El Informe Mundial sobre las Drogas, publicado por Naciones Unidas en 2025, afirma una disminución en un 95 por ciento del cultivo de amapola en Afganistán en 2024 respecto a 2022, y que la producción de opio se mantuvo un 93 por ciento por debajo de lo que era en 2022.

Los traficantes recurrieron al opio seco, en niveles que alcanzan casi diez veces los de 2022. Estas cifras revelan un resultado directo y sencillo: la línea divisoria entre ambos niveles de cultivo y producción es la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

Las naves de guerra y portaaviones de EE. UU. no tienen nada que hacer con respecto a la cocaína y las drogas en América Latina; han venido por otro motivo (derrocar a los gobiernos de izquierda). 

Los buques no se movilizaron con tal intensidad cuando los niveles de producción y comercio de drogas eran más altos bajo gobiernos de derecha en México y Colombia.

Es más, Washington, en sus políticas de aprobación y renovación de nuevos paquetes de ayuda para esos gobiernos, nunca se detuvo ni una sola vez ante el asunto de las drogas, y mucho menos ante cuestiones de violaciones de derechos humanos. 

Lo más que decían los documentos de aprobación de ayudas y subvenciones era: “Se renuevan las ayudas sobre la base de las intenciones de los gobiernos de reducir el flujo de drogas”.

Durante el primer mandato de Trump, el presidente colombiano era el derechista Iván Duque. Los informes del medio Colombia Reports señalan que el mandatario, al que organizaciones de narcotráfico ayudaron a llegar al poder, incrementó los vínculos de miembros de su familia y de su círculo íntimo con dichas entidades, y aumentó su riqueza gracias al lavado de dinero con estas redes.

Esto ocurrió durante la primera ocasión en que Trump ocupaba la Casa Blanca. Y quien declaró la guerra a las drogas en aquel momento fue el presidente venezolano Nicolás Maduro, afirmando que Duque había convertido a Colombia en un “estado narcotraficante”, que Colombia era responsable del 70 por ciento de la cocaína producida en el mundo y que la superficie de tierras cultivadas había aumentado de 46 mil hectáreas a 200 mil.

Cuando Maduro enfrentó la industria de la cocaína en Colombia, Trump  ¿Qué estaba haciendo entonces? ¿Y por qué no dirigió ninguna crítica a Iván Duque, el alumno ejemplar de las instituciones financieras estadounidenses? 

Lo máximo que mencionó el magnate republicano fue la necesidad de continuar fumigando los cultivos para deshacerse de la coca (spraying). Pero el tono de la “guerra contra las drogas” solo se elevó con la victoria del izquierdista Gustavo Petro, un luchador real contra los estupefacientes en Colombia.

Cuando terminó la Guerra Fría, Estados Unidos necesitaba un título alternativo al de “enfrentar la expansión del comunismo”, y así nació la etiqueta de la “guerra contra las drogas”, lista para usarse según la necesidad. 

Washington atacó Panamá en 1989, en una agresión militar que puede considerarse la mayor desde su retirada de Vietnam, y derrocó a Manuel Noriega, quien inicialmente se había acercado a EE. UU., bajo el pretexto de la guerra contra las drogas. 

Pero los niveles del comercio no cambiaron, e incluso aumentó su paso por el canal.

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Los indicadores del consumo dentro de Estados Unidos son llamativos y preocupantes. El 2,7 por ciento del grupo de edad entre 15 y 64 años consume cocaína. 

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Y según el Centro CDC médico estadounidense, más de 100 mil personas murieron en la nación norteña debido a sobredosis de drogas, y la cocaína representó el 28 por ciento de esas muertes.

Un amplio sector político y social plantea a los responsables del gobierno varias interrogantes:

• ¿por qué no iniciaron la guerra contra las drogas dentro del país?
• ¿Cuáles son los factores culturales y económicos que empujan a Estados Unidos a ocupar los primeros puestos en consumo de drogas?

¿Quién dijo que los buques de guerra tendrán éxito donde fracasaron las políticas internas? Quizá buscar respuestas conduzca a la conclusión de que el responsable estadounidense no es serio en su guerra contra las drogas, ni en el interior ni en el exterior.

Ya nadie cree en los títulos de las guerras estadounidenses. Tras la “contienda contra las armas de destrucción masiva” en Irak, quedó demostrado que no existía nada de ello, y las declaraciones de Colin Powell se convirtieron retroactivamente en objeto de comedia negra.

Después de la “guerra contra el terrorismo”, quedó claro que la coalición internacional dilataba la eliminación de Daesh, utilizaba su existencia e incluso trataba de abortar la labor de las fuerzas que realmente la combatieron con seriedad (Irán, las Fuerzas de Movilización Popular, Hizbullah, el antiguo ejército de Siria).

Tras rondas de promover el lema de “la guerra por la democracia y los derechos humanos”, y después de los crímenes de genocidio en Gaza, está demostrado para quienes promovían este título y que los derechos humanos no significan nada en la agenda estadounidense. 

Luego de la guerra contra Irán, se evidenció que el lema de neutralizar el “peligro” del programa nuclear —que es esencialmente pacífico— no era más que una gruesa fachada que cubría un proyecto político integral.

Ahora, con un mayor énfasis en el título de la “guerra contra las drogas”, Estados Unidos busca derribar a los gobiernos que realmente combaten las drogas en el continente latinoamericano.