En Estados Unidos, a las 11:59pm del jueves 11 de mayo, quedó sin efecto la disposición de salud pública asociada a la toma de medidas de exclusión migratoria denominada Título 42.

¿Qué es el  Título 42?

Es un código relacionado con la salud pública en Estados Unidos y corresponde a una cláusula de la Ley de Servicios de Salud Pública (LSSP) que data de 1944.

Dicha ley se promulgó para centralizar las políticas públicas en materia de salud, haciendo que el Servicio de Salud Pública de ese país pueda tener la capacidad de implementar cualquier tipo de medida para prevenir la propagación de alguna enfermedad infecciosa. No obstante, en 1946 se creó la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, mejor conocida como Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, sus siglas en inglés).

En marzo de 2020, la entonces administración de Donald Trump, por medio de los CDC, impuso el Título 42 de la Sección 265, codificado en la LSSP, a saber:

"Siempre que el Director General de Salud Pública (Surgeon General) determine que debido a la existencia de cualquier enfermedad transmisible en un país extranjero existe un peligro grave de introducción de dicha enfermedad a Estados Unidos, y que este peligro aumenta tanto por la introducción de personas o bienes de dicho país que se requiere una suspensión del derecho a introducir tales personas y bienes en interés de la salud pública, el Director General, de conformidad con las normas aprobadas por el Presidente, tendrá la facultad de prohibir, en todo o en parte, la introducción de personas y bienes de los países o lugares que designe para evitar tal peligro, y por el período de tiempo que considere necesario para tal fin".

Siguiendo la hoja de ruta de la política antimigratoria, Trump se basó en el Título 42 como pretexto para prohibir la entrada de migrantes a Estados Unidos, por medio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, argumentando que los peligros para la salud pública eran notorios, por encontrarse el covid-19 en Canadá y México.

Cabe destacar que, aunque se aplicó en ambas fronteras terrestres, esta medida afectó a los migrantes de la frontera sur de Estados Unidos y, aunado a ello, esa disposición legal ha sido poco utilizada para restringir la migración en las fronteras de Estados Unidos. La ocasión más reciente fue con el expresidente, Herbert Hoover, en 1929 por un brote de meningitis, hace casi un siglo.

Bajo estos fundamentos, tres años después, aquellos que intentaban ingresar a Estados Unidos sin documentación en la frontera terrestre eran (continúan siendo) expulsados al último país de tránsito, en lugar de ser retenidos en los centros designados para la migración. Para finales de 2021, se registraban 1.8 millones de expulsiones.

De acuerdo con Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, siglas en inglés) de Estados Unidos, las detenciones de la patrulla fronteriza en la frontera sur arrojaban estos resultados de aumento en las expulsiones desde marzo 2021 hasta abril 2022:

Vale mencionar que, si una persona es procesada bajo la "ley de inmigración normal" y no sea expulsada, puede estar sujeta a deportación en un corto plazo o son enviadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Las irregularidades y maltrato hacia los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos se han dejado ver, tanto así que el brazo de apoyo multilateral que usa cuando puede la administración de turno estadounidense, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), manifestaba su preocupación en 2021 "por la nueva práctica estadounidense de trasladar a solicitantes de asilo y migrantes, expulsados bajo una orden de salud pública estadounidense, en aviones desde Estados Unidos al sur de México", y esta práctica de expulsión del flujo migratorio provocado por las políticas de coerción de la Casa Blanca en contra de países latinoamericanos conllevan a que, si alguna persona es expulsada a México, el gobierno mexicano los expulsa a Guatemala en un proceso de expulsiones en cadena.

El efecto del Título 42, aparte de las expulsiones, es el aumento significativo a las cifras de arrestos en la frontera.

Ahora, el Título 8

Haciendo un intento de modificar la política migratoria de Trump, para febrero de 2021 Biden firmó la Orden Ejecutiva 14010 que establece que los CDC revisen la disposición de octubre de 2020 emitida en virtud del Título 42 para determinar si aún es necesaria o si se deben realizar modificaciones.

Más adelante, en abril de 2022, los CDC derogaron una orden bajo el Título 42 con el fin de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sus siglas en inglés) ganara cierto tiempo para hacer los protocolos de prevención de covid-19 y así prepararse para la reanudación de la migración regular bajo el Título 8. Los CDC determinaron en ese momento que "ya no es necesaria una orden que suspenda el derecho a introducir migrantes a Estados Unidos".

Esta fue la orden más relevante en los cambios de políticas migratorias basándose en la salud, debido a que las órdenes del Título 42 se modificaron al menos cinco veces. Además, que los choques legales con denuncias para suprimir el Título 42 eran frecuentes, entre líneas se evidenciaba que la administración Biden estaba dando largas a conveniencia de la política migratoria de Trump, pues el pasado 27 de abril de este año se anunciaron las nuevas medidas para expirar al Título 42 para "gestionar la migración regional", cuyas claves son:

.- El Título 42 de los CDC también llegará a su fin. Pero el levantamiento de la orden del Título 42 no significa que la frontera esté abierta.

.- Estados Unidos volverá a utilizar las autoridades de inmigración del Título 8 para procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan ilegalmente a la frontera de Estados Unidos.

.- Las medidas se implementarán en coordinación con los gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala. Pero ciertas condiciones aplican: siempre que lleguen por aire, tengan un patrocinador y presenten su solicitud en línea primero.

.- Es importante destacar que estas medidas no suplantan la necesidad de una acción del Congreso. Solo el Congreso puede proporcionar las reformas y los recursos necesarios para manejar completamente el desafío de la migración regional.

.- Establecerá Centros Regionales de Procesamiento (RPC, siglas en inglés) en Colombia y Guatemala.

Ahora, activado el tradicional Título 8, este cubre un protocolo de la remoción acelerada para la deportación rápida de personas sin una base legal. Aunado a ello, los migrantes pasarían a un proceso de "entrevistas de miedo creíble" y luego a una corte de inmigración para estudiar el caso; en ocasiones las solicitudes de asilo son alteradas o falsas. La diferencia con el Título 42 era que ese código, por tratarse de salud pública, no se consideraban ni siquiera las solicitudes de asilo y la expulsión era inmediata con el objetivo de evitar retener a los migrantes en instalaciones de inmigración estadounidenses.

"Después de la medianoche de esta noche, se presumirá que no es elegible para el asilo y estará sujeto a consecuencias más severas por entrada ilegal, incluida una prohibición mínima de cinco años de reingreso y posible procesamiento penal (…) el fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario", dijo este jueves 11 de mayo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La carta de los congresistas estadounidenses

El miércoles 10 de mayo, previo a la supresión del Título 42, congresistas como Verónica Escobar y Alexandria Ocasio-Cortez enviaron una carta a Biden señalando que "los migrantes están llegando a Estados Unidos en niveles que no se veían desde hace al menos dos décadas", y por ello se deben identificar las causas de la migración irregular.

Al respecto, mencionan que lo que sigue empujando a los migrantes a Estados Unidos son distintos factores "que contribuyen a las crisis económicas (…) expertos coinciden en general en que las amplias sanciones de Estados Unidos -ampliadas a un nivel sin precedentes por el expresidente Donald Trump- son un factor que contribuye decisivamente al actual aumento de la migración".

Los congresistas firmantes instaron a Biden a que actuara rápidamente para levantar las sanciones económicas fallidas e indiscriminadas que fueron impuestas por la administración anterior, las cuales han servido de catalizadores para el impulso migratorio. Sumado a ello, hacen énfasis en que, en Venezuela, las amplias sanciones financieras y sectoriales impuestas por Trump en 2017 han tenido profundas repercusiones en toda la economía.

Esta no es la primera carta enviada a Biden con el motivo de solicitar el levantamiento de las "sanciones" unilaterales contra Venezuela; el congresista Jim McGovern ha remitido dos, una en 2021 y otra en enero 2023. En la carta más reciente, McGovern aplaudía las conversaciones en México y elevó la alerta:

"Como miembro del Congreso que defiende firmemente situar los derechos humanos en el centro de la política exterior estadounidense, llamé su atención sobre el impacto indiscriminado y contraproducente sobre el pueblo venezolano de las sanciones secundarias y sectoriales impuestas por la Administración Trump".

Cierra recomendándole a Biden que "lo más importante que su administración puede hacer para reducir la crisis humanitaria masiva y empoderar al pueblo venezolano en el futuro es proporcionar el mayor alivio posible de las sanciones sectoriales y secundarias impuestas como parte de la atrozmente errónea campaña de 'máxima presión' de Trump".

Por otro lado, comenta la importancia del acuerdo para la creación del fondo de los "tres mil millones de dólares en los activos de Venezuela congelados en el extranjero", cuestión que a la fecha no se ha cumplido. Sobre esto, el congresista consideraba que era "un paso de vital importancia, dada la masiva y prolongada crisis humanitaria del país y sus consecuencias hemisféricas, incluida la llegada el año pasado de 187 mil refugiados venezolanos a nuestra frontera sur con México".

El gran obstáculo en esa instancia legislativa es el senador Robert Menéndez, crítico extremo del gobierno venezolano. El año pasado rechazaba el encuentro del presidente Nicolás Maduro con la delegación enviada por la administración Biden.

Con la carta reciente de los congresistas demócratas, Menéndez respondió que "son las acciones de los gobiernos, no las políticas de sanciones de Estados Unidos, ellos son responsables del éxodo continuo de refugiados y migrantes venezolanos y cubanos. Eliminar las sanciones de Estados Unidos a Cuba y Venezuela solo traicionará nuestros valores democráticos y empoderará aún más a los dictadores criminales". Además, consideró que son equivocados los llamados al levantamiento de "sanciones".

La agenda migratoria

La migración tomó un auge en los últimos años en ambos partidos políticos dominantes en Estados Unidos. Especialmente bajo el gobierno de Trump, la cuestión migratoria se vio sumergida en polémica por las duras medidas que implementó.

Si bien es un asunto crucial para cualquier campaña electoral en el contexto de las venideras elecciones presidenciales en Estados Unidos, también su importancia corresponde a una agenda multilateral para los demócratas. Por ellos, dos decisiones muestran la relevancia de la migración para la gestión política de Estados Unidos:

.- Biden designó a Verónica Escobar, una de las firmantes de la carta, como copresidenta nacional de la candidatura de reelección. Escobar ha tenido una trayectoria importante en las exigencias a mejorar las políticas migratorias y la seguridad fronteriza.

.- La candidatura de Amy Pope para dirigir a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pope desde el año pasado ha estado presente en las giras de los subsecretarios del Departamento de Estado por más de 40 países para promocionar su campaña. Se enfrenta al actual Director General de esa organización, António Vitorino, que va por su reelección.

Será una elección difícil porque la ventaja la tiene Pope, ya que el mayor contribuyente individual de fondos a la OIM es Estados Unidos y Antony Blinken se empeñó en impulsar intensamente la campaña internacional de Pope por distintos continentes, especialmente en África con 54 votos en el consejo de la organización.

El provecho

Sin embargo, tanto la administración de Trump como la de Biden le han sacado provecho a las medidas migratorias de expulsión. Según el CBP, durante la era Trump, 80 por ciento de las llegadas de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos resultaron en expulsión, si bien el porcentaje disminuyó con Biden permanecieron altos con un 51 por ciento en marzo 2022.

Una de las metas planteadas por la administración Biden, siguiendo esas nuevas medidas, consiste en aumentar la cantidad de migrantes señalando que recibirán hasta 30 mil personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, siendo estos países los más atacados por la clase política estadounidense. Pero, por otro lado, también buscan aumentar las deportaciones, exigiendo que los migrantes que no califiquen deben ser devueltos rápidamente con una prohibición de regreso de mínimo cinco años.

A pesar de la diametral diferencia en sus objetivos, el querer aumentar la cantidad de migrantes puede corresponder a tres preceptos que indica un ensayo de 2016 del Instituto George Bush:

.- La inmigración alimenta la economía: los inmigrantes engrasan las ruedas del mercado laboral al ingresar a industrias y áreas donde existe una necesidad relativa de trabajadores, especialmente en trabajos de construcción.

.- Los inmigrantes innovan más que los nativos porque se concentran en ocupaciones STEM (ciencia y tecnología), 44 por ciento de los científicos médicos son nacidos en el extranjero.

.- No se debería prohibir la migración, sino gestionarla. Se puede encontrar mecanismos para beneficiarse de las ganancias de la inmigración mientras se compensan las pérdidas de algunos trabajadores.

Ese mismo año, la Universidad de Pensilvania publicó un ensayo donde estimaba que la migración "está ayudando a mantener a Estados Unidos comparativamente joven y reduciendo la carga de financiar los beneficios de jubilación para una creciente población de ancianos".

Se trata de la concepción de la migración como un asunto de negocios y aprovechamiento.

Durante años, Estados Unidos ha fallado en los "controles" de frontera, porque tampoco ha abordado ninguna política que frene la causa de la misma, ya que precisamente requiere de las olas migratorias de cierta forma y hasta cierto punto.

El ascenso ha sido significativo en los últimos años. Incluso, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne Clark, el año pasado pedía que se duplicara el número de inmigrantes legales en Estados Unidos como una forma de aliviar la inflación y la escasez de trabajadores post-pandemia. Clark explicaba que, al aumentar la inmigración, ayudaría a aliviar las interrupciones en la cadena de suministros que producen el aumento de la inflación: "Podría ser lo más rápido para impactar a la inflación".

A grandes rasgos, ese fenómeno migratorio lo provoca el aparato político estadounidense, sea a través de la imposición de sanciones unilaterales a un país, financiamiento de grupos violentos que crean inestabilidad en la seguridad de una nación o medidas económicas draconianas con algún socio regional, bajo el lema: "Estados Unidos se compromete con los aliados para una mayor libertad y prosperidad compartida": nada más alejado de la realidad.

Los factores políticos de la Casa Blanca conocen muy bien las consecuencias de apretar la economía de países cercanos a sus fronteras, más el apetito por las grandes ganancias corporativas y el ansia de despliegue de su poder hegemónico son mayores que los embates negativos sobre las sociedades latinoamericanas y caribeñas.