El 17 de mayo de 2023, el Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, emitió el Decreto No. 741 en virtud del cual disuelve la Asamblea Nacional y convoca a nuevas elecciones generales en un plazo establecido por la ley de noventa días y, en el caso de ser necesario el balotaje, en noventa días adicionales. Esta atribución que consta en el Artículo 148 de la Constitución se denomina “muerte cruzada”. El mismo artículo constitucional le faculta al Presidente emitir Decretos-Ley en materia económica que deberán ser revisados para control constitucional por la Corte Constitucional.

¿Cómo se llegó a este escenario? La “muerte cruzada”, que se promulga por vez primera desde que se aprobó la Constitución de 2008, es el resultado del impasse radical entre el Ejecutivo y el Legislativo y que continúa una serie de confrontaciones que se dieron desde su primer año de gobierno.

Pandora Papers y el primer intento de destitución a Guillermo Lasso

En efecto, en noviembre del año 2021, apenas a pocos meses de posesionado el Presidente Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional, con base a la información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que publicó los denominados “Pandora Papers”, inició un proceso de fiscalización al Presidente Guillermo Lasso por cuanto existía información confirmada que poseía fideicomisos en paraísos fiscales, lo que es prohibido por la ley para ejercer cualquier cargo público.

Es de recordar que Guillermo Lasso Mendoza es el principal accionista del Grupo Económico Banco de Guayaquil y que él con su familia directa controlan más del ochenta y cinco por ciento de las acciones de las empresas de este grupo económico, entre ellas el Banco de Guayaquil (el segundo banco privado más importante del país) y varias off shore.
La propiedad de varios trust o fideicomisos a nombre suyo y de su familia fue, esta vez, ampliamente documentada y la conclusión era evidente: el Presidente Lasso debía ser destituido por incumplir la ley que prohíbe a los funcionarios públicos de elección popular tener fideicomisos en paraísos fiscales; a pesar de ello, la Asamblea Nacional, en esa oportunidad, no pudo conseguir los votos suficientes para destituirlo y pudo salvarse gracias al apoyo político irrestricto recibido, entre otros movimientos políticos, por parte del partido de derechas y con base en la ciudad de Guayaquil, el Partido Social Cristiano.

La radicalización del ajuste neoliberal, las movilizaciones sociales y los diálogos con el movimiento indígenas

En el año 2022, Guillermo Lasso Mendoza puso el pie en el acelerador de las reformas neoliberales a la economía acordadas con el FMI desde el año 2019. Esas reformas implicaban la reducción radical del Estado a un extremo de poner el contador a cero en inversión pública, además de reformas al sector energético para debilitar la empresa pública y crear un mercado energético con actores privados. Aunque su primer intento de reformas laborales que incluían la privatización de la seguridad social, fue negado por la Asamblea en el último trimestre del año 2021, pudo, finalmente, conseguir apoyos en la Asamblea Nacional para sancionar leyes claves que el FMI exigía que se aprueben, entre los apoyos parlamentarios que el régimen tuvo consta aquel del movimiento del ex presidente Rafael Correa, para aprobar una reforma fiscal que golpeaba duramente a las clases medias.

Empero, la gota que derramó el vaso del descontento social fueron sus varios decretos ejecutivos que liberaban el precio de los combustibles. Fue esto lo que llevó a las organizaciones indígenas del país encabezadas por la CONAIE, a una movilización nacional el mes de junio del año 2022 que se extendió por 18 días y que logró arrancar del gobierno un Decreto Ejecutivo de congelamiento del precio de los combustibles y le obligó a discutir y negociar un amplio abanico de políticas públicas directamente con las organizaciones indígenas en el proceso de Diálogo por la Paz producto de la suscripción de un Acta por la Paz suscrita a fines de junio de 2022 y que tuvo a la Iglesia Católica como mediador.

Esos procesos de diálogo, finalmente, no llevaron a ninguna parte que no sea el congelamiento de la capacidad de movilización social de las organizaciones indígenas. Durante todo el segundo semestre del año 2022, las organizaciones indígenas se concentraron en los diálogos con el gobierno y suspendieron todo tipo de presión social. En ese enclaustramiento, las organizaciones indígenas ni siquiera comunicaron al país sobre los avances reales de ese proceso de diálogo con el gobierno salvo esporádicas declaraciones. A través de esta maniobra política, el gobierno pudo desarmar la capacidad de movilización de las organizaciones indígenas y encerrarlas en los laberintos burocráticos y administrativos de las políticas públicas.

Gracias a esta trampa que inmovilizó a las organizaciones indígenas, el gobierno de Lasso pudo tener el respiro suficiente para articular y poner en marcha una consulta popular con el objetivo de abrir un espacio político en medio de la oposición parlamentaria y la movilización social. Mientras las organizaciones indígenas se perdían tratando de descifrar los arcanos burocráticos de las políticas públicas en medio del desierto del diálogo político con el régimen, el gobierno propuso una consulta popular con preguntas tan amañadas que el régimen pensó que era imposible perder. A través de esta maniobra se quería recuperar la gobernabilidad perdida.

La consulta popular: una derrota estratégica al gobierno de Lasso

El gobierno sabía del sentimiento antipolítico de la población y, con esta información, el gobierno de Lasso planteó ocho preguntas que tenían como objetivo reducir el margen de maniobra de la Asamblea Nacional, intervenir de forma directa sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una instancia clave para el nombramiento de Contralor, Defensor público, Fiscalía y entidades de control, reducir el número de asambleístas, crear un mercado de servicios ambientales para productos financieros derivados en los mercados financieros de carbono (una nueva línea de negocio para su propio banco, el Banco de Guayaquil), entre otros temas.

Hasta el día de la consulta popular y referéndum las encuestas daban al gobierno como ganador y, además, con amplio margen. Era un escenario en el cual el gobierno había recuperado la iniciativa política mientras había enclaustrado a las organizaciones indígenas en el diálogo para evitar que retomen la movilización. La neutralización a las organizaciones indígenas implicaba separarlas como sujetos dirimentes en la convocatoria a la consulta popular. Gracias al diálogo se había limpiado el escenario para posicionar la consulta popular.

Las dirigencias indígenas, quizá porque querían expresar a la sociedad su apego a la democracia, al diálogo y a la institucionalidad, ante una feroz campaña de satanización en su contra por parte de los grandes medios de comunicación, cedieron espacios y se sumergieron en el simulacro del diálogo y, de esta manera, se sacrificaron políticamente. Fue precisamente por ello que el gobierno pudo situar la consulta popular con temas que nada tenían que ver con aquello que se discutía y debatía en las mesas de diálogo con las organizaciones indígenas, pero que le permitían al gobierno ganar espacios políticos claves para posicionar sus reformas neoliberales y sus dinámicas de lumpen-acumulación.

Así, la consulta popular le permitía al gobierno recuperar la iniciativa política que había sido lesionada por las movilizaciones sociales y, si ganaba en la consulta popular, podía derrotar, en una misma jugada, tanto al movimiento indígena cuanto a la oposición parlamentaria.

Sin embargo, cuando se realizó la consulta popular a inicios del año 2023 y, contra todo pronóstico, el gobierno perdió en todas y cada una de las ocho preguntas planteadas y con un margen importante. En realidad, la consulta se había convertido, en poco tiempo, en un referéndum sobre el propio gobierno y su legitimidad. Los electores, de forma hábil, habían evitado responder sobre el contenido específico de las preguntas, para pronunciarse más bien sobre la pertinencia y viabilidad del propio gobierno.

¿Qué condujo a los electores a tomar esa decisión? ¿Quién o quiénes lideraron ese masivo rechazo? La derrota al gobierno en la consulta popular fue un proceso que no estuvo liderado por ningún partido ni movimiento social, sino que nació de la confluencia de varias voluntades que emergieron desde la misma ciudadanía y que estaban cansadas del ambiente de anomia y de Estado fallido que había provocado el modelo económico neoliberal de Guillermo Lasso y la corrupción imperante. De alguna manera, se había replicado una situación que ya se produjo en los gobiernos de León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén, en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado, respectivamente.

¿Quién derrotó a Lasso en la consulta popular?: Fuenteovejuna

A pesar de tener los números de las encuestas a su favor, el gobierno de Lasso perdió por amplio margen la consulta popular. ¿Quién derrotó a Lasso? No hay nadie quien pueda reivindicar esa victoria. En realidad, fue un proceso espontáneo que no admitía que sea reivindicado por nadie en particular. Sus legítimos dueños son los miles de ciudadanos que decidieron explicar a través de redes sociales las verdaderas intenciones del régimen con esta consulta. Son los líderes sociales y populares que recorrieron el país explicando a la población el entramado real de esta consulta. El legítimo dueño de esta victoria es, sin duda alguna, Fuenteovejuna. El pueblo.

Sin embargo, la consulta popular está relacionada con otro proceso: la renovación de los gobiernos autónomos descentralizados que, en esta ocasión, fueron ampliamente ganados por el movimiento político del ex-Presidente Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. Por consiguiente, esa nueva configuración de la política territorial se convirtió en un hecho político más relevante que los resultados de la consulta popular.

Es también probable que la tensión social y política haya sido tan fuerte que no admitía liderazgos para derrotar al régimen en la consulta popular. El movimiento indígena, que pudo convertirse en el eje de articulación al rechazo a Lasso, se había entrampado en el proceso de diálogo y había perdido fuerza como para liderar el voto negativo al gobierno en la consulta popular, y los partidos políticos estaban demasiado ocupados en ganar Prefecturas, Alcaldías y Juntas Parroquiales. De esta forma, la consulta popular de inicios del año 2023, aunque permitió derrotar políticamente a Lasso, paradójicamente, es una victoria que no tiene dueños específicos.

Nadie pudo emerger como líder de ese proceso político porque, de una parte, el sistema político estaba entrampado en el juego de la oposición a Lasso mientras que, de otra parte, las organizaciones indígenas estaban entrampadas en el simulacro del diálogo. Esa victoria, por tanto, le pertenece a la ciudadanía y a las múltiples voluntades que desde sus propios espacios abrieron las fisuras a las capacidades hegemónicas del gobierno y permitieron su derrota.

De la victoria popular al olvido estratégico

Por supuesto que se trató de una derrota en toda la línea porque agotó de manera definitiva todo margen de maniobra del gobierno de Guillermo Lasso. El efecto político de esa consulta popular fue poner en cuenta regresiva al régimen porque le había producido un vacío de gobernabilidad imposible de llenar en el corto y mediano plazo. Esto significaba que el régimen de Guillermo Lasso, prácticamente, estaba ya liquidado a inicios del año 2023.

Empero, aquello que cambia de registro esta derrota política y que impide su asimilación política así como su procesamiento dentro de la sociedad son las denuncias del medio de comunicación digital La Posta que, al día siguiente de la derrota al régimen en la consulta popular, da a conocer una serie de audios e información altamente restringida de la policía nacional con respecto a la vinculación del personaje más obscuro del gobierno: Danilo Carrera, cuñado del Presidente Lasso, con el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción del gobierno, en un informe interno de esta institución denominado “León de Troya”.

Estas denuncias públicas, realizadas justamente el día después de la derrota electoral de Guillermo Lasso Mendoza en la consulta popular de inicios del año 2023, cerraron de manera abrupta cualquier posibilidad de procesar la derrota política que había sufrido el régimen y, al mismo tiempo, crearon un espacio para que la oposición legislativa pase nuevamente a la ofensiva y empiece un nuevo juicio político al Presidente Lasso, esta vez bajo la acusación de peculado (malversación de fondos públicos).

Puede apreciarse que el proceso político más importante de la coyuntura política: la derrota del régimen en la consulta popular, es soslayado tanto por la oposición parlamentaria cuanto por las organizaciones indígenas. Es decir, la oposición política pasa al juicio político de forma inmediata y utiliza como aval y recurso las denuncias de un medio de comunicación (el medio digital La Posta), sin establecer relación alguna con el debilitamiento político sufrido por el régimen en su derrota en la consulta popular.

Esto crea una cesura entre las condiciones políticas de un gobierno moribundo y las posibilidades de resolver su situación de manera definitiva dentro de la institucionalidad existente y con apoyo social. Esto puede apreciarse de mejor manera cuando los argumentos que la oposición utiliza para el juicio político a Lasso no son políticos, son penales. Es cierto que los argumentos y pruebas utilizados para justificar el juicio político demuestran un comportamiento antijurídico del Presidente y su entorno, pero también es cierto que hay un contexto que no puede ser soslayado ni puesto entre paréntesis y es la expresión de la voluntad popular de negarle todo tipo de apoyo al Presidente Lasso. El juicio político tenía que recoger esa voluntad popular y tenía que articularla de forma política en el juicio político para validar la destitución al Presidente con apoyo popular y movilización social.

Si la oposición creaba los canales comunicantes con la derrota electoral que había sufrido el gobierno, la destitución al Presidente Lasso por parte de la Asamblea Nacional solamente habría sido un proceso puramente formal de una voluntad política que se había expresado en las urnas y que, además, habría acompañado este proceso de destitución con movilización social. Sin embargo, la oposición nunca lo hizo y se enredó en justificar el juicio político con causales de tipo penal.

Lasso: lumpen-burguesía, lumpen-acumulación

La deriva penal de la actuación de Guillermo Lasso como Presidente de la República quizá sea la expresión evidente de aquello que el profesor André Gunder Frank denominaba lumpen-acumulación. La burguesía financiera cuando llega al poder rompe con toda norma ética y asume una dinámica de acumulación de capital voraz y por fuera de toda norma, precisamente por eso se denomina lumpen-burguesía y lumpen-acumulación.

Pero Lasso va más allá incluso de la lumpen-acumulación. El informe realizado por la Policía Nacional y que el gobierno de Lasso escamoteó y ordenó que sea eliminado (Informe León de Troya), da cuenta que hay una relación directa entre las cúpulas del gobierno con el crimen organizado y, en particular, con la mafia albanesa. Estaríamos en presencia, por tanto y en conformidad con información oficial, ante un narco-gobierno.

Esto explicaría la guerra contra la población civil que se libra desde el año 2019 por parte del crimen organizado. Se trataría de una lucha por el control territorial y de los flujos de narcotráfico entre diferentes mafias globales (mafia albanesa, cartel de Sinaloa, Guadalajara, en fin). La violencia de este enfrentamiento que deja cotidianamente muertos y heridos en las calles del país, sería por el control de los territorios, el control de los canales de distribución de droga desde el país hacia el mundo y la expulsión o exterminio de las mafias rivales, al menos hasta que una de ellas se convierta en hegemónica, probablemente aquella relacionada con el régimen.

Si la mafia albanesa tiene vínculos directos con el gobierno a través de Danilo Carrera, el cuñado del Presidente Guillermo Lasso, y principal arquitecto de toda la carrera profesional y política de Guillermo Lasso, conforme el informe policial León de Troya y el informe de la Prensa (denominado El Gran Padrino), es de suponer que estas mafias tendrían mejores posibilidades ante las mafias rivales porque contaban con apoyo, información y contubernio del propio régimen. Podían entonces, estas mafias, descargar toda la violencia posible contra los grupos rivales hasta exterminarlos físicamente, y podían utilizar toda la crueldad como heurística de terror para atemorizar a sus competidores y también a la población, habida cuenta que el gobierno no haría nada para detenerlos.
Y es eso lo que efectivamente sucedió. Ante la impasividad de la policía nacional que tenía órdenes estrictas desde la Presidencia de suspender toda investigación sobre esta relación entre Danilo Carrera y las mafias del crimen organizado, y la política de austeridad fiscal que tenía al FMI como su más fiel cancerbero y que también alcanzó a la policía nacional y la dejó sin recursos para luchar contra estas mafias, el país se sumergió en una vorágine de violencia totalmente inédita en su historia.

A pesar de todas las incriminaciones contra Danilo Carrera y sus secuaces, y a pesar que el principal lugarteniente de Danilo Carrera, y también hombre de confianza de Guillermo Lasso, Rubén Chérrez fue asesinado para evitar que comparezca ante la justicia, las autoridades del país no han realizado ninguna acción contra Danilo Carrera y las investigaciones sobre este conveniente asesinato tampoco han generado ningún resultado.

Corrupción, poder e impunidad

Las denuncias contra el gobierno de Lasso y que sirvieron de sustento para su llamado al juicio político, no se centraron en absoluto en esa relación entre mafias del narcotráfico y el gobierno, sino que se concentraron en cuestiones de tipo administrativo para probar la corrupción del régimen en el manejo de los recursos públicos. De esta forma, el proceso de juicio político, de entrada, había excluido del debate el centro real del problema: el narco-Estado y el narco-gobierno.

El juicio político se centró en la forma corrupta por la cual Guillermo Lasso manejó los activos más importantes del país. En efecto, apenas llegó al poder, encargó a sus principales operadores políticos, entre ellos Hernán Luque Lecaro, antiguo vicepresidente de oficinas del Banco de Guayaquil y hombre de absoluta confianza del Presidente Lasso, para que manejen de forma directa a su antojo y por fuera de todo control legal e institucional, contratos y activos de las principales empresas públicas del país, entre ellas empresas de petróleo, transporte de petróleo, energía eléctrica, telecomunicaciones, entre otras y que, en conjunto, manejan activos por cerca del 17% del PIB del país. Para hacerlo, el Presidente Lasso emitió el decreto ejecutivo No. 107 del 21 de julio de 2021, para poner al mando de esta entidad a Luque Lecaro.

Este manejo directo del grupo de confianza del Presidente Lasso sobre los activos más importantes del país, derivó en una trama de corrupción que implicaba la triangulación de contratos públicos, cohecho, extorsión y coimas de millones de dólares, conforme la información de la Comisión de la Asamblea Nacional encargada de fundamentar el juicio político al Presidente Lasso.

La corrupción del gobierno y su manejo corporativo del poder fue evidente desde los inicios. En efecto, Guillermo Lasso Mendoza, el segundo banquero más importante del país, apenas llegó al poder, desarrolló una trama de lumpen-acumulación en la cual se utilizó de forma directa toda la institucionalidad pública para favorecer directamente a sus principales socios capitalistas, sin ningún tipo de escrúpulos ni moralidad alguna. Así por ejemplo, apenas se posesionó como Presidente del país, al mes siguiente, el 15 de junio de 2021, emitió el Decreto Ejecutivo No. 82, en virtud del cual eliminaba la empresa pública de seguros, Seguros Sucre, y creaba para las empresas privadas de seguros, un mercado de seguros de más de seiscientos millones de dólares.

Pero, en realidad, se trataba de una práctica recurrente de este mismo grupo financiero que se había enriquecido con la crisis financiera y monetaria de 1999, y que había acompañado a todos los gobiernos de derecha para influir sobre la política económica en beneficio propio. Guillermo Lasso Mendoza representa, pues, el epítome de la lumpen-acumulación, porque no es solamente el uso corrupto de los recursos públicos y de la política económica sino que esta vez se trata también de su relación directa con el crimen organizado y el narcotráfico a través de Danilo Carrera.

Un olvido cómplice

Si la oposición parlamentaria y el movimiento social hubiesen vinculado las denuncias contra el régimen con su derrota política en la consulta popular y con la capacidad de movilización social, habrían logrado la presión social necesaria para destituirlo. El juicio político habría sido el desenlace necesario de una movilización social y de la indignación ante la corrupción y el narco-gobierno. Porque en definitiva se trataba de frenar una guerra en contra de la población. La guerra de las mafias por el control del territorio en un contexto de Estado fallido y que producía víctimas todos los días. Pero, asombrosamente, nunca lo hicieron. Ni la oposición parlamentaria ni las organizaciones indígenas se movilizaron ni alertaron a la sociedad para movilizarla. ¿Por qué no lo hicieron? Quizá porque consideraron que, esta vez, no era necesario.

La racionalidad jurídica-penal le ganó la partida a una visión más política, más participativa y más estratégica. La oposición en el parlamento dejó de lado a la ciudadanía que se había expresado masivamente en contra del gobierno de Lasso en la consulta popular y también dejó de lado la posibilidad de acompañar el juicio político con movilización.

Pero es esta racionalidad jurídico-penal la que le permitió recomponerse políticamente al régimen cuando prácticamente estaba agonizando. En vez de afrontar una situación inminente de destitución por corrupción y por su relación con el narcotráfico, y acompañada por la movilización social y la indignación ciudadana que ya se expresó en la consulta popular, el gobierno se enfrentó a un reducido grupo de parlamentarios que propusieron un juicio político con causales penales. Este error de la oposición y también del movimiento social, le abrió al gobierno un margen de maniobra sobre el cual situar el juicio político y manipularlo a su conveniencia.

Como la deriva del juicio político era penal, entonces el gobierno podían encararlo desde lo penal y esto significaba sacrificar sus consecuencias políticas. Es decir, el gobierno de Lasso pudo posicionar la idea que ninguna de las acusaciones tenían sustento penal y que se trataba de un juicio político sin pruebas. Paradójicamente, tenía razón, de ahí la insistencia de la oposición parlamentaria de inscribirlo a fortiori dentro de las coordenadas políticas.

La oposición política al Presidente Lasso consideró que la contundencia de las denuncias realizadas así como las pruebas que las demostraban eran más que suficientes y consideraron que quienes lleven adelante este proceso podían ganar un capital político enorme para utilizarlo en su propio beneficio. De ahí que hayan excluido a muchos sectores de la oposición parlamentaria en este juicio político y no hayan establecido vínculo alguno con la sociedad y, menos aún, con la derrota estratégica que el gobierno había sufrido en la consulta popular.

Se trató de una visión triunfalista avant la lettre, que derivó en espectáculo. La oposición parlamentaria se aisló y nunca tendió puentes de diálogo con otros sectores sociales y políticos. Actuaron, quizá de forma inconsciente, como dique que protegía al gobierno de la indignación social. Evitaron que nadie más que pocos elegidos por ellos puedan actuar en este juicio político, porque pensaban cosechar en donde nunca habían sembrado.

El juicio político al Presidente Lasso, que debió convertirse en un proceso social de transparencia que le permita a la sociedad visualizar y evidenciar las perversidades de la lumpen-acumulación, se transformó en un espectáculo que tenía el show armado y sus figurantes previamente establecidos, con un libreto rimbombante para el aplauso de los presentes.

Fue una estrategia que fragmentaba a la misma oposición y le permitía al gobierno intervenir sobre ella para evitar cualquier consenso en su contra, porque obligaba a suscribir a los partidos y movimientos políticos que estaban en la oposición pero que no habían sido incluidos en el show, a que se conviertan en convidados de piedra. Muchos de ellos, en efecto, se fragmentaron, se resintieron y, finalmente, fueron cooptados por el gobierno.

El juicio político al Presidente Lasso que era la oportunidad para que la sociedad pueda vincular su agotamiento con la política económica neoliberal y que se había expresado en su rechazo a las preguntas de la consulta popular, con la necesidad de transparencia y la exigencia de reinstitucionalizar al país ante el colapso del Estado, se transformó en un show grotesco. En una discusión estéril de saber si las pruebas eran o no determinantes. Pero los problemas de fondo, aquellos que tenían que ver con la guerra de las mafias por el control de los territorios ante la impasividad de la fuerza pública, o aquellos que tenían que ver con el programa de consolidación fiscal del FMI, o la situación de anomia que fueron el resultado del Estado fallido, nunca se toparon ni siquiera de forma marginal.

Así, de forma paradójica, el juicio político le dio oxígeno a un gobierno moribundo. Permitió que sea el régimen quien recupere nuevamente la iniciativa política. El gobierno tenía en sus manos la posibilidad de hacer estallar al juicio político y a todas las maniobras de la oposición, a través de la muerte cruzada. Y es eso, efectivamente, lo que el gobierno hizo. La declaración de la muerte cruzada confirma los errores y la falta de visión de la oposición política y del movimiento social, porque le da tiempo a un gobierno que luego de las movilizaciones de junio del año 2022 y la derrota de la consulta popular de inicios del año 2023, prácticamente estaba liquidado.

El juicio político se convirtió en un juego político de la oposición parlamentaria que excluyó a la sociedad. Es por ello que cuando el Presidente Lasso decreta la muerte cruzada y disuelve la Asamblea al tiempo que convoca nuevamente a elecciones generales, esta decisión golpea de forma directa al sistema político pero no suscita por parte de la sociedad casi ninguna respuesta. Como se había convertido al juicio político en un espectáculo, para la sociedad la muerte cruzada formaba parte también de ese espectáculo.

Una oportunidad perdida

Pero la muerte cruzada impide que el país pueda debatir sus temas fundamentales y, por tanto, resolverlos. El sistema político se ha convertido en una especie de pantalla que impide a la sociedad acercarse a conocer y resolver esos problemas fundamentales. A pesar de sus declaraciones radicales, en realidad la oposición política nunca construyó puentes con la sociedad. De su parte, las organizaciones indígenas decidieron, quizá en momentos en los que su presencia era absolutamente necesaria, esta vez hacer mutis camino al foro.

La muerte cruzada se convirtió en una apuesta audaz por parte del gobierno de Lasso por evitar todo escrutinio público sobre la lumpen-acumulación y el narco-estado y cambia abruptamente el registro de todo el debate político. En adelante, la discusión se concentrará sobre las candidaturas y los partidos con más opciones a ganar las elecciones. En las alianzas electorales. En la quiniela de las elecciones. En las previsiones de las empresas de consultoría política.

Pero esa relación entre gobierno y mafias de narcotráfico que condujo al país a ser un narco-estado al mismo tiempo que un Estado fallido, no constará más en el debate político. Esa corrupción que utilizó los principales activos del Estado para convertir al Banco de Guayaquil en el banco privado con más ganancias extraordinarias en los últimos años, tampoco constará la discusión pública.

Las miles de víctimas que han caído en la guerra del narcotráfico por el control territorial no tendrán ningún memorial que las recuerde. La población que fue y es obligada cotidianamente a pagar extorsiones al crimen organizado tendrá que hacer esfuerzos cada vez mayores para seguir pagando esas “vacunas” mientras el sistema político define sus nuevas hegemonías en el juego de espejos de las elecciones.

En la coyuntura abierta por la muerte cruzada, el debate político se centrará cada vez más en candidatos y sus opciones y, luego, en el nuevo gobierno que apenas durará algo más de un año y sin mayor margen de maniobra para cambiar aquello que Lasso construyó durante su mandato; de esta manera, se diluirá en el tiempo la enorme responsabilidad de Guillermo Lasso Mendoza con el narco-estado, con la corrupción, con la lumpen-acumulación.

Curiosamente, la muerte cruzada, habida cuenta de la tensión y del momento histórico, crea un vacío altamente conveniente para Guillermo Lasso y para el Banco de Guayaquil. Cuando finalmente entregue el poder, pocos recordará que fue el responsable directo de las víctimas del crimen organizado y que su Banco se enriqueció gracias a esas alianzas con la corrupción y el narcotráfico.