El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue condenado a una pena de 12 años que deberá cumplir en prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según la sentencia leída el viernes 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia.

Además de la pena privativa de la libertad, Uribe fue condenado a pagar una multa de más de tres mil 444 millones de pesos colombianos (equivalente a dos mil 420 salarios mínimos), y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un poco más de ocho años.

La jueza también instruyó al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia (noroeste) donde reside Uribe, a "proceder a su traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos".

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Álvaro Uribe, líder del Partido Centro Democrático, es una figura clave en la política colombiana y ejerce una influencia significativa dentro del movimiento opositor de derecha desde que Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda del país, asumió el cargo en 2022.

Cabe destacar que el proceso judicial, iniciado en 2012 a raíz de una denuncia del senador Iván Cepeda, expuso testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con la promoción de grupos armados ilegales en Antioquia durante los años noventa.

Uribe insistió en su inocencia y denunció que se trata de una persecución política, sin embargo, sectores sociales y políticos celebraron la decisión como un precedente clave para la justicia en Colombia.

La condena es un nuevo giro en la trayectoria de Uribe, que gobernó el país entre 2002 y 2010, un mandato que marcado por la polarización y la controversia. 

El caso es conocido como "el juicio del siglo" y es la primera vez que un expresidente de esa nación resulta condenado penalmente.