La presencia militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe resulta un tema polémico desde hace décadas, debido a las amenazas que representa para la soberanía de los territorios. 

El debate volvió a reanimarse, en días recientes, con la firma de un memorando de entendimiento en materia de seguridad que autoriza el despliegue tropas norteamericanas en Panamá.

¿Con qué argumentos Washington refuerza ahora su ocupación en Panamá? ¿Cuáles propósitos persigue con sus efectivos y bases en la región? 

Ante una mayor injerencia de la actual administración de la Casa Blanca en América Latina y el Caribe, le proponemos en este reportaje un acercamiento a cuestiones clave en torno a las interrogantes.

Presencia militar de EE. UU. en Panamá: ¿cooperación o concesiones?

“Damos la bienvenida a la oportunidad de tener una mayor presencia militar aquí junto a los panameños para asegurar la soberanía del canal de Panamá”, anunció el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth.

En un contexto de tensiones geopolíticas, el jefe del Pentágono llegó el 7 de abril a la nación centroamericana en una visita oficial de tres días para “reforzar la cooperación en seguridad”.

Como resultado, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y el Departamento de Defensa de Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento conjunto que no estuvo exento de polémica.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, Hegseth atribuyó este inminente refuerzo de la presencia militar a la necesidad de proteger la vía interoceánica de la "influencia maligna" de China. 

También afirmó que los ejercicios conjuntos de defensa que los dos países realizan regularmente son "una oportunidad para revivir" una “base militar" donde operen "tropas estadounidenses".   

"No podemos aceptar bases militares ni sitios de defensa", reaccionó por su parte el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Alexis Abrego, en la misma conferencia de prensa tras la firma del acuerdo.

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La tensión bilateral resultó latente en un escenario caracterizado, además, por las continuas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recuperar el canal de Panamá, incluso sin descartar el uso de la fuerza para lograr ese objetivo.

De acuerdo al memorando de entendimiento, los militares estadounidenses podrán utilizar las ubicaciones autorizadas, instalaciones y áreas designadas para entrenamiento, ejercicios y otras actividades de seguridad, pero manteniendo siempre su administración panameña. 

Aunque el acuerdo otorga un amplio margen para el despliegue de un número indeterminado de efectivos en estas infraestructuras, no le permite a Estados Unidos construir bases permanentes en el territorio istmeño. El mismo tiene vigencia de tres años, prorrogables y puede ser modificado.

Pero este no fue el único documento sobre la mesa. El secretario de Defensa y el ministro para Asuntos del canal de Panamá firmaron también una declaración conjunta sobre el paso de buques de guerra de Estados Unidos por esta vía de 82 kilómetros que conecta el Atlántico y el Pacífico.

Dicho documento busca establecer un mecanismo de compensación para garantizar un costo neutral al tránsito de los buques de la Armada y sus auxiliares por una de las rutas comerciales más importantes del mundo, al tiempo que les brinda un acceso prioritario.

El ministro para Asuntos del canal insistió en que no se trata de un tránsito gratuito, sino de retribuir los “esfuerzos” estadounidenses en materia de seguridad y protección; pero ni el monto ni el mecanismo de pago están claros ahora para Estados Unidos. 

Desde que ganó las elecciones en noviembre, Trump calificó repetidamente como un "mal negocio” las tarifas que paga su país por usar la vía marítima. Sin embargo, el costo de los peajes se determina por la capacidad y carga del buque, no por su bandera, país de procedencia o destino. 

El trato exclusivo a Estados Unidos podría ser interpretado como un quiebre del principio de igualdad que establece el Tratado de Neutralidad del canal de Panamá, el cual exige que todas las naciones reciban las mismas condiciones, con excepción del "paso expedito" para los navíos norteamericanos.

“Si este beneficio no se ofrece también a otras naciones que transitan naves militares y aportan al país, entonces ya no hay equidad”, advertía el exadministrador del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano. “Aquí sí estamos limitando a un solo país, y ya dejamos de ser entonces neutrales”.

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A pesar de que las autoridades panameñas insistieron en que estos acuerdos no lesionan la soberanía nacional, el tema propició un fuerte debate interno y evidenció puntos conflictivos cuando una declaración conjunta sobre la visita de Hegseth mostró discrepancias en las versiones de inglés y español.

La versión en español incluía que “el secretario Hegseth reconoció el liderazgo y la soberanía inalienable de Panamá sobre el canal y sus áreas adyacentes”, pero esa frase clave no aparecía en la versión en inglés divulgada por Estados Unidos.

Este detalle no pasó desapercibido. El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, comunicó que su administración envió una nota a la embajada de Estados Unidos poniendo en conocimiento de ellos su malestar por haber omitido ese enunciado. 

Sectores populares, sindicales y políticos de la nación centroamericana se pronunciaron críticamente sobre los documentos suscritos, alegando una cesión de la soberanía panameña y la apertura de puertas a la presencia militar extranjera bajo supuestas actividades cooperativas en materia de seguridad.

Panamá en medio de la disputa comercial entre EE. UU. y China

Hegseth fue el segundo funcionario de la gestión Trump en visitar Panamá, luego de una parada del secretario de Estado, Marco Rubio, durante gira por Centroamérica y El Caribe en febrero pasado. 

El principal asesor del presidente en política exterior exigió a Panamá medidas concretas para reducir la presencia de China y el gobierno de José Raúl Mulino cedió a las presiones con la cancelación del memorando de entendimiento que su país firmó con Beijing en el marco de la Franja y la Ruta. 

La iniciativa económica del gigante asiático, surgida en el año 2013, contempla el financiamiento de proyectos de infraestructura global con fondos chinos para impulsar el comercio y la conectividad en Asia, Europa, África y América Latina. Hasta ahora, benefició a más de 150 países.

Estados Unidos alegó, sin embargo, que la creación de grandes infraestructuras portuarias contempladas en el acuerdo con Panamá, no solo estaría destinada a fines comerciales, sino a respaldar la ambición de Beijing de convertirse en una potencia naval.

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Washington consideró asimismo una "amenaza" a la seguridad nacional y regional que la empresa Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, opere los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), en ambas entradas del corredor marítimo.

Aun cuando Panamá rechazó categóricamente la narrativa de Estados Unidos, la nación centroamericana suspendió este acuerdo firmado con China desde noviembre de 2017 y que había sido renovado en dos ocasiones posteriores, en 2020 y 2023.

La salida de Panamá de la iniciativa de Franja y la Ruta dejó al descubierto los enormes riesgos de los países de América Latina y el Caribe para hacer valer su autodeterminación ante los objetivos expansionistas de Estados Unidos.

EE. UU. rescata Doctrina Monroe contra América Latina y el Caribe

El afán de Estados Unidos por mantener su hegemonía militar en la región, mediante el despliegue de tropas y la presencia de bases, constata su apego a la Doctrina Monroe. 

A más de 200 años de su elaboración, este documento es expresión de su política expansionista e intervencionista contra las naciones de América Latina y el Caribe. 

La frase “América para los americanos”, expuesta por el presidente James Monroe en un discurso ante el Congreso en 1823, resume la postura hacia una región que considera su “patio trasero”.

Ante el aumento de la cooperación entre los países latinoamericanos y caribeños con potencias extracontinentales, todo apunta a que el actual gobierno de la Casa Blanca seguirá esta retórica como parte de una estrategia multifacética que entrelaza intereses económicos, militares y políticos. 

Estados Unidos tiene alrededor de 750 bases militares distribuidas en más de 80 países extranjeros, según el profesor de antropología en la American University, investigador David Vine, en entrevista con Democracy Now en el año 2023. 

De acuerdo al también cofundador de la Coalición para Realinear y Cerrar las Bases Militares de Ultramar, la cifra real puede ser aún mayor pues el Pentágono no publica todos los datos.

Ante la falta de cifras oficiales, los disimiles reportes coinciden en que al menos 76 de ellas se encuentran en América Latina y el Caribe. 

Mediante su Comando Sur (SOUTHCOM) opera una mayor cantidad de este tipo de instalaciones en Puerto Rico (12), Panamá (12), Colombia (9) y Perú (8). 

La lista incluye bases militares en Honduras, Paraguay, Aruba, Argentina, Costa Rica, Curazao y El Salvador, entre otros países. Sin dejar de mencionar su primera base extraterritorial, ubicada en la bahía de Guantánamo, Cuba. 

“¿Por qué esta región importa?”, preguntaba la exjefa del SOUTHCOM, Laura Richardson, durante una conversación con el think tank Atlantic Council en el 2023. 

Su propia respuesta lo dejaba entonces claro: “Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 por ciento del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile”. 

De acuerdo a la exjefa militar, otra razón importante resulta la concentración de “las reservas de petróleo más grandes”, incluidas las de “crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana”.

“Tienes los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro”, continuó la general, destacando además la importancia del Amazonas, “los pulmones del mundo”.

Agregó: “tenemos el 31 por ciento del agua dulce del mundo en esta región”, concluyendo que a Estados Unidos le queda “mucho por hacer” y que “esta región importa”.  

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La actual administración de la Casa Blanca busca apuntalar a Estados Unidos como la potencia hegemónica por excelencia en América Latina y el Caribe. 

Su presencia militar incluye una variedad de argumentos que van desde el enfrentamiento al narcotráfico, la seguridad hemisférica hasta la protección de los derechos humanos y la democracia.

De las amenazas verbales, el gobierno de Estados Unidos pasa ahora a opciones militares creíbles dentro del propio territorio de Panamá y, luego de 26 años de la aplicación del Tratado Torrijos-Carter avanza, peligrosamente, sobre la soberanía de la nación centroamericana.

Con la amenaza de China como bandera, los nuevos acontecimientos a todas luces encienden las alarmas en torno a los peligros que acechan sobre una vía por la cual transita el cinco por ciento del comercio marítimo mundial y que Trump consideró “un regalo tonto que nunca debió hacerse”.