Varios centenares de presos políticos han iniciado esta semana una huelga de hambre indefinida para protestar por los abusos contra los derechos humanos cometidos en la tristemente célebre prisión de Jau, en Bahréin. También están expresando su solidaridad con sus compañeros presos políticos que están incomunicados por quejarse de acoso y presión psicológica.

Allí se producen con frecuencia huelgas de hambre, sentadas y otras formas de protesta pacífica, mientras más de mil 300 presos de conciencia sobreviven hacinados en celdas infestadas de insectos y son privados arbitrariamente de sus derechos básicos mínimos garantizados de acuerdo con las leyes internacionales y locales.

En abril de 2021, los presos políticos de Jau organizaron una sentada tras la muerte de Abbas Malallah, condenado a 15 años por su papel pacífico en el levantamiento de 2011. Los guardias de la prisión utilizaron granadas aturdidoras y porras con fuerza excesiva para dispersar a los presos indignados. Desde entonces, han desaparecido más de 50 presos políticos, muchos de los cuales siguen incomunicados. 

En noviembre de 2014, los guardias de la prisión sometieron a Hasan al-Qattan a graves torturas que le causaron fractura de cráneo y rotura de riñón. Lo encontraron muerto a la mañana siguiente en su celda de aislamiento.

Por su parte, Sayyed Kathem al-Sahlawi, expreso, se quejó de síntomas de cáncer en 2015 hasta que se lo diagnosticaron en 2018. Debido a una negligencia médica, falleció en febrero de 2020. 

Según grupos de derechos, la prisión de Jau solo tiene dos médicos en plantilla (uno por turno), y no más de dos o tres médicos de guardia en un momento dado. Se trata de médicos generalistas, no especialistas, como odontología, anemia falciforme, esclerosis múltiple o cáncer. Suelen dispensar Panadol o Restamol para todas las dolencias. Faltan equipos de diagnóstico, como aparatos de rayos X.

Como Estado Parte en las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), el gobierno de Bahréin tiene la obligación legal de proporcionar a todos los reclusos que necesiten tratamiento "el mismo nivel de atención médica disponible en la comunidad", sin discriminación. El hecho de no proporcionar atención médica adecuada viola la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso en virtud del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Bahréin también es Estado Parte. 

Las insalubres condiciones de vida de la prisión se agravaron con el estallido del COVID-19 a finales de marzo de 2021. A consecuencia de ello, Hussein Barakat murió; en lugar de exigir responsabilidades a los autores, la administración penitenciaria advirtió a los presos que no mencionaran el asunto o sus llamadas serían cortadas inmediatamente y suspendidas de forma punitiva.

De hecho, no se permite ninguna crítica a la política de negligencia médica sistemática; esto coincide perfectamente con la negativa a tolerar cualquier tipo de disidencia.

Además, la discriminación sectaria es habitual en la prisión de Jau; a los presos políticos se les prohíbe continuamente practicar sus rituales religiosos mientras se les confiscan arbitrariamente sus pertenencias.

En 2011, estallaron protestas pacíficas en favor de la democracia en todo el pequeño archipiélago situado en el Golfo y gobernado por la dinastía Al Jalifa. Los manifestantes exigían que la familia gobernante abandonara el poder y permitiera el establecimiento de un sistema justo que representara a todos los ciudadanos.

Sin embargo, las protestas fueron reprimidas con mano dura por el gobierno, que asesinó, torturó y detuvo a cientos de ciudadanos, defensores de los derechos, clérigos, médicos, académicos, atletas, miembros de las élites y líderes de la oposición, muchos de los cuales cumplen cadena perpetua y sufren graves complicaciones médicas como consecuencia de la tortura y la negligencia médica deliberada.

El gobierno también ha disuelto los principales partidos de la oposición, ha revocado la nacionalidad a varios activistas prodemocráticos y ha deportado a los apátridas. Ya no existen medios de comunicación independientes desde el cierre del periódico Al-Wasat en junio de 2017, por no hablar de la disolución de todas las asociaciones políticas, incluida Al Wefaq. El gobierno ha manipulado aún más la vigilancia; toda publicación en las redes sociales está sujeta a censura.