A pesar del intento de Estados Unidos por legitimar internacionalmente el plan de Trump —una maniobra que recuerda a la estrategia estadounidense tras la invasión de Irak en 2003—, resulta evidente que el enfoque ante la situación en Gaza se deriva de una orientación estratégica coherente basada en la imposición de lo que la administración Trump denomina «paz por la fuerza». Este enfoque se fundamenta en principios que, en la práctica, implican la renuncia palestina a derechos históricos y adquiridos consagrados en el derecho internacional desde 1948.

El verdadero objetivo de presentar el proyecto de resolución de la Casa Blanca al Consejo de Seguridad no es fortalecer a las instituciones internacionales para gestionar el conflicto en Gaza ni intentar establecer un marco internacional equilibrado. Más bien, se trata de un intento por obtener el reconocimiento internacional, en particular de países opuestos a las políticas de Washington, como Rusia y China, de la legitimidad del papel activo de Estados Unidos en Medio Oriente, y por garantizar la posición como principal autoridad en la gestión de los asentamientos en la región.

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Un análisis de los proyectos de resolución debatidos en el Consejo de Seguridad desde la operación del Diluvio de Al-Aqsa revela que Estados Unidos ha sido el principal responsable del fracaso de seis de las ocho resoluciones que el Consejo de Seguridad no logró adoptar. De estos seis proyectos de resolución se desprende claramente que EE.UU. no se ha desviado de su estrategia de apoyo a la entidad israelí, una estrategia que ha buscado sistemáticamente demostrar su firme compromiso con la supremacía israelí e impedir cualquier fórmula que pudiera restringir la libertad de acción de "Tel Aviv" sobre el terreno. Esto se suma a su constante consideración de los intereses internos relacionados con el Congreso y los grupos de presión sionistas, sin mencionar sus continuos esfuerzos por asegurar su dominio diplomático y sus intentos de excluir otros enfoques, como los rusos y chinos, que contradicen su propia perspectiva.

En este contexto, esta realidad nos lleva de nuevo a examinar la viabilidad de que el pueblo palestino se adhiera a los marcos de la ONU en su forma actual para garantizar sus derechos históricos.

Dada la capacidad de Estados Unidos para obstruir estos marcos cuando entran en conflicto con sus intereses, el pueblo palestino se ve obligado a depender de ellos de una manera que convierte a estas instituciones internacionales en meras plataformas políticas y morales, desprovistas de poder y estructuralmente incapaces de formular soluciones prácticas a su causa. Un análisis de la visión de Trump sobre estas instituciones revela un enfoque pragmático caracterizado por una profunda desconfianza hacia ellas.

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En su doctrina de "que Estados Unidos vuelva a ser grande", Trump cree que las Naciones Unidas le cuestan más de lo que le aportan.

En consecuencia, considera que es una propuesta perdedora si no puede beneficiarse de ella de la manera que él considera apropiada. Por lo tanto, Trump cree que ninguna institución internacional, y las Naciones Unidas en particular, debería imponer restricciones a la voluntad estadounidense. Esto implica que la ONU debe ser parte integral de los esfuerzos para lograr sus objetivos, guiados por el principio de "Estados Unidos primero". Esto hace que la cuestión del lugar que ocupan los derechos palestinos o un Estado palestino en la visión norteña para la región sea esencial.

En cuanto a su plan de paz para Gaza, el derecho a un Estado palestino se ha omitido deliberadamente y se ha sustituido por un enfoque estadounidense que busca apoyar el diálogo entre "Israel" y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera.

Este enfoque vincula la posibilidad de una vía creíble hacia la autodeterminación con el progreso en la implementación de un programa para reformar la Autoridad Palestina y el inicio de un diálogo interreligioso que modifique las mentalidades y narrativas tanto de la parte palestina como de la israelí, sin ofrecer una hoja de ruta específica y con plazos definidos para lograr el derecho palestino a la autodeterminación.

Por lo tanto, el proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad se presenta como la continuación de un proceso destinado a alcanzar los objetivos que no se han logrado durante los dos años de agresión contra Gaza, en particular en lo que respecta al Consejo de Paz y a la fuerza internacional cuyo papel, según los estadounidenses, es desarmar y destruir lo que "Israel" considera la infraestructura militar de la resistencia.

En este contexto, destaca la solidaridad y el apoyo mostrados por algunos países árabes e islámicos, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Egipto e Indonesia, a la postura estadounidense de rechazar el debate del proyecto de resolución ruso. Este exige que se otorgue al Consejo de Seguridad el papel apropiado y las herramientas para garantizar la rendición de cuentas y la supervisión, además de la necesidad de que las resoluciones del Consejo de Seguridad reflejen el marco jurídico internacionalmente reconocido, es decir, que reafirmen las resoluciones y los principios fundamentales, entre los que destaca la solución de dos Estados.

Si bien es realista suponer que la administración estadounidense, mediante su proyecto de resolución, busca limitar los mecanismos de debate sobre Gaza a un marco que excluya cualquier enfoque que pueda subvertir los mecanismos establecidos por el plan Trump para consolidar el alto al fuego, esto no será justificable para los países árabes e islámicos que afirman preocuparse por los derechos del pueblo palestino y su visión para la resolución del conflicto.

Dicha preocupación debería haberse reflejado en el apoyo al proyecto de resolución ruso, que pretende consagrar los derechos del pueblo palestino,  reconocidos histórica e internacionalmente, como la piedra angular de cualquier solución en Gaza. Además, la diplomacia moscovita insiste en defender el papel del Consejo de Seguridad como una institución internacional independiente, no sujeta a las exigencias estadounidenses en materia de seguridad y paz.

Resulta evidente que el recurso de Estados Unidos al Consejo de Seguridad no tiene como objetivo lograr que "Israel" cumpla con las disposiciones del plan Trump, ni tampoco otorgar a las instituciones de la ONU un papel activo en asuntos regionales. El cumplimiento israelí solo puede lograrse mediante una resolución estadounidense, y la visión trumpista considera a las instituciones internacionales meros instrumentos al servicio de los intereses de su país.

En cuanto a los estados árabes e islámicos que apoyaron el proyecto de la casa Blaca, su postura no puede considerarse un reflejo de los intereses palestinos, dado que la mayoría de estos Estados se han involucrado en los Acuerdos de Abraham, que, en esencia, constituyen una clara reversión de la Iniciativa de Paz Árabe y del principio de «tierra por paz» adoptado por el sistema árabe oficial con base en la Resolución 242.

Por lo tanto, se puede concluir que el recurso de Estados Unidos al Consejo de Seguridad para adoptar una resolución que apoye su enfoque para establecer un alto al fuego en Gaza tiene como objetivo principal obtener el reconocimiento internacional de la legitimidad de su control estratégico, militar y de seguridad sobre Medio Oriente.

Resulta imposible afirmar que alguna conducta u orientación estadounidense se interprete de manera que contradiga la visión estratégica en Medio Oriente, la cual, según coinciden políticos y analistas, se define como una paz que Trump pretende lograr por la fuerza, desde una perspectiva que consagra el papel de "Israel" como pilar político y de seguridad en torno al cual se formulan los equilibrios de la región y las vías para su solución.