Observar a los miles de personas que intentan desesperadamente pasar la frontera de Estados Unidos para acceder a la potencia mundial, uno de los principales polos de desarrollo, resulta desolador y doloroso. Estos migrantes esperan que se les otorgue el ansiado documento de asilo que les permitiría iniciar una nueva vida y dejar atrás un destino simplemente insostenible para ellos y sus familias.

Sin embargo, la mayoría enfrenta una puerta cerrada por decisión unilateral y “soberana” de una política migratoria de contención. Se les niega la entrada por falta de documentación que, paradójicamente, podría subsanarse si las autoridades cumplieran con su responsabilidad internacional de permitirles el acceso para demostrar que se encuentran bajo la “inminencia de peligro” y, por tanto, ameritan el asilo.

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A pesar de que terminó la disposición del llamado Título 42 por el cual podían ser deportados de inmediato, supuestamente por cuestiones de seguridad sanitaria, las condiciones han variado poco, porque ahora se activó el Título 8, que es más estricto que el anterior, con la intención clara de desmotivar a los posibles migrantes.

La pregunta es si, ante el creciente número de migrantes que seguirán intentando llegar a polos desarrollados, en este caso Estados Unidos, las respuestas seguirán siendo las mismas: contención, bloqueos, militarización de las fronteras, muros, hacinamientos, líneas larguísimas, enfermedades, insalubridad, muertes y demás tragedias.

Es decir, una situación simplemente insostenible a menos a que se busquen nuevos caminos para dar cauce humano a estos flujos migratorios. En este sentido es urgente analizar las diversas causas y posibles soluciones, entendiendo que esto sólo puede alcanzarse a partir de acuerdos regionales en los que se haga un honesto diagnóstico de por qué las personas salen de sus países forzadamente.

Un primer acercamiento llevaría a reflexionar sobre la falta de derechos económicos y sociales, de que a esa población se le escamotea el acceso a la educación, a la salud, limitan sus oportunidades para desarrollar sus talentos, y en muchas ocasiones se coarta la libertad política. No se trata sólo de aspectos económicos, sino fundamentalmente sociales. Es decir los gobiernos no cumplen con su responsabilidad de proteger a sus poblaciones, que se ven obligadas a los horrores del tránsito migratorio.

En la región latinoamericana tenemos casos de cómo las oligarquías, gobiernos corruptos y la enorme desigualdad se encuentran en la base de las enormes dificultades que obliga a migrar.

Cambiar esta realidad supone una lucha tremendamente desigual y difícil, y sin embargo, la población sigue buscando cambios, como sucede ahora mismo en Guatemala, país con altísima emigración y cuyo Movimiento para la Liberación de los Pueblos presentó candidatos para participar en los comicios del 25 de junio: Thelma Cabrera, defensora de derechos humanos indígenas, y Jordán Rodas, ex procurador de derechos humanos, a quienes, bajo pretextos y artimañas absolutamente irracionales, se les negó la inscripción.

¿Y eso por qué?, porque se trata de un movimiento indígena y campesino que ha impulsado una lucha contra el “despojo del sistema neoliberal”, ha propuesto nacionalizar servicios como la energía y promover una asamblea constituyente popular y plurinacional, demanda castigos de cadena perpetua a funcionarios culpables de corrupción, además de plantear mecanismos legales para revocar el mandato de gobernantes corruptos, entre otras propuestas.

En entrevista con Canal Red/Cafeína, Cabrera y Rodas explican con enorme claridad que las condiciones de pobreza y extrema pobreza de más de 50 por ciento de la población, producto del modelo implantado por las familias oligárquicas, “sistema despiadado e inhumano”, es el que ha presionado y obligado a muchas personas a migrar a Estados Unidos, donde viven cerca de 3.5 millones de guatemaltecos. Señalan que gracias a las remesas familiares, que han alcanzado 20 por ciento del PIB, la economía de Guatemala se sostiene, pues es un monto superior a lo que exportan los empresarios aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

Nos queda claro que detener estos flujos pasa justamente por cambiar un oprobioso modelo que impide a la población ejercer sus derechos económicos y políticos.

Por otro lado, Venezuela y Cuba son ahora dos países considerados de alta emigración, los mismos que sufren insostenibles sanciones unilaterales de Estados Unidos, estrategia siniestra que intenta revertir políticas con las que no están de acuerdo. Las consecuencias son terriblemente lesivas para una población que no ve más salida que la migración. A Estados Unidos le sale “el tiro por la culata” a costa de una crisis inhumana.

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Revertir las tendencias migratorias de poblaciones latinoamericanas requiere acuerdos regionales que visibilicen y discutan cómo enfrentar las causas del fenómeno migratorio para hacer realidad el derecho a no migrar.