchos países de la zona y por ende en la región.

El ascenso de las fuerzas de derecha en varios países latinoamericanos ha generado un escenario de total desapego a la normatividad y a la jurisprudencia al interior de esos países, con expresión en sus relaciones internacionales. Las violaciones a la democracia liberal y su sistema de valores han impactado, sin dudas, en las formas de relacionamiento intrarregional.

No debe sorprender que al interior de las “democracias” que señalan hoy a Venezuela se sucedan escandalosos hechos de corrupción, procesos penales viciados, persecución jurídica contra los rivales políticos y líderes sociales, asesinatos de periodistas, activistas y testigos; desaparecidos; impunidad ante el crimen organizado; “falsos positivos” jurídicos y militares; abogados, jueces y fiscales comprados; instituciones colapsadas; pactos internacionales soslayados…Todo un prontuario que grafica la solidez de esas “democracias” que atacan al gobierno legítimo de Nicolás Maduro.

El cerco económico, financiero  y mediático que sufre la patria de Chávez sería suficiente para confirmar la tesis del aniquilamiento escalonado del derecho internacional. Sin embargo,el reconocimiento de poco más de una decenas de gobiernos a la nada infantil autoproclamación de un asambleísta como “presidente encargado”, rompe todos los límites del respeto al derecho internacional, lo que representa un retroceso en el hemisferio.

Solo el desespero por derrocar a Maduro puede explicar semejante ruptura de las normas internacionales de respeto y no injerencia entre los Estados, bases de la convivencia pacífica.

Tras el fracaso permanente de todos los planes subversivos contra la Revolución Bolivariana y frustrada la intención de activar la Carta Democrática de la OEA, debido a la falta de consenso, Washington ha ido desarrollando nuevas acciones.

Esta vez se trata de la creación de un pretexto llamado Juan Guaidó, cuya autoproclamación medieval y caricaturesca pretende desencadenar una “ola” de respaldo internacional que fuerce a Nicolás Maduro al rompimiento de relaciones con aquellos países que reconozcan al personaje. De esta formabuscan un “autoaislamiento” de la Revolución.

Hoy el llamado “apoyo de la comunidad internacional” al “presidente encargado” se reduce a un pequeño grupo de países liderados por Estados Unidos, mientras que el resto de los Estados que hacen parte de la ONU y que tienen relaciones con Caracas, mantienen sus representaciones diplomáticas y el curso normal de los vínculos.

La provocación busca alimentar, además, una acción legítima de defensa de la soberanía y la independencia de Venezuela que justifique, artillería mediática mediante, la nunca descartada invasión militar contra Venezuela.

Las acciones desestabilizadoras e injerencistas contra Caracas, además de lo que significan para las relaciones internacionales, confirman que el plan de recolonización imperial está en marcha y apuesta al caos.