El 15 de agosto, los talibanes celebraron el segundo aniversario de su fulgurante regreso al poder en Afganistán. En un giro extraordinariamente rápido, el grupo -que durante los 20 años anteriores había combatido la ocupación estadounidense del país con una intensidad siempre fluctuante- asaltó Kabul y se apoderó de la ciudad sin disparar un solo tiro. El presidente títere instalado por Occidente, Ashraf Ghani, huyó y su gobierno se desintegró, como si nunca hubiera existido.

Tras esos días caóticos, en los que las únicas muertes registradas fueron las de empleados del gobierno de Kabul y colaboradores occidentales que cayeron del tren de aterrizaje y las alas de aviones que se habían negado a evacuarlos, y las de civiles inocentes -incluidos niños- asesinados en un ataque de un avión no tripulado estadounidense, todos los principales medios de comunicación se olvidaron rápidamente de Afganistán.

Desde entonces, no ha habido ninguna autopsia que explique cómo y por qué un gobierno que las potencias de la OTAN se habían gastado dos décadas y sumas incalculables en construir pudo desmoronarse tan rápidamente. Por ello, es necesario revisar -o, tal vez, visitar- una revisión oficial muy condenatoria publicada por el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) en agosto de 2021.

Ignorada por completo por los principales medios de comunicación en aquel momento, la revisión expone con detalle escandaloso y forense cómo Estados Unidos fracasó tan estrepitosamente en su esfuerzo por construir un Estado democrático al estilo occidental con un coste de 145 mil millones de dólares mientras luchaba contra una insurgencia en curso contra los talibanes y una constelación de milicias armadas. Aunque el SIGAR expresó su esperanza de que se extrajeran "lecciones" de la calamidad como resultado de su intervención, todavía no hay señales de que se haya extraído ninguna.

No ver el mal

En su informe, el SIGAR no se anduvo con remilgos y concluyó que casi todos los proyectos financiados por Estados Unidos en Afganistán fueron objeto de estafas a escala industrial, se entregaron por encima del presupuesto, fracasaron en sus objetivos y reforzaron a los talibanes. En demasiados casos, estos esfuerzos se saldaron con víctimas mortales.

Las referencias a la corrupción son abundantes. Aunque parezca increíble, se dice que Washington "no reconoció inicialmente la amenaza existencial que la corrupción suponía para el esfuerzo de reconstrucción". Al parecer, los planificadores asumieron que el fraude sólo podía deberse al "comportamiento delictivo desviado de funcionarios afganos individuales", y concluyeron que el uso extensivo de contratistas garantizaría que los esfuerzos de reconstrucción se mantuvieran dentro de la legalidad y del presupuesto.

En realidad, esta confianza precipitó un auténtico frenesí de despilfarro y fraude "prácticamente incontrolado", propiciado en parte por una falta casi total de supervisión sobre cómo se gastaban los fondos. También se han documentado numerosos ejemplos de incompetencia manifiesta por parte de los contratistas: un complejo militar construido por 2,4 millones de dólares que quedó completamente inutilizable al construirse por descuido fuera del perímetro de seguridad de la base para la que se encargó es quizá el más rocambolesco.

En otro caso, la falsa agencia humanitaria USAID adjudicó un contrato para el diseño y la construcción de dos enormes hospitales nuevos, con un coste combinado de 18,5 millones de dólares, sin consultar a los funcionarios locales ni tener en cuenta si el gobierno podría realmente pagar las facturas anuales de funcionamiento y mantenimiento, que serían hasta seis veces superiores a las de los hospitales a los que sustituían. Cuando el Ministerio de Salud Pública afgano se enteró del proyecto, la construcción ya llevaba un año en marcha.

A pesar de tales vergüenzas, los dólares siguieron fluyendo en volúmenes cada vez mayores a lo largo de los años. Como era lo más fácil de controlar, los fondos que se gastaban en programas se convirtieron "perversamente" en "la medida más importante del éxito", y en la mejor, si no la única, forma de demostrar a un Congreso estadounidense cada vez más escéptico, y a la opinión pública norteamericana, que la reconstrucción no era un fracaso total.

Con una combinación de "exceso de optimismo, un impulso institucional para producir buenas noticias y el imperativo de mostrar progresos a tiempo para servir a los fines de diversos calendarios políticos", produciendo una situación en la que Washington gastaba dinero "más rápido de lo que se podía justificar", el objetivo principal de la reconstrucción se convirtió en "producir buenas noticias... lo más rápido posible", y había "poco apetito por evaluaciones honestas de lo que funcionaba y lo que no".

A su vez, esto creó una estructura de incentivos que animó a los funcionarios a no denunciar los abusos o el fraude, mientras que los contratistas que se beneficiaban del tren de la gratificación tampoco estaban dispuestos a denunciar los problemas. Para complicar aún más la situación, los militares "obligaban" a los funcionarios de USAID a ejecutar proyectos en lugares "demasiado peligrosos para que pudieran tener un efecto estabilizador".

En estos casos, USAID dependía de los contratistas, que podían visitar lugares demasiado arriesgados para que los pisaran los empleados del gobierno estadounidense. Esto significaba, sin embargo, que el seguimiento de la ejecución de un proyecto era extremadamente difícil, ya que el personal de la agencia "a veces era incapaz de establecer con confianza incluso la información más básica". En ocasiones, lo que podía verificarse era en realidad falso: la revisión registra cómo una empresa con sede en Kandahar proporcionaba a los contratistas, a cambio de una comisión, fotografías genéricas de proyectos terminados, repletas de geoetiquetas falsas, para estafar a USAID.

Tortura y abusos

Una y otra vez, los funcionarios estadounidenses se equivocaron por completo al juzgar si determinadas iniciativas serían remotamente apropiadas para el contexto afgano. Por ejemplo, entre 2003 y 2015, Washington gastó más de mil millones de dólares en operaciones relacionadas con el Estado de derecho en el país, de los cuales alrededor del 90 por ciento se invirtió en el desarrollo de un sistema jurídico formal al estilo occidental.

Sin embargo, este sistema era ajeno a la mayoría de los afganos, que preferían "mecanismos tradicionales informales de resolución de disputas a nivel comunitario" y creían que el nuevo sistema era poco práctico e ineficaz. A su vez, los talibanes crearon una estructura paralela siguiendo líneas tradicionales, proporcionando a los ciudadanos "una apariencia de seguridad y justicia". A su vez, su papel en el mantenimiento y la gestión de este sistema "generó al menos un mínimo de legitimidad para el grupo" entre la población local, y reforzó la idea de que eran un actor de gobierno creíble.

Otras iniciativas de seguridad fueron igualmente contraproducentes. En 2000, los talibanes colaboraron con las Naciones Unidas para erradicar la producción de opio en Afganistán, lo que dio lugar a una de las campañas antidroga más exitosas de la historia, con una reducción del 99 por ciento del cultivo de adormidera en las zonas controladas por el grupo, que había representado aproximadamente tres cuartas partes del suministro mundial de heroína. La invasión estadounidense puso fin a esta situación y, a pesar del gasto de nueve mil millones de dólares en la lucha antidroga desde 2002, el cultivo de opio en Afganistán no ha dejado de aumentar desde entonces.

La explosión del comercio de opio financió la insurgencia talibán, por lo que los campos de adormidera estaban fuertemente defendidos, y muchos operativos de los servicios de seguridad, civiles, agentes de la Agencia Antidroga estadounidense y contratistas murieron o resultaron gravemente heridos en misiones antinarcóticos. Incluso las incursiones con éxito "a menudo sólo eran posibles bajo la protección de importantes fuerzas de seguridad afganas y de la coalición", que no podían permanecer indefinidamente en las zonas objetivo como medida disuasoria. 

En consecuencia, estas victorias eran "temporales e insostenibles", y cada vez más cortas a medida que las fuerzas de la coalición se retiraban. Por otra parte, las fuerzas de seguridad afganas solían estar mal equipadas para hacer frente a cualquier problema grave de seguridad. Después de que los niveles de violencia insurgente "se dispararan" en 2006, Washington intentó llenar las filas del ejército afgano lo antes posible, y redujo debidamente el entrenamiento a sólo 10 semanas.

Esto dio lugar a un ejército en gran medida inexperto y no cualificado, con un enorme nivel de rotación: en 2020, la necesidad de reemplazar aproximadamente una cuarta parte de la fuerza cada año se consideraba "normal". Además, un número incalculable de soldados afganos se ausentaron sin permiso a lo largo de los años, incluidos cientos que estaban siendo entrenados en Estados Unidos. La escasa formación obstaculizó asimismo el desarrollo de la Policía Nacional Afgana, lo que dio lugar a que el cuerpo "desconociera en gran medida sus responsabilidades y los derechos de los acusados ante la ley" y "practicara habitualmente la tortura y los malos tratos", destruyendo su credibilidad ante la opinión pública. 

Mientras tanto, los reclutas de la policía local afgana -milicias informales encargadas de mantener la paz en zonas asoladas por el conflicto que también han sido acusadas de violaciones de los derechos humanos- eran a menudo combatientes talibanes, a los que se había permitido conservar sus armas y alistarse si accedían a dejar de socavar al gobierno.

Esta grave situación de seguridad no hizo sino enriquecer a las milicias, ya que las empresas de seguridad privadas a las que se pagaba para proteger a funcionarios y proyectos del gobierno estadounidense recurrieron a gastar una parte "sustancial" de sus presupuestos en sobornar a los insurgentes para que "se abstuvieran de atacar convoyes y emplazamientos de proyectos", lo que las convirtió "de hecho en subcontratistas no oficiales" de Washington.

Los fondos del gobierno estadounidense también llegaron a los bolsillos de extremistas violentos "a través de una red de corrupción que englobaba a funcionarios afganos, narcotraficantes, delincuentes transnacionales y grupos insurgentes y terroristas". Sin embargo, "procesar a estos funcionarios, o incluso destituirlos, resultó extremadamente difícil", ya que supondría "desmantelar importantes pilares de apoyo al propio gobierno", incluidas sus instituciones electorales, socavando gravemente en el proceso su legitimidad pública.

"Cuando se observa lo que hemos gastado y lo que hemos obtenido a cambio, es alucinante", afirma un alto funcionario del Departamento de Defensa. Uno se pregunta qué tiene que decir esa misma persona sobre la guerra por poderes en Ucrania, a la que se ha destinado casi la misma cantidad, sin final a la vista y sin salida fácil. Y la certeza absoluta de que cuando Estados Unidos se retire, su marioneta en Kiev también se dispersará abruptamente a los vientos de una manera sin ceremonias.