¿Cómo procede el juicio político a Lasso en Ecuador?
Organizaciones sociales apoyan los pedidos para adelantar el fin del mandato de Lasso por vías constitucionales.
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Legisladores ecuatorianos favorecen, por mayoría, el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es uno de los temas más comentados entre legisladores, analistas y ciudadanos de la nación andina, aunque todavía está en la fase preliminar.
La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó el pasado sábado la recomendación de iniciar el procedimiento, previsto en el artículo 129 de la Constitución, pero los legisladores no anunciaron quién presentará el pedido de manera oficial.
Ese requisito es indispensable para propiciar la destitución del mandatario. Hasta el momento, Lasso está acusado por los presuntos delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública y omitir información sobre una red de corrupción y vínculos de su gobierno con el narcotráfico.
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El legislador encargado de exponer la petición deberá reunir al menos 46 firmas para mostrar el documento ante el presidente de la Asamblea Nacional, quien lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Todo parece indicar no ser un paso difícil, pues la bancada opositora Unión por la Esperanza (UNES) cuenta con 47 curules, suficientes para avanzar por sí solos en esa primera etapa.
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Con posterioridad, el CAL deberá verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y, de cumplirlos, enviarlo a la Corte Constitucional. Esa instancia tiene seis días para emitir un dictamen de admisibilidad.
De acuerdo con los asambleístas de UNES, este es un proceso político y no es necesario un enjuiciamiento penal previo.
Si la Corte autoriza, el proceso pasará a la Comisión de Fiscalización para dar inicio al trámite con la notificación de las partes, incluido el presidente, quien tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
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Al finalizar esa etapa, la Comisión Fiscalización elaborará un informe donde recomendará o no el juicio político.
En ese momento Lasso podrá defenderse nuevamente ante el pleno del Parlamento, donde los 137 legisladores podrán intervenir en el debate.
Finalmente, en un plazo de cinco días, el jefe del Legislativo convocará para la votación final. La aprobación por 92 asambleístas será suficiente para destituir al jefe de Estado.
Mientras el gobierno niega las acusaciones, las califica de intentos de desestabilización y recibe el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), las organizaciones sociales piden adelantar el fin del mandato de Lasso por vías constitucionales.
Para el próximo 14 de marzo está convocada una movilización nacional para exigir a la Corte Constitucional la admisión del juicio político.
Esa es una de las opciones manejadas por la oposición para acelerar la salida de Lasso del poder, pues la normativa vigente también prevé acciones como la renuncia y la revocatoria de mandato, este último mecanismo también en proceso.
