¿A quién le sorprende que el Tribunal Penal Internacional se haya puesto de parte del genocida y en contra de las víctimas? La justicia en Europa no está pensada para los pobres, y menos para las víctimas que los estados de la Europa occidental consideran de tercera categoría como los palestinos o los africanos.

Se cumplen 10 años de la tragedia del Tarajal, donde 15 africanos fueron asesinadas mientras intentaban entrar a nado en Ceuta. 

Las víctimas no han recibido justicia. Las familias no han recibido reparaciones ¿Cómo van a ser reparadas si ni siquiera se les han enviado los cuerpos de sus hijos para darles sepultura? 

Esto es la norma en Europa donde este crimen conmueve o importa a una minoría muy minoritaria. A muchos arrebatar la vida a alguien para “desincentivar la inmigración” les parece un “trato proporcionado siempre con la inestimable ayuda de la desinformación de los medios.

En la madrugada del día 6 de febrero de 2014 unas 300 africanos se lanzaron en masa a intentar cruzar la frontera de Marruecos con Ceuta, uno de los enclaves de España en el continente africano. Suelen hacerlo así, en masa para que las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas se vean desbordadas y por mucha violencia que empleen, no puedan contenerlos a todos. Algunos, los más hábiles, ágiles, afortunados o intrépidos logran entrar en ese enclave de la fortaleza Europa, (¡que no es espacio Schengen!). Es muy habitual que las fuerzas de seguridad españolas apresen a quienes logran entrar y los devuelvan “en caliente” a Marruecos, que se encargará de seguir ejerciendo de guardián subcontratado de la rica Europa.

Alrededor de las seis de la mañana, esas más o menos 300 personas salieron de los montes cercanos a la frontera (donde pasan varados entre unos meses y algunos años), iban armadas con flotadores, neumáticos viejos de coches inflados y chalecos salvavidas para acometer la hazaña de superar uno de los últimos grandes obstáculos hacia un futuro soñado. Las fuerzas de seguridad marroquíes lograron detener a unas 100 personas y rajaron muchos de los flotadores con cuchillos. De las 200 que superaron a los marroquíes, lograron echarse al agua unas 90 personas. Tenían que superar a nado el espigón de bloques de cemento que separa las aguas marroquíes de las españolas, y llegar a la playa de Tarajal, en Ceuta (España).

Los guardias civiles utilizaron materiales antidisturbios como pelotas de goma, salvas detonadoras y botes de humo para intentar evitar que quienes se acercaban a nado, o flotando como podían llegasen a tierra firme. Al principio disparaban al aire, después, directamente a los cuerpos de las personas que se encontraban en el mar. Como hay grabaciones de los hechos se pueden contar con claridad los 505 disparos de material antidisturbios que efectuaron los agentes españoles. 

Fueron horas de angustia, muerte, miedo y devoluciones en caliente, una práctica habitual que, aunque contraviene toda la legalidad nacional e internacional, vulnera los derechos humanos más elementales y ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se ejerce con descaro e impunidad por parte de las fuerzas de seguridad españolas con regularidad.

Al final de la mañana se contaron 14 cadáveres, cinco en España y nueve en Marruecos. Oficialmente 23 personas fueron devueltas en caliente y solamente una fue declarada desaparecida. Las víctimas identificadas se llamaban Ibrahim Keita, Armand Debordo, Dauda Dakole, Jeannot Flame, Joseph Blaise, Larios Fotio, Nane Roger Chimi, Ouman Kenzo, Oumar Ben, Samba Baye, Yves Martin y Youssouf. Junto a ellos, en España, están enterrados otros tres jóvenes cuyos cuerpos no han sido identificados. 

Al principio la versión oficial intentó culpabilizar de todo a las fuerzas de seguridad marroquíes, que para eso le pagan. Pero la grabación de todo lo ocurrido obligó a admitir que las fuerzas de seguridad españolas, lejos de socorrer a quienes corrían el riesgo de morir ahogados,había disparado más de 500 veces contra ellos.

En marzo, la ONG Caminando Fronteras publicó un informe muy detallado de lo ocurrido, gracias a los testimonios de víctimas, familiares y supervivientes, pero los tribunales nunca lo han tenido en cuenta. Las familias de los fallecidos y desaparecidos, junto con varias organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron los hechos ante los tribunales con pruebas incontestables, testimonios y la grabación de lo ocurrido. 

Un año después, en 2015 se imputó a 16 guardias civiles por homicidio imprudente, solamente por los cuerpos encontrados en España. El caso fue sobreseído provisionalmente en octubre de ese mismo año. Desde entonces se ha reabierto el caso tres veces, pero las autoridades judiciales españolas lo cierran cada vez. Se ha recurrido cada cierre, hasta que en 2020 el caso es llevado al Tribunal Supremo y este lo desestima en 2022. También se pidió una comisión de investigación parlamentaria, que continuamente es bloqueada por los partidos mayoritarios que gobiernan España.

Basándose en el concepto acuñado por el historiador y politólogo camerunés Achille Mbembe de Necropolítica, muchas organizaciones hablan de necrofrontera: una frontera regida por políticas que deciden quién debe y quien no debe morir, arrebatando la mismísima humanidad a sus víctimas. 

La necropolítica se ejerce en la frontera de España con Marruecos con total impunidad y sus víctimas están totalmente desprotegidas. Helena Maleno, investigadora de migraciones y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, asevera que ni ella ni su equipo que han estado en contacto directo con las familias de miles de personas fallecidas o desaparecidas en nuestras fronteras durante más de dos décadas, jamás han “tenido constancia de que haya habido ninguna condena por un fallecimiento en la zona limítrofe”.

Europa endurece cada día más las medidas de “seguridad” de sus fronteras, destina cada vez más dinero a reforzar esta necropolítica y garantiza la impunidad de todas las violaciones de derechos fundamentales que se producen en la necrofrontera. Los europeos viven de espaldas a este crimen horrendo que se comete con su dinero público y en su nombre. 

El día 6 de febrero, a las 07:38 de la mañana, momento en que se efectuó el primer disparo, diversos colectivos en varias ciudades del estado español, han convocado movilizaciones para honrar la memoria de las víctimas y para decir alto y claro que “no olvidamos”.