El departamento de Estado de Estados Unidos decidió otorgarle a una cubana el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2024. El galardón se otorga anualmente a féminas que supuestamente luchan por la defensa de los derechos humanos.

La premiada se nombra Martha Beatriz Roque. Se trata de una longeva mujer que, salvo por su famosa “huelga de hambre” de 2012, estafa mediática que la ubicó en el ranking de los fraudes más vulgares de la contrarrevolución cubana, sus “luchas” solo han existido, cual historietas para niños, en las páginas de la maquinaria publicitaria financiada por los gobiernos norteños.

Pero la noticia no es la señora, quien apenas es conocida en su propio país, salvo tras aquel episodio hilarante que la mostraba ingiriendo vegetales durante su “huelga”. Tampoco es el premio, que vale lo que valen sus patrocinadores. Lo destacable esta vez está detrás de esta acción de reciclaje, de este nuevo “gesto” que la demócrata administración estadounidense le lanza a La Habana.

Las señales

El tema de los derechos humanos ha sido durante las últimas tres décadas uno de los pretextos más utilizados porla Casa Blanca para justificar sus agresiones contra Cuba.

No es casual que el pasado 29 de febrero, el Parlamento Europeo, en una nada sorprendente alineación con Washington, aprobara una resolución de condena contra el gobierno de la Isla. Para la Eurocámara, la existencia de supuestos presos políticos en Cuba, la práctica de lo que califican como trabajo forzado; y la falta de libertad religiosa, son hechos que invalidan a Cuba en materia de derechos humanos.

Aunque no es una resolución vinculante, la fanfarrea es útil para mantener el tema y construir una imagen de “preocupación global”, que impida una transformación de la actual política de máxima presión sostenida por la Casa Blanca y que, con mayor o menor algarabía, respaldan Bruselas y varias capitales europeas, aún cuando les resulta o imposible, por el momento, retrotraer el acuerdo de diálogo político y cooperación, en la mira de la derecha más recalcitrante de Europa y Norteamérica.

Casi en paralelo, la subsecretaria Adjunta de la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Kerri S. Hannan, visitó la Isla. La señora, según información disponible en medios de prensa, además de reunirse con la Cancillería cubana, contactó con autoridades culturales, deportivas y educativas locales, con representantes del emergente sector privado y con miembros de la disminuida y desprestigiada “oposición”.

Aunque se desconocen los motivos reales de la visita, no es descartable, por lógica e inevitable inferencia, que la funcionaria vino a palpar, de primera mano, el impacto de la política de asfixia económica que implementa su gobierno y a mostrar un falso interés por los derechos humanos de los cubanos.

Antes, en enero, aterrizó en Cuba Sara Minkara, asesora especial del departamento de Estado para los Derechos Internacionales de las Personas con Discapacidad. Aunque en el comunicado de prensa Washington no pudo hacer señalamientos públicos a la política social que en esta materia desarrolla Cuba, nadie en su sano juicio puede creer que se trató de una visita constructiva.

En febrero también se desarrolló la segunda ronda de conversaciones sobre seguridad entre funcionarios de ambos países. En el comunicado emitido por el gobierno norteño se enfatizó que la reunión subrayó la decisión de Washington de mantener estos contactos “cuando sea apropiado para promover los intereses estadounidenses” y enfatizó que “Estados Unidos integra la defensa y protección de los derechos humanos en todas las interacciones con el gobierno cubano”.

Probablemente estemos ante un esfuerzo nada sutil para crear un grupo de nuevos argumentos, con la supuesta defensa de los derechos humanos como estandarte, que sostenga la desquiciada política de máxima presión y asfixia económica que mantiene el actual ejecutivo de la Casa Blanca, heredada del empresario presidente Donald Trump. 

O simplemente estemos asistiendo a una política con claras "jugadas de engaño" que aspiran, además, a neutralizar, tanto a sectores cubanos históricamente posicionados contra las políticas anticubanas de EE.UU., como a nuevos actores de la diversa y compleja sociedad civil isleña, que, a juicio de los analistas yanquis, no aprecian ni juzguan en igual proporción la hostilidad de la política estadounidense contra la isla caribeña.

En cualquiera de los casos, son los tozudos hechos los que expresan tendencias bien definidas, al margen de estas “confusas” acciones.

Justo el pasado 29 de febrero, Joe Biden extendió por un año más el estado de emergencia nacional respecto a Cuba, lo que prohíbe a los barcos con bandera de su país el acceso a los puertos de la isla.

Esta es la última de un grupo de acciones de la Administración Biden que confirman la falta de  voluntad para impulsar un cambio de política hacia La Habana.

La Cancillería cubana reconoció hace meses que, como nunca antes en los últimos 60 años, el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos ha tenido efectos notables y profundos en la vida diaria de las familias cubanas, sobre todo después de la implementación por Trump de más de 240 medidas adicionales, entre ellas la inclusión en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Biden, con peculiar entusiasmo, las ha mantenido casi todas.

Los cubanos viven hoy, en palabras del propio mandatario caribeño, Miguel Díaz-Canel, una economía de guerra con afectaciones sustanciales en la alimentación, el transporte y el acceso a medicamentos, a pesar del extraordinario esfuerzo que hace el ejecutivo nacional para mitigar esta situación.

Sin embargo, aunque los inquilinos de la Casa Blanca tienen en sus manos varios instrumentos que podrían aliviar el cerco económico, la voluntad personal de cualquiera de estos tendría que ser inquebrantable para soportar la presión de un sistema cuya naturaleza imperial le impide tolerar la existencia de la Revolución cubana, tanto por lo que ha significado en términos geopolíticos y económicos para Estados Unidos, como por su impacto ideológico.

Soslayar esa realidad conduciría a una lectura errónea del comportamiento del establishment estadounidense respecto a Cuba. 

La convivencia civilizada, concepto que usa el gobierno de la Isla a la hora de exponer su horizonte estratégico en las relaciones con su poderoso vecino, no es otra cosa que diplomacia a la carta, pues con Estados Unidos, ni sus propios aliados tienen una relación civilizada o normal.

Las relaciones entre Washington y La Habana estarán siempre marcadas por la histórica disyuntiva: soberanía o dominación. Así ha sido hasta hoy; y no hay un solo motivo, hecho o dato que indique lo contrario.