A pocos días de que se cumpla la primera mitad del mandato de Joe Biden, diversos medios de prensa y analistas observan con detenimiento el rumbo de las relaciones de EE.UU. con Cuba.

Durante su campaña electoral, el entonces candidato prometió un cambio de política hacia la Isla. Sin embargo, tras ser electo, mantuvo casi de manera invariable la estrategia de “máxima presión” contra Cuba implementada con denodado ensañamiento por Donal Trump.

Los efectos de estas medidas en la vida diaria de los cubanos son conocidas: la escasez de alimentos y medicinas, los impactos negativos en el turismo, la agricultura, el transporte, la industria y la generación eléctrica, son algunos de ellos. Incluso, indicadores sociales como la mortalidad infantil, aunque se mantienen con parámetros de primer mundo, han sufrido afectaciones.

A pesar de ello, el pueblo cubano no se rinde y la unidad en torno al gobierno es palpable. Y aunque son muy discretas las señales, se aprecia un progresivo despegue tras la implementación de importantes medidas económicas internas que buscan acelerar la actualización del modelo aplicado. 

Los pobladores de la Isla son conscientes de que el bloqueo estadounidense se mantendrá por muchos años más y que el escenario global actual demanda no solo resistencia, sino también mucha creatividad, como ha pedido el Presidente Miguel Díaz-Canel.

Tres estocadas

Hasta el momento, Biden y su equipo se han sentido cómodos con la política heredada. Ni el aislamiento internacional, ni los cuestionamientos humanitarios modificaron su postura en estos dos años. La asfixia ha continuado.

No obstante, existen tres factores que impactaron en el tablero de las relaciones con Cuba, pues tienen relación con diversos intereses en EE.UU.: la Cumbre de las Américas, las elecciones de medio término y el incremento de la emigración ilegal de la Isla.

La exclusión  de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas fue una torpe decisión si la miramos con retrovisor. Sin embargo, a Washington le sirvió para medir fuerzas en una región en franca disputa. El debate fue intenso y las posturas firmes quedaron claras, también las débiles. 

Biden comprobó que el tema Cuba sigue siendo sensible para la región, y que la Isla mantiene intacto el respaldo de Latinoamérica y el Caribe en su lucha contra el bloqueo y por la eliminación del esquema de medidas coercitivas que mantiene la Casa Blanca contra La Habana. Aspiran a ver una Cuba insertada plenamente en sus dinámicas y en las del mundo, y señalan a EE.UU. como el principal obstáculo para ello.

Las elecciones legislativas de medio término concluyeron para los demócratas con una derrota menor de la que esperaban todos los analistas. Al mismo tiempo, el partido del actual presidente corroboró que ni manteniendo la política de su antecesor contra la mayor de las Antillas, los candidatos demócratas pudieron ganar en la Florida.

De tal desengaño debieron sacar lecciones los operadores y dirigentes políticos de ese partido, mientras que analistas y activistas insisten en desconectar el “factor Florida” de las decisiones respecto a Cuba.

La ola migratoria de iala caribeña hacia EE.UU. ha puesto los pelos de punta a todos en ese país. Desde el punto de vista político y táctico, el fenómeno representa para Washington una clara señal del fracaso de sus políticas. 

La “máxima presión” unida a un plan subversivo de “cambio de régimen” está dirigida a hacer colapsar el sistema. Sin embargo, en Cuba no hay indicios de que algo parecido ocurra. Es evidente que la Revolución está firme.

Luego, una parte de la población canaliza su malestar y las ansias de superar las dificultades mediante la emigración ilegal, empujados por la situación económica resultante de las medidas coercitivas, y estimulados por los incentivos que –menudo contrasentido-  el propio país norteño ofrece a los migrantes ilegales cubanos. 

Estamos frente a un círculo vicioso con tintes esquizofrénicos que no aporta resultados políticos para la Casa Blanca, y que, además, pone en riesgo la vida de personas inocentes, alimenta el tráfico ilegal y tensiona las fronteras nacionales de diversos países.

Pasos…¿de hormiga?

Estos tres factores son los únicos que han empujado a la administración Biden a tomar tibias e insuficientes acciones respecto a Cuba, aunque se mantiene la política de “máxima presión”.

Las medidas aprobadas por el presidente estadounidense se resumen en la ampliación de los servicios consulares en la embajada en La Habana; la reversión parcial de las medidas de Trump sobre vuelos comerciales de líneas aéreas a Cuba; aprobación de viajes profesionales y educativos; y el restablecimiento parcial de las restricciones del envío de remesas a Cuba.

Paralelamente, y como parte de esos nimios pasos, se han desarrollado dos reuniones entre autoridades migratorias cubanas; y encuentros de intercambio y cooperación entre funcionarios a cargo del cuidado de fronteras y sobre medio ambiente.

Del análisis no se pueden excluir otras acciones de grupos y entidades no oficiales que buscan y aspiran a lograr relaciones distintas entre ambos países. Entre ellos resultan llamativos los viajes de congresistas a La Habana, los intercambios de pequeños grupos de empresarios estadounidenses con homólogos y autoridades cubanas, así como expresiones de académicos, activistas y medios de comunicación estadounidenses. 

Cuba ha calificado los pasos dados por Biden y su equipo como positivos, en la dirección correcta, pero insuficientes e imperceptibles, pues se implementan en el marco de la política de bloqueo y la persistencia de más de 200 medidas adicionales que golpean el desenvolvimiento de la economía cubana y castigan a la población.

El gobierno de la Isla ha insistido que el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo del país. Sin embargo, ha subrayado que la administración Biden podría implementar de manera inmediata otras medidas que serían interpretadas por La Habana como un mensaje de real voluntad de diálogo.

La eliminación de Cuba de la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo y la inaplicación del Título III de la Ley Helms-Burton son dos de ellas.

La primera significa para Cuba despojarse de un señalamiento político unilateral e injusto que, aunque es desconocido por La Habana, entorpece sus vínculos económicos internacionales, sus exportaciones, sus flujos financieros y la obtención de créditos. 

Al respecto, es útil destacar la postura del presidente colombiano Gustavo Petro, quien frente al secretario de Estado, Antony Blinken, llamó a corregir esa injusticia, cometida durante la administración de Donald Trump con el triste respaldo del entonces mandatario colombiano Iván Duque.

En el caso de la segunda medida, Biden puede seguir el ejemplo de todos los presidentes anteriores excepto Trump, quienes impidieron la aplicación de este acápite de la Ley mencionada. La intención de esta norma es amenazar con eventuales demandas judiciales a potenciales inversionistas extranjeros que decidan operar en Cuba con propiedades que fueron nacionalizadas hace más de 60 años; y amenazar a los ya establecidos, todo con el fin de entorpecer las inversiones extranjeras en la Isla. 

De forma general, para los cubanos nada se ha movido, aunque si se compara con la etapa gris del empresario presidente, un paso de hormiga es notable. Pero el impacto real de esos pasos en la vida diaria de la Isla es casi cero.

Tal vez eso lo sepa Chris Dodd, recientemente nombrado asesor especial presidencial para las Américas, quien parece será el indicado para desbrozar el camino que debe llevar a lo que Cuba establece como “convivencia civilizada”, único destino posible de cualquier proceso de “normalización de relaciones” entre una gran potencia que no ha cejado en su empeño de dominación y un pueblo que no renunciará nunca a su soberanía.