Este 30 de junio se dio a conocer, mediante una hoja informativa publicada en el sitio web de la Casa Blanca, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fortalecía la política de su país hacia Cuba. Para este fin, Trump firmó un Memorandum Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM por sus siglas en inglés), donde establece un nuevo grupo de medidas y restricciones contra la castigada isla caribeña.

El documento, por un lado, apela a “rescatar y fortalecer” la política hacia Cuba del primer mandato del republicano, revocando las medidas de la administración Biden que “aliviaron la presión sobre el régimen cubano”. Por el otro, comprende una serie de medidas, muy pocas realmente novedosas, que buscan en lo esencial darle otra vuelta de tuerca al sostenido acoso de Estados Unidos sobre Cuba.

LEA TAMBIÉN: Marco Rubio controla política de EE. UU. contra Cuba, dice diplomática

Se ratifican las prohibiciones de mantener transacciones directas o indirectas con entidades controladas por los militares cubanos, particularmente el Grupo de Administración Empresarial S.A (GAESA) y sus afiliados, con la excepción de aquellas transacciones que sirvan para “avanzar los objetivos de la política de Estados Unidos o apoyen al pueblo cubano”.

En la práctica, y como viene siendo habitual, esto permitirá arremeter contra entidades financieras, hoteleras, etc, cubanas y extranjeras, que hagan negocios en o con la isla, golpeando aún más los ya disminuidos flujos de divisas internacionales. Algo que, lejos de la cínica intención declarada en el texto, no apoya ni beneficia en nada al pueblo cubano. Máxime cuando esos ingresos en divisas que se atacan son, precisamente, los que ayudan a adquirir bienes básicos como alimentos, combustibles y piezas y partes para reparar, por ejemplo, el muy deteriorado Sistema Energético Nacional del país. 

El NSPM también plantea reforzar la prohibición de cualquier intercambio turístico entre Estados Unidos y Cuba, obligando adicionalmente a aquellos que lo hagan a someterse a auditorias y un obligatorio registro de todas las transacciones relacionadas con sus viajes por, al menos, cinco años.

Esta medida abre la puerta para un mayor acoso a los ciudadanos norteamericanos que visiten Cuba, así como a los cubanos residentes o ciudadanos en ese país y que mantienen fuertes vínculos con la isla. Además, se golpea otra de las fuentes de ingreso del país, ya que, a pesar de las restricciones para viajar y la necesidad de optar para ello por un grupo reducido de categorías, los viajeros provenientes de Estados Unidos representaron en 2024 la tercera fuente emisora de turismo al país, con unos 142 mil 450 visitantes. Aquí está incluida también la comunidad cubana. 

LEA TAMBIÉN: Cuba y Estados Unidos: Dos orillas sin puente

A pesar de que numerosos voceros anticubanos y algunos idiotas con entusiasmo niegan de plano la existencia del Bloqueo, llamado embargo en el lenguaje tecnocrático de Washington, el propio memorándum reafirma su existencia y se opone a llamados en las Naciones Unidas y otros foros internacionales para ponerle fin. 

Adicionalmente el NSPM afirma apoyar al pueblo cubano a través de la expansión de servicios de internet, libre empresa, libre asociación y viajes legales. El cinismo es evidente. Mientras se persiguen las importaciones petroleras del país y se cortan sus fuentes de ingreso de divisas, se afirma trabajar por darle al pueblo un conjunto de libertades vacías o más bien, vaciadas por las propias políticas de la administración estadounidense hacia la isla. Para un pueblo que debe luchar con escasez de alimentos y electricidad, con la carencia de servicios básicos, en lugar de aliviar las medidas del Bloqueo, estas se refuerzan, acusando luego al sistema político cubano de ser cruel, ineficiente, etc. 

En sus indicaciones finales, el documento apunta al desarrollo de un sector privado independiente del gobierno y ordena la revisión de los abusos de derechos humanos cometidos por Cuba, acusaciones muchas de las cuales provienen de ONGs financiadas por Washington, como siempre ha sido público y notorio y quedó aún más explícito durante la breve crisis de financiamiento de la USAID. 

LEA TAMBIÉN: Cuba denuncia a Marco Rubio de entorpecer relaciones con EE. UU.

Estas medidas se conectan con otra serie de pasos que el gobierno norteamericano ha venido dando desde su asunción en enero de este año. Es el caso, por solo mencionar algunos, de la reinclusión de Cuba en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo, con su estela persecutoria, los chantajes a países de la región para cortar los vínculos de colaboración médica y de otro tipo con Cuba, la amplia prohibición de viajes de ciudadanos cubanos a Estados Unidos, la revocación del programa de parole humanitario y otros estatus migratorios a cientos de miles de cubanos residentes en ese país y el reciente nombramiento de la impresentable Rosa María Payá al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de violentas y burdas presiones por parte de Washington dentro de la OEA.

Todo esto está a tono con la declaración de máxima presión hacia Cuba, con la cual la actual administración ha caracterizado su programa hacia la isla. En esta dessempeña un papel clave el Secretario de Estado Marcos Rubio, quien parece ser el principal arquitecto de este cerco reforzado, mientras su jefe lidia con crisis internacionales de mayor envergadura, como la Guerra en Ucrania o la escalada de tensión en Asia Occidental producto de las torpezas israelíes. 

La evaluación, entre los que deciden sobre la política hacia Cuba en los pasillos del poder en Washington, parece ser aumentar la presión para llevar la situación interna en la isla a un estallido social, que pueda ser aprovechado con fines de cambio de gobierno. Por eso medidas como este memorándum del 30 de junio parecen querer reforzar apresuradamente el cerco, aprovechando el agravamiento de la crisis energética en la isla y la cercanía del 11 de julio, fecha con valor simbólico dentro del imaginario de la contrarrevolución.

Este reciente documento también permite avizorar al inicio de una campaña recrudecida de difamación en contra de Cuba, usando organismos internacionales para esto. Es probable que no solo el CIDH, sino también espacios y organismos dentro de Naciones Unidas sean usados con este fin. Y no es descartable que veamos un aumento significativo de la presión por parte del gobierno norteamericano a los países que han votado históricamente a favor de la resolución cubana solicitando el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.