Definida hoja de ruta del diálogo en Ecuador entre Gobierno e indígenas
Tanto el Gobierno como los indígenas aseguran que en las protestas hubo infiltrados con acciones que tensaron más la situación, como la quema de unidades policiales, el ataques a convoyes que llevaban combustible o que abrían el camino para abastecimiento de alimentos.
La hoja de ruta para el diálogo ampliado entre representantes del Gobierno de Ecuador y del movimiento indígena para atender las demandas que motivaron la última ola de protestas quedó definida ayer, tras una fluida reunión, que se desarrolló a puerta cerrada, con la mediación de la Iglesia Católica.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó que en la cita desarrollada en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) se definieron las 10 mesas temáticas que abordarán el pliego de peticiones planteado por los indígenas desde el inicio de las protestas, que se extendieron durante 18 días y causaron pérdidas millonarias.
Asimismo, se definió la mesa de coordinación, que se encargará de monitorear los avances en el diálogo específico, que comenzará el 13 de julio, cuando se empiecen a contar los 90 días para encontrar soluciones establecidas en el acuerdo que puso fin a las movilizaciones, cuyo saldo fue de seis personas fallecidas y unas 500 heridas entre manifestantes y las fuerzas del orden.
Según Jiménez, los diálogos arrancarán en asuntos relacionados con la focalización de los subsidios a los combustibles y la moratoria de deudas. Ya el 1 de julio pasado, un día después de que se firmase el “Acta por la Paz”, el Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso comenzó a poner en práctica lo acordado, bajó el costo de los combustibles subsidiados y derogó el decreto que promovía la actividad petrolera.
Con ello, se redujo en 15 centavos de dólar el precio congelado de las gasolinas de 85 octanos y del diésel, de manera que ahora cuestan 2,40 y 1,75 dólares, respectivamente por galón (3,78 litros).
Las protestas estallaron en contra de la carestía de la vida, con un pliego de peticiones que incluía la reducción y congelación del precio de los combustibles subsidiados, la moratoria a créditos, mejoras en el sector de la educación y en demanda de mayor y mejor acceso a la salud, entre otros asuntos.