La 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) se celebró del 18 al 20 de agosto en Buenos Aires, con la participación de representantes de gobiernos y agencias de seguridad, con el objetivo central de reforzar la cooperación contra el narcotráfico.

Organizada por el Ministerio de Seguridad argentino en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), institución que creó la IDEC en 1983, la cita reunió a autoridades de 110 países y más de 535 participantes.

Bajo el lema “Justicia, a través de la fortaleza y la unidad”, las sesiones se desarrollaron a puertas cerradas en el hotel Sheraton, del barrio Retiro, sin acceso para los medios de comunicación, en un clima de hermetismo que contrastó con el alto perfil del encuentro.

En la edición de 2026, América Latina ocupó el centro de la narrativa antidrogas impulsada por la administración de Donald Trump, que ya no se limita a reafirmar el narcotráfico como una amenaza directa a la seguridad nacional, sino también como un desafío hemisférico.

Si bien se trata de un crimen transnacional que exige respuestas conjuntas, crece el temor de que el discurso antidrogas de Washington funcione como pretexto para operaciones militares e injerencia política, con riesgos directos para la soberanía regional.

Argentina, sede de la IDEC y alineada con Washington

La designación de Buenos Aires como sede de la 40ª IDEC, bajo el gobierno de Javier Milei, no fue un hecho casual; por el contrario, constituyó una nueva demostración del alineamiento de la derecha argentina con la administración de Trump.

Ambos mandatarios mantienen un vínculo definido por el apoyo incondicional del líder argentino a las políticas emanadas desde Washington, incluidos los intentos de ampliar su control sobre Latinoamérica.

Durante la cumbre, el director de la DEA, Terrance “Terry” Cole, elogió la gestión argentina al afirmar que el país “está haciendo cosas increíbles contra los narcotraficantes y los terroristas”, calificándolo como “líder regional”.

Con la presencia de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, Argentina recibió un respaldo explícito de Washington a la política de Milei, acompañado de la promesa de mayores recursos e inversiones tecnológicas. 

La Casa Rosada interpretó estas declaraciones como un voto de confianza internacional, aunque sectores críticos advirtieron que la estrategia responde más a la necesidad de respaldo financiero y político que a una política autónoma de seguridad.

EE. UU. impulsa nueva fase en la seguridad hemisférica

Aunque fenómenos como el narcotráfico, las guerrillas, el sicariato, las pandillas, el tráfico de personas y la minería ilegal siguen extendidos en la región, la cumbre IDEC 2026 se convirtió en plataforma para reforzar el control, el monitoreo y la militarización de Estados Unidos.

Tal rumbo se reflejó desde la última Estrategia Nacional para el Control de Drogas (mayo 2026) de Washington, que trasladó el enfoque al plano hemisférico y otorgó facultades para el uso de la fuerza letal y el despliegue militar en “operaciones antiterroristas” fuera de su jurisdicción.

En esa línea, dos medidas resultaron decisivas: la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas y la declaración del fentanilo como arma de destrucción masiva. Ese marco legal abre la puerta a operaciones en países de origen y tránsito de drogas.

#Focus 🔴 "CUMBRE ESCUDO DE LAS AMÉRICAS": EE.UU. y 12 países que comparten "prioridades"

⭕️ Trump y Marco Rubio impulsaron "Cumbre Escudo de las Américas" invitando a doce presidentes latinoamericanos que comparten las mismas "prioridades" de su agenda política para imponer una… pic.twitter.com/D1hxrpKi3q

— Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) March 8, 2026

Un eslabón estratégico en esa doctrina de dominación hemisférica fue el lanzamiento del Escudo de las Américas en marzo pasado —conocido también como Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C)—.

Esta iniciativa, que reúne a 18 países alineados con la ideología conservadora y de derecha del gobierno estadounidense, fue presentada como “una nueva gran coalición militar para erradicar los cárteles criminales, pandillas e influencias extranjeras hostiles”.

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Actualmente, sus acciones se centran principalmente en la fase de planificación multinacional, ejercicios de entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y la firma de acuerdos para desplegar tropas en misiones combinadas.

La estrategia se reforzó en agosto con la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth a Panamá, donde participó en el foro de la A3C y el Comando Sur anunció la creación del Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), concebido como brazo operativo del Escudo.

Del mar a la tierra: EE. UU. expande ofensiva en América

Tras casi un año transcurrido desde que el ejército de Estados Unidos comenzó a bombardear supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico como parte de la operación Lanza del Sur, más de 200 personas murieron y más de 60 embarcaciones fueron destruidas.

Washington presentó estas acciones como golpes contra el narcotráfico, pero la falta de pruebas sobre los objetivos, así como de evidencia de que el flujo de drogas hacia el país norteño haya disminuido, generó dudas sobre su legalidad y alimentó críticas por el alto costo humano.

En ese marco, Estados Unidos sostiene que se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, calificando a los fallecidos como “combatientes ilegales” y alegando tener la facultad de ejecutar ataques letales sin supervisión judicial.

Ahora, la administración Trump busca trasladar a tierra firme ese modelo de ataques contra narcolanchas, apoyándose en el avance electoral de líderes afines en la región, lo que brinda a Washington socios más proclives a alinearse con sus “prioridades de seguridad”.

“Será como ocurrió con los ataques a las embarcaciones de drogas”, afirmó Hegseth en Panamá, al anunciar que el objetivo es lograr “el mismo efecto en tierra”, equiparando a los narcotraficantes con organizaciones como Daesh o Al Qaeda.

Críticos advierten que esta expansión busca legitimar el uso creciente de las Fuerzas Armadas estadounidenses en América Latina, proyectando poder en una relación marcada por la asimetría más que por una cooperación genuina.

Militarización hemisférica bajo liderazgo de EE. UU.

La 40ª IDEC en Buenos Aires funcionó como escenario de legitimación para esta nueva fase de militarización hemisférica, que sitúa la lucha contra el narcotráfico en una lógica de confrontación directa y la enmarca como un conflicto regional.

El riesgo es que esta estrategia provoque víctimas civiles y erosione la soberanía de los países involucrados, en el marco del enfoque más intervencionista de Estados Unidos en décadas, desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025.

Más que una política de seguridad compartida, la ofensiva discursiva coloca a América Latina frente a un esquema que combina presión militar e influencia geopolítica, configurando una arquitectura regional dirigida desde Washington.

En este escenario, el dilema persiste: ¿hasta dónde están dispuestos los gobiernos a ceder soberanía en nombre de la seguridad, y cuánto resistirá la opinión pública ante una campaña que promete orden, pero amenaza con más violencia e injerencia?