Es lamentable que la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, no esté recibiendo la cobertura mediática necesaria.

Es sorprendente que no veamos ningún material sobre este peligroso precedente, que afecta a una experta en derechos humanos de la ONU que ha defendido a los oprimidos en todo el mundo, incluida la Palestina ocupada, y ha trabajado para documentar los crímenes de genocidio cometidos por "Israel", especialmente en la Franja de Gaza.

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Es evidente que su firme postura en defensa de los derechos humanos ha indignado a Estados Unidos, que ha decidido congelar sus activos y prohibirle la entrada al país. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró explícitamente que la decisión se debió a sus "esfuerzos ilegales y decepcionantes para presionar a la Corte Penal Internacional para que investigue y procese a funcionarios y empresas estadounidenses e israelíes".

Por lo tanto, no hay duda alguna sobre el contexto de la decisión. Albanese es verdaderamente valiente y ha buscado derrocar a empresas como Alphabet, matriz de Google, Amazon, Microsoft y otras, debido a su participación en el apoyo a la economía de ocupación israelí.

Pero ¿qué hay de las consecuencias legales y diplomáticas de esta decisión?

La decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a un experto de la ONU plantea dudas legales sobre su compatibilidad con las obligaciones de Estados Unidos como país anfitrión de la sede de la ONU en Nueva York.

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Según el Acuerdo de la Sede de 1947, Washington debe facilitar la labor de la ONU y garantizar la concesión de visados a los representantes de los Estados y a los  expertos de la ONU para asistir a las reuniones de la organización. En el caso de Albanese, las sanciones
—aunque es italiana y opera principalmente desde Ginebra— impiden su participación en eventos de la ONU (como las reuniones de la Asamblea General), al impedirle estar presente en Nueva York y entrar en Estados Unidos.

Cabe destacar dos puntos. El primero se refiere al menoscabo de la inmunidad y los privilegios de la ONU mediante estas medidas unilaterales. El segundo se relaciona con el incumplimiento por parte de Washington de sus obligaciones internacionales de albergar la sede de la ONU.

Punto uno: Socavar la inmunidad y los privilegios de la ONU

Albanese rechazó rápidamente la medida estadounidense, calificándola de "tácticas de intimidación al estilo mafioso". Esta descripción no es una exageración. Lo peor de la decisión, que algunos podrían confundir con la de un "estado canalla" o un régimen dictatorial, es que la emite Estados Unidos, que alega defender los derechos humanos. Esto socava la independencia de los mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Se supone que los relatores especiales son expertos independientes que reportan directamente a las Naciones Unidas. Por lo tanto, deben gozar de la protección necesaria, no del castigo, para poder desempeñar sus funciones sin favoritismo ni intimidación. Como afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard: "Los relatores no son nombrados para complacer a los gobiernos ni para ganar popularidad, sino para cumplir sus mandatos con total objetividad".

Incluso el momento elegido por Estados Unidos es sorprendente e ilustra las implicaciones de lo que el mundo está a punto de enfrentar. ¿Podemos imaginar levantar las sanciones al grupo terrorista del Frente al-Nusra e imponerlas a quienes documentan el terrorismo y denuncian abiertamente su actividad? En resumen, la "comunidad global de derechos humanos", si ese es el término correcto, debería reflexionar. Los países importantes o influyentes interpretarán la acción de EE. UU. como una vía para castigar e intimidar a los expertos en derechos humanos, negando así la voz de las víctimas.

Punto dos: La violación de Washington de sus compromisos internacionales... ¿Es hora de cambiar la sede de la ONU?

De hecho, la conducta de Washington envía el mensaje de que ha decidido seguir utilizando su posición como anfitrión para presionar al personal de la ONU cuando sus funciones entran en conflicto con sus intereses. En este caso, la pregunta legítima es: ¿Escucharemos los llamamientos para trasladar la sede de la ONU o sus actividades a países neutrales?

Esto es lo que debería escucharse a mayor escala. Lo que ha hecho la administración Trump ya ha tenido sus premoniciones. Lo que proponemos hoy no es nada nuevo. Ya lo había planteado el difunto presidente venezolano Hugo Chávez en 2005, en el contexto de la invasión de Irak, y el difunto presidente libio Muamar el Gadafi en 2009. En un discurso ante la Asamblea General, describió las restricciones de visado y viaje impuestas a las delegaciones de países que discrepan con Estados Unidos como "Guantánamo". Su declaración se corrobora con un breve repaso histórico.

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¿Acaso estas exigencias surgieron de la nada? Es importante recordar algunos acontecimientos históricos. En 1988, Estados Unidos se negó a conceder al difunto presidente palestino Yasser Arafat un visado para asistir a la Asamblea General, lo que obligó a la organización internacional a trasladar la sesión a Ginebra para evitar violar el principio de neutralidad territorial.

En 2019, Moscú presentó un proyecto de resolución a la Asamblea General para trasladar las reuniones de su Primera Comisión (especializada en desarme y paz internacional) de Nueva York a otra ciudad, en protesta por la prohibición impuesta por Washington a 18 diplomáticos rusos de asistir a las reuniones de la ONU.

Ese mismo año, en el marco de la Asamblea General, el expresidente iraní Hassan Rouhani insinuó el apoyo de su país a la idea de trasladar la sede de la ONU desde Nueva York. Tras la imposición por Washington de severas restricciones de visado a los funcionarios iraníes, el presidente Rouhani declaró en una conferencia de prensa que «si se somete a votación la cuestión del traslado de la sede de la ONU, Irán votará por trasladarla a un país más seguro y mejor que no tenga esta visión estrecha».

La lista de ejemplos continúa. Algunos podrían decir que el asunto es demasiado complejo política, legal y logísticamente. Lo es, pero es necesario elevar el listón. Cualquier cosa que no sea modificar o ampliar el alcance del Acuerdo de Sede de 1947 para incluir una protección más clara y sólida para los expertos no gubernamentales, o trasladar más funciones o reuniones a sedes alternativas, sería un paso simbólico hacia la descentralización de una organización amenazada tanto por Estados Unidos como por "Israel".

Durante décadas, Estados Unidos consideró el sistema internacional de derechos humanos como mera tinta sobre papel, intentando proyectar una falsa imagen de respeto por el derecho internacional y perpetuar su política de «camuflaje de valores». 

Hoy en día, impone sanciones a organismos internacionales como la  Corte Penal Internacional y a figuras de las Naciones Unidas. Todo esto nos plantea un desafío ineludible: la reestructuración de los organismos internacionales, liberándolos del legado de unipolaridad que ha destruido el sistema internacional.