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Lula asume por tercera vez la presidencia de un Brasil duramente aislado y golpeado por los años de Bolsonaro. El otrora líder sindical dirige ahora un país muy diferente al que recibió en 2003, en su primera presidencia: debilitado económicamente por la inflación y la deuda, con un crecimiento exponencial de la pobreza y las inequidades, extremamente polarizado y con un Congreso derechizado, con mucha influencia del bolsonarismo.

“Es necesario que las personas sepan cómo encontramos a este país. Vaciaron los recursos de la salud, desmantelaron la educación y la cultura. Destruyeron el medio ambiente. No dejaron recursos. Desorganizaron la gobernabilidad de la economía, del financiamiento público, el apoyo a las empresas y emprendedores. Dilapidaron a las estatales y bancos públicos. Entregaron el patrimonio nacional. Dejaron un desastre presupuestario”, aseguró en su discurso en la ceremonia de asunción presidencial.

Para Colombia, duramente golpeada por décadas de conflictos, el paso dado para iniciar 2023 es muy significativo. “Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”, escribió el presidente Gustavo Petro en un tuit. “La paz total será una realidad”, prometió el mandatario.

“Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional”, agregó el presidente en otra publicación.

Son dos testimonios de lo que la izquierda política y el progresismo le pueden aportar de cambio a una Latinoamérica que vivió en los útimos años un periodo de restauración neoliberal de la mano de gobiernos derechistas al estilo de Macri, Bolsonaro y Duque.

Con la asunción de Lula se completa un ciclo electoral que ha permitido la llegada o la reafirmación de gobiernos progresistas en México, Bolivia, Chile, Nicaragua, Colombia, Perú, Honduras y Brasil. Cada uno de ellos con sus propias características y diferente radicalidad, pero todos con la proyección de una mayor justicia social y una vocación integradora.

A ellos se unen los gobiernos de Cuba y Venezuela, cuyos procesos políticos se mantienen contra viento y marea, pese a las enormes presiones de Washington.

Así, las principales economías de Latinoamérica están gobernadas por partidos de izquierda, lo que fortalece la posibilidad de una mayor integración regional y de plantearse esfuerzos conjuntos para enfrentar la difícil situación económica internacional y los infaltables planes hegemónicos de EE.UU. en la región. Esos son los dos principales problemas a enfrentar en este renacer del progresismo latinoamericano. 

La nueva ola progresista sobreviene en medio de un contexto económico que atenta contra la gobernabilidad y la extensión de los programas sociales. Un escenario internacional incierto con una combinación de factores que incluye desaceleración económica, inflación, volatilidad financiera y menor flujo de capital, ha ralentizado el crecimiento de América Latina y el Caribe en 2022 y profundizará aún más esa tendencia a la baja en 2023, predijo recientemente la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe.

En su nuevo informe Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, la CEPAL dijo que la región crecerá un 3,7 por ciento en 2022, casi la mitad del 6,7 por ciento registrado en 2021; y sólo un 1,3 por ciento el año próximo.

De concretarse las perspectivas previstas para el año próximo, se trataría de la segunda década perdida desde los años 50, con un magro crecimiento regional del 0,9 por ciento desde 2014. En la llamada “década de la crisis de la deuda”, en los años 80, la economía avanzó un dos por ciento. Ese era hasta ahora el menor desempeño desde 1951.

En esas circunstancias, serán menores los recursos para solventar los programas sociales que requieren estas naciones y que se han propuesto los gobiernos que llegaron al poder con agendas de bienestar popular 

Otro peligro concreto para los gobiernos progresistas es que en algunos casos como en el propio Brasil, Perú o Chile, los parlamentos están dominados por la derecha que busca obstaculizar los planes gubernamentales y sabotea las propuestas que signifiquen un cambio significativo del statuos quo de dominio del capital.

El rechazo a la nueva Constitución en Chile, la defenestración como Presidente de Castillo en Perú y la manipulada condena judicial contra Cristina Fernández son  muestras del poder que conservan las fuerzas conservadoras en la región.

Las pretensiones de reforzar los procesos integracionistas, como puede propiciar el nuevo escenario regional, enfrentan  el desafío de los propósitos de dominación estadounidenses, claramente establecidos en la Estratagia de Seguridad Nacional de la administración Biden.

La estrategia afirma que ninguna región impacta más directamente a Estados Unidos que el hemisferio occidental y establece que Estados Unidos continuará construyendo “seguridad regional” al apoyar esfuerzos para enfrentar tanto amenazas domésticas como las del crimen organizado, y las externas provenientes de “actores malignos” que buscan establecer presencia militar o de inteligencia en la región, en clara referencia a China y Rusia.

China es hoy el principal socio comercial de varias economías latinoamericanas y tiene una alianza con CELAC que ha sido profundizada en los ultimos años. 

A ello se une el papel desempeñado por la OEA, bajo el mandato de Washington, para dividir a la región y sabotear los procesos populares en varios países.

Más allá de esas amenazas, no hay dudas que hay una correlación política esperanzadora en América Latina y el Caribe, que puede volver a encarrilar los procesos integradores, darle fortaleza a la voz regional y atenuar el duro impacto que en los sectores populares está teniendo la crisis económica internacional y las políticas excluyentes que aplicaron los gobiernos de derecha en la región.

La habilidad y la voluntad política serán decisivas en el curso de los acontecimientos. El liderazgo de Lula, López Obrador, Fernández y Petro, junto a la fortaleza de los gobiernos del ALBA pueden marcar la diferencia.