El combate a la inseguridad ciudadana, como en El Salvador,  se convierte hoy en una herramienta clave en procesos electorales, según expresan valoraciones sobre el tema que destacan el Plan de Control Territorial y el régimen de excepción  aplicados por el gobierno para contener y vencer en la guerra contra las pandillas.

América Latina experimenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente en términos de descontento y desafección ciudadana hacia la democracia, según un análisis de los expertos José Antonio Sanahuja y Andrea Mila-Maldonado, publicado por la  Fundación Carolina, de España.

En El Salvador, por ejemplo, desde que el presidente Nayib Bukele asumió en 2019, y luego de ocupar la mayoría en la Asamblea Legislativa en 2021, lo cual le permitió legislar a favor de su agenda, se inició una caída sostenida de los homicidios.

Las políticas aplicadas por el gobierno le permitieron avanzar hasta niveles mínimos en la tasa de homicidios y el país pasó a encabezar a Latinoamérica al bajar el índice de asesinatos en 2015 de 106 fallecidos por cada 100 mil habitantes hasta una tasa de 2.4 en 2023.

En declaraciones a la prensa antes del cierre de las urnas el 4 de febrero el mandatario, un publicista de 42 años, y uno de los gobernantes más jóvenes de la región, manifestó la intención de su gobierno de consolidar los logros en seguridad durante un segundo mandato.

Argumentó que la proyección de la tasa homicida por cada 100 mil habitantes para 2024, hecha por organismos y periodistas independientes, es más baja que la que se proyecta para Canadá.

Con una pauta de 1.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes, El Salvador se convirtió a inicios de 2024 en la nación con la menor tasa en el hemisferio occidental y de seguir consolidando esa tendencia sería al término de año el país más seguro de todo el hemisferio occidental por encima de Canadá, el referente regional en ese tema.

Sin dudas, en El Salvador, el tema de seguridad superó previsiones y se mantuvo en el imaginario popular por encima de la economía pese que a finales del año 2023, los salvadoreños decían que su principal preocupación era la economía pero, al parecer, a la hora de votar se inclinaron por la seguridad y la vida.

En el caso de América Latina,  varios de sus países vieron aumentar los índices de violencia y homicidios, y hay mayor presencia del crimen organizado, con hechos de violencia sin precedentes.

La situación es más compleja pues en  Latinoamérica donde, sin posibilidad de dar respuesta a corto o medio plazo a los problemas estructurales de desigualdad y debilidad institucional,  los gobiernos y  partidos echan mano  a políticas “de mano dura”, con discursos y prácticas, que en ocasiones rondan la violación de derechos constitucionales  y en muchos casos,  violan los derechos humanos de algunos de sus ciudadanos.

El Salvador es un ejemplo claro donde la inseguridad ciudadana, la insatisfacción de la ciudadanía con el funcionamiento de la democracia,  término en  el apoyo a esta forma de gobierno.

En las recientes elecciones en el llamado Pulgarcito de América,  Bukele ganó la reelección con el apoyo del  84.65 ciento de los votos frente a candidatos de otros cinco institutos políticos que en conjunto apenas superaron el 15.35 por ciento de votos.

No obstante,  en este país, como otros de la región necesitan de un enfrentamiento multisectorial y multidisciplinario que  permitirá la identificación y el diseño de políticas de seguridad democráticas enmarcadas en el Estado de derecho, sin las que no es posible pensar en la renovación del contrato social en América Latina, según valoran los expertos José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina y Andrea Mila-Maldonado, investigadora en el área de Estudios y Análisis de dicha entidad.

En su  próximo mandato, el gobierno salvadoreño  espera consolidar los logros en seguridad y a la vez  luchar contra desafíos en el plano económico y social, pues  según agencias internacionales,  1,8 millones de salvadoreños todavía viven en condiciones de pobreza extrema, sin acceso a las necesidades básicas de alimentación. La tasa de pobreza extrema subió durante la pandemia y aún no se ha podido reducir.

En la región el alza de los índices de violencia y homicidios,  marcha aparejado a una mayor presencia del crimen organizado, con hechos de violencia sin precedentes, y hoy, por ejemplo,  Ecuador, se convirtió de  uno de los países relativamente seguros de la región en quizá el más letal durante 2023.

Por otra parte, en  algunos países latinoamericanos el agravamiento de la inseguridad y la presencia del crimen organizado  es muy rápido y generó  una gran alarma social. Ello alimenta el ascenso de fuerzas autoritarias  que ponen en riesgo el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia en la región.

Según el análisis de la Fundación Carolina, resulta paradójico que, mientras los datos regionales sobre homicidios muestran una  tendencia a la baja, ocho  de los 10 países con las mayores tasas de homicidio del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe, dígase Ecuador, Haití, Colombia,  Brasil, Chile  y Venezuela, por ejemplo.

Conforme a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en  inglés), aunque la intensidad y escala de la violencia homicida muestran una distribución desigual, en términos generales las tasas de homicidio se mantuvieron altas, incluso durante la pandemia COVID-19 (UNODC, 2023).

Se advierte, además, que en 2021 América Latina no solo tuvo la tasa de homicidio más alta de todas las regiones, sino también la mayor proporción de homicidios relacionados con la delincuencia organizada, precisan estadísticas de ONU.

No debe obviarse, por otro lado, que los problemas de violencia e inseguridad no se limitan a la delincuencia y el crimen organizado, y también comprende la violencia contra las mujeres, contra activistas, defensores de los derechos humanos, entre otros.

Un informe del Latinobarómetro de 2023, muy publicitado en El Salvador, reveló que solo el 28 por ciento  de los ciudadanos latinoamericanos están satisfechos con el funcionamiento de la democracia; es decir, menos de un tercio de la población.

Resulta paradójico que, precisamente, El Salvador sea el país que muestra mayor satisfacción con el funcionamiento de la misma (3,01 frente al 2,12 de media de la región en una escala de 1 a 4, de menor a mayor), y se constata que  Ecuador, país que experimenta una marcada ola de violencia sin precedentes, se sitúa entre los países en los que sus ciudadanos expresan menor satisfacción con su funcionamiento (1,70 situado, por debajo de ese 2,12 de promedio regional).

Unido a lo anterior, los datos de Latinobarómetro 2023 también muestran que solo el 48 por ciento de los latinoamericanos apoya la democracia en la región. Un 28 por ciento  se muestra indiferente respecto del régimen político que debiera regir en su país, y un 17 por ciento apoya alguna forma de gobierno autocrático.

En la inestable seguridad incide, por ejemplo, el bajo crecimiento económico, pues según datos de organizaciones como la Cepal,  la región mantendrá en 2024 una dinámica de bajo crecimiento. América del Sur 1,4 por ciento; Centroamérica y México, 2,7; y el Caribe, 2,6).   Esas matemáticas se traducen en traduce en problemas de desempleo y subempleo, de falta de acceso a servicios básicos y a oportunidades educativas, hambre y otras carencias que afectan a sectores de la población, en especial a jóvenes de sectores populares que ni estudian ni trabajan, conocidos como los NINI en El Salvador.

El ejemplo es claro en el llamado Pulgarcito de América  donde, según estadísticas, cerca del 80 por ciento de los arrestados por ser presuntos pandilleros o colaboradores son jóvenes. Por otro lado, según  la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la pobreza en las áreas rurales de El Salvador llegó casi al 50 por ciento, lo que fue  un caldo de cultivo  para las pandillas, hoy en proceso de extinción.

Lo anterior guarda estrecha relación con casos específicos —y paradójicos— como los altos niveles de aprobación de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el líder con mejores índices de popularidad en el conjunto de América Latina. Según los datos de encuestas de opinión pública de Latinobarómetro, en 2023 alcanzó un índice de aprobación en su país del 90 por ciento, y según las realizadas por CID Gallup días antes de las elecciones del 4 de febrero registró un 88 por ciento. En las elecciones del 4 de febrero de 2024 Bukele obtuvo el   84.65 ciento del voto, según datos oficializados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)

La popularidad de Bukele y su política de seguridad ya traspasan fronteras. En Chile, país que atraviesa una crisis de seguridad que se ha situado en el centro de la agenda política del país, la encuesta CADEM-Plaza pública de enero de 2024 mostraba que el 85 por ciento de las personas encuestadas conocía a Nayib Bukele, que se situaba por delante de otras muchas personalidades internacionales de mayor peso (Emmanuel Macron, Xi Jinping, Pedro Sánchez, o Andrés López Obrador),  indicó el informe de la Fundación Corolina.

Pero, en resumen, ante estos problemas para enfrentar  la violencia,  solo propuestas que aborden de forma multisectorial y multidisciplinaria una solución permitirán el diseño de políticas de seguridad democráticas enmarcadas en el Estado de derecho, que han de ser parte de la renovación del contrato social en América Latina, según la valoración de la Fundación Carolina.