Unos 13,9 millones de ecuatorianos —incluidos más de 471 mil en el exterior— están convocados a participar el 16 noviembre en una consulta popular y referéndum sobre cuatro propuestas que podrían redefinir el orden constitucional y la política de seguridad del país.

Las propuestas abarcan la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, la reducción del número de legisladores de 151 a 73, la eliminación del financiamiento público a organizaciones políticas y, la más controvertida, la reforma constitucional que permitiría el retorno de bases militares extranjeras.  

Con el argumento de enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, la Pregunta A del referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa plantea modificar el artículo 5 de la Constitución vigente desde el año 2008, que impide el establecimiento de tales instalaciones en suelo ecuatoriano.

Diversos sectores sociales, académicos y políticos manifiestan preocupación por las consecuencias de esta modificación para la soberanía nacional, especialmente en zonas estratégicas como las ciudades costeras de Manta y Salinas, así como en Baltra, uno de los puntos más sensibles de islas Galápagos por su ubicación y valor ecológico.

Bases extranjeras y el giro constitucional

La presencia de fuerzas militares extranjeras no es un tema nuevo. Entre 1999 y 2009, Ecuador mantuvo un acuerdo de cooperación con Estados Unidos que permitió una base militar en Manta, ciudad portuaria de la provincia de Manabí, en la costa del Pacífico.

Aunque el convenio fue presentado como una estrategia conjunta de seguridad hemisférica, generó  controversias por su impacto en la soberanía nacional y la falta de control sobre las actividades militares extranjeras.

El cierre de la base se concretó tras la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008, impulsada por el entonces presidente Rafael Correa. En su artículo 5, el texto constitucional estableció de forma explícita que “Ecuador es un territorio de paz”.

“No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”, precisó.

La propuesta busca reemplazar la prohibición explícita y dejar únicamente la frase: “Ecuador es un territorio de paz”, lo que supone un debilitamiento normativo. La pregunta oficial del referéndum plantea:

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta?

Al eliminar la prohibición explícita, el nuevo texto permitiría la instalación de bases extranjeras mediante acuerdos bilaterales, sin necesidad de pasar por procesos legales adicionales ni someterse a mayor control público. 

Campaña polarizada y debate sobre soberanía nacional

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó a 11 movimientos políticos y cinco organizaciones sociales para realizar actos de propaganda a favor o en contra de las preguntas que estarán en la papeleta el próximo 16 de noviembre.

La fase proselitista se desarrolla entre el 1 y el 13 de noviembre, periodo en el que las organizaciones pueden difundir sus mensajes. A partir del día 14, rige el silencio electoral, durante el cual está prohibida toda propaganda política antes de votación.

En este contexto, la reforma constitucional propuesta en torno al establecimiento de bases militares extranjeras genera un amplio y polarizado debate nacional, con posiciones claramente divididas entre quienes promueven el “Sí” y quienes defienden el “No”.

Quienes respaldan el “Sí” argumentan que la cooperación internacional es clave para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal. Noboa asegura que la presencia de bases extranjeras puede generar mayor seguridad para la población.  

El vocal nacional del movimiento CREO, Juan Fernando Flores, sostiene que Ecuador no puede enfrentar solo los desafíos transnacionales.

Mientras el dirigente del Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, apoya la cooperación internacional, aunque no necesariamente mediante bases militares.

Sin embargo, quienes promueven el “No” advierten que esta reforma representa un riesgo para la soberanía nacional. La CONAIE señala que permitir bases extranjeras limitaría el control del país sobre su territorio y sus fuerzas armadas. 

El movimiento Pachakutik sostiene que estas instalaciones no combaten realmente el narcotráfico, sino que protegen intereses foráneos y podrían ser utilizadas para reprimir a la población. 

Por su parte, el dirigente de la Unión General de Trabajadores, José Villavicencio, declara que las bases no resolverán los problemas internos y que la soberanía debe ser defendida sin concesiones.

La controversia se intensificó tras una entrevista concedida por Noboa el 28 de octubre en Centro Digital, donde afirmó que la primera pregunta del referéndum “no menciona bases militares, sino bases extranjeras”.  

Esta declaración, reiterada también en Radio Centro, contradice todos los documentos oficiales. El Decreto Presidencial 147, la plataforma Voto Informado del CNE, el dictamen de la Corte Constitucional y la papeleta electoral incluyen de forma explícita la frase “bases militares extranjeras”.  

La evidencia demuestra que esta redacción estuvo presente desde la formulación inicial de la pregunta, sin modificaciones. La afirmación presidencial fue calificada como completamente falsa, generando críticas por la falta de transparencia en el discurso oficial.  

Este cruce de versiones profundiza la desconfianza entre sectores sociales y políticos, que exigen un debate honesto y riguroso sobre las implicaciones reales de la reforma, tanto en términos de soberanía como del modelo de seguridad que Ecuador busca adoptar. 

Acercamiento estratégico con EE. UU.

El gobierno de Noboa recurre, entre otros argumentos, al discurso del narcoterrorismo para justificar la instalación de bases militares extranjeras, presentándolas como una respuesta urgente ante una amenaza transnacional que desborda las capacidades locales.

Dicho enfoque guarda sintonía con la narrativa de la administración de Donald Trump, que utiliza el mismo argumento para justificar bombardeos a presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico, en el marco de operaciones antidrogas con fuerte despliegue militar.

La incorporación del término como eje discursivo permite al Ejecutivo ecuatoriano presentar esta medida como parte de una estrategia de defensa nacional, en un contexto donde Ecuador figura como el tercer país con mayor volumen de incautaciones de droga a nivel mundial.

Al mismo tiempo, la nación andina enfrenta niveles alarmantes de violencia con un promedio de 25 asesinatos diarios. Aunque vigente en gran parte del país, el estado de excepción se ha vuelto una medida recurrente sin resultados efectivos.

Más que una respuesta a los problemas estructurales de seguridad, diversos sectores interpretan esta iniciativa como una forma de subordinación política, en la que el combate al narcotráfico opera como justificación para ampliar la presencia militar estadounidense en el país y la región.

Recientes acercamientos diplomáticos y declaraciones públicas fortalecen la posibilidad de una alianza directa con la Casa Blanca orientada específicamente a la instalación de bases militares en territorio ecuatoriano.

“Teníamos bases anteriormente. Nos pidieron que nos fuéramos en los años de Correa y nos fuimos. Si nos invitan a regresar, lo vamos a estudiar. Es un punto muy estratégico”, dijo en septiembre el secretario de Estado Marco Rubio durante una visita a Quito.

Con el referéndum y la consulta popular a la vuelta de la esquina, el escenario parece prepararse para facilitar este giro estratégico, como lo demuestra la visita relámpago que el presidente Noboa realizó a Estados Unidos del 2 al 4 de noviembre.

Aunque el presidente Noboa descartó públicamente el pasado 31 de octubre, en declaraciones al canal Teleamazonas, la instalación de una base militar estadounidense en Galápagos, ambas administraciones mantienen en evaluación otras alternativas.

En esa misma línea, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador los días 5 y 6 de noviembre, recorriendo instalaciones estratégicas en Manta y Salinas con el objetivo de evaluar su viabilidad como posibles sedes para bases militares. 

Voto ciudadano: decisión crucial para el futuro de Ecuador

La reforma constitucional que se votará el 16 de noviembre representa una decisión de alto impacto para el futuro de Ecuador. En un país que se ha convertido en un punto clave del narcotráfico regional, la urgencia por reforzar la seguridad es legítima.  

Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a habilitar la presencia militar extranjera sin una estrategia nacional clara. Cooperar no es lo mismo que ceder, y sin un marco definido, cualquier alianza corre el riesgo de reproducir viejas asimetrías y derivar en subordinación.

La seguridad requiere voluntad política, fortalecimiento institucional y una visión de largo plazo. La instalación de fuerzas extranjeras podría alterar el equilibrio regional, generar tensiones innecesarias y debilitar el control sobre decisiones clave.

Más que abrir la puerta a una base militar, el país debería preguntarse cómo aprovechar de forma inteligente la cooperación internacional, integrándola a un proyecto soberano, transparente y con objetivos definidos.  

Será la ciudadanía quien decida, a través de su voto, no solo si se modifica un artículo constitucional, sino qué tipo de Estado quiere construir frente a los desafíos del presente y las presiones del entorno internacional.