El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comparecerá el miércoles ante el Congreso en una sesión a puerta cerrada para informar sobre los recientes ataques militares dirigidos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la comparecencia y señaló que Rubio se reunirá con el Grupo de los 12, que reúne a líderes republicanos y demócratas de ambas cámaras, así como a miembros de los comités de inteligencia, para abordar los detalles de los operativos.

Según Leavitt, el gobierno de Donald Trump mantuvo informado al Congreso en reiteradas ocasiones.

“La administración ha informado al Congreso sobre estos asuntos en ocho ocasiones distintas y los demócratas han participado en dichas reuniones", dijo.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses ejecutaron más de 15 ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, y en el Pacífico, en las proximidades de Colombia, con un saldo de más de 60 personas muertas.

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Los demócratas critican al gobierno de Donald Trump por lo que consideran una comunicación insuficiente sobre la naturaleza y el alcance de estos ataques, intensificados en las últimas semanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Diversos expertos también califican estos operativos como posibles ejecuciones extrajudiciales, debido a la ausencia de pruebas públicas que vinculen directamente a las embarcaciones atacadas con actividades ilícitas o que demuestren una amenaza inmediata para Estados Unidos.

En este contexto de presión política y acusaciones de falta de transparencia, el anuncio de la comparecencia de Rubio ante el Congreso cobra especial relevancia, ya que se produce justo después de que venciera el plazo legal establecido por la Resolución sobre Poderes de Guerra.

La norma estipula que cualquier acción militar iniciada sin autorización del Congreso debe concluir en un máximo de 60 días.

En este caso, las operaciones ordenadas por la administración Trump comenzaron el 4 de septiembre, por lo que el límite legal expiró el lunes 3 de noviembre.

De acuerdo con el marco jurídico, cuando el presidente involucra a las fuerzas armadas en hostilidades o acciones bélicas sin una declaración de guerra o una autorización específica del Congreso, se activa el conteo del plazo establecido por la resolución.