Como un peso muerto sobre su reducida credibilidad, la comunidad de inteligencia y el grueso de la diplomacia estadounidense cargaban aquella historia de “ataques sónicos” cubanos contra la embajada de Estados Unidos en La Habana. 

El relato parecía sacado de algún impublicable episodio de Star Wars y sirvió para que Donald Trump iniciara una escalada de acciones contra Cuba dirigidas a retrotraer el clima bilateral alcanzado entre Raúl Castro y Barack Obama, y lograr el ansiado deseo de destruir la Revolución en la Isla.

Finalmente, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, puso punto final a la historieta. En un informe reconoció que es “muy improbable” que alguna entidad o arma extranjeras fueran responsables de aquellos referidos trastornos reportados por diplomáticos de Estados Unidos.

De las siete agencias que participan en el reporte, cinco aseguran que no hay indicios, una plantea que es inverosímil el hecho y otra no llegó a conclusiones definitivas.

La saga del “síndrome de La Habana” comenzó en el 2016 y duró todo el gobierno de Trump, a pesar de que diversos estudios e investigaciones realizadas por el FBI (2017), el reconocido grupo JASON (2018) y la Academia de Ciencias de Cuba (2021) aseguraron que no existía evidencias que inculparan a Cuba u otro país por las mencionadas afectaciones.

El reconocimiento de la falacia confirma que La Habana siempre tuvo razón al señalar que se trataba de un pretexto para atacar a la isla antillana. Ese fue el inicio de la política de “máxima presión” asumida por el empresario presidente que incluyó más de 240 medidas agresivas, coercitivas e injerencistas que aún impactan en importantes áreas de la vida social, económica y financiera del pueblo cubano.

En términos prácticos, la administración estadounidense tiene ahora las manos libres para ampliar o no su personal diplomático, en correspondencia con la política que se siga hacia Cuba.

La lista: otra mentira

Justo al final de su mandato, y como para apuntalar su sueño reeleccionista, Trump decidió ubicar a Cuba en el espurio listado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. La Habana no reconoce la designación, pero la denuncia con fuerza por ser injusta y por sus efectos negativos en las relaciones económicas y financieras internacionales de la Isla.

La decisión fue un regalo del candidato Trump a los políticos ultraderechistas anticubanos con el fin de asegurar su respaldo electoral; y también el momento en que, desde Colombia, el uribismo demostró su alineación con el trumpismo.

El principal argumento usado por Washington para alimentar el expediente de Cuba en “apoyo al terrorismo” fue la presencia en la Isla de la delegación a la Mesa de Negociaciones de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la negativa a extraditarlos a Colombia.

Tras un atentado de este grupo armado irregular, condenado incluso por Cuba, el gobierno colombiano de Iván Duque dio por terminada la negociación y, de manera insólita, solicitó al gobierno de la Isla la extradición de los negociadores.

Ni siquiera los aliados de la OTAN de Estados Unidos aplaudieron la actitud de Colombia, y mucho menos la planificada acción resultante: la inclusión de Cuba en la mencionada e ilegítima lista.

El 27 de febrero último, el Departamento de Estado publicó en su sitio oficial el informe de 2021 en que se argumenta la inclusión de la mayor de las Antillas en la lista. Llama la atención la extemporánea publicación de este documento, y la evidente desactualización de sus argumentos.

La fiscalía colombiana levantó las órdenes de captura contra los negociadores del ELN, mientras que el gobierno de Gustavo Petro informó a su homólogo cubano su renuncia a pedir en extradición a dos miembros de esa guerrilla que se encontraban en la Isla como parte de la delegación de paz.

En este momento, la delegación de paz del ELN está en México junto a representantes del ejecutivo colombiano para efectuar las conversaciones con el respaldo de los países garantes y acompañantes, entre los cuales están Cuba, Noruega, Venezuela, México, Brasil, Chile, España, Suiza, y Suecia. Incluso se valora la posibilidad de que Estados Unidos tenga un “enviado especial”, tal y como ocurrió durante el proceso negociador entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la ahora extinta FARC-EP.

Frente a lo anterior, resulta llamativo esta publicación, justo unos días antes de que la historieta de los “ataques sónicos” haya llegado a su final.

¿Qué busca Biden con esta acción?

La publicación de un informe con estas características puede tener varios motivos. La información disponible sugiere algunas variantes.

Tal y como sucedió con los “ataques sónicos”, la administración puede apostar al desinfle natural de los argumentos expuestos para ubicar a Cuba en la lista y mantener bajo su manga la posibilidad de un nuevo informe, más actualizado, lo cual usaría como ficha de negociación en el Congreso, y en dependencia del curso de algunos acontecimientos, como las propias elecciones nacionales que se desarrollarán en la Isla el 26 de marzo próximo.

Hace apenas unos días, justo al concluir el discurso sobre el estado del país, el presidente estadounidense le comentó al reaccionario senador Bob Menéndez, uno de los secuestradores del tema Cuba en el Congreso y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que quería hablarle sobre la Isla.

Menéndez es de los más furibundos críticos de cualquier acercamiento con Cuba, por lo que mantenerla en la lista, con desactualizaciones incluidas, puede ser un gesto de Biden a este sector como previa compensación al desinfle de los “ataques sónicos”, pero recordándole indirectamente siempre que el informe puede ser actualizado.

Aunque la marea que empujaba a una “convivencia civilizada” con la nación antillana ha bajado, tal vez por las complejidades globales actuales, Biden es objeto de “presiones” de círculos que apuestan a cambiar la política hacia Cuba. Motivos como la migración también influyen. Esto explica en parte los pocos movimientos desde Washington, catalogados por La Habana como positivos, pero insuficientes.

Sean estas o no las posibles movidas de Biden, los hechos son muy claros: respecto a Cuba, el demócrata se mueve entre las falacias que caen por su propio peso y un bloqueo que aspira a asfixiar al pueblo, quizás con la peregrina intención de alcanzar que no ha logrado ninguno de sus antecesores: destruir la Revolución.

A solo días de las elecciones nacionales en Cuba, en Washington y Langley deben estar muy activos monitoreando el proceso y desestimulando la participación. La guerra económica y los planes subversivos siguen activos, mientras que el pueblo cubano busca afrontar las dificultades con creatividad y empeño, conscientes, en su mayoría, de que cualquier solución a sus problemas siempre será mejor y posible dentro del socialismo.