En Latinoamérica, la guerra jurídica es usada para reprimir y/o neutralizar a figuras de relevancia política, manipulando para ello las leyes. Este tipo de operaciones guarda formas de legalidad, apoyándose en el aparato del Estado, con el único objetivo de favorecer a un factor político. Entonces, se está en presencia de la continuación de la Guerra, pero en esta oportunidad, a través del mal uso de las leyes, apoyándose en jueces, fiscales e instituciones politizados y parcializados.

Por supuesto, a todo este proceso judicial le antecede el pelotón de fusilamiento mediático. Los medios de comunicación son los encargados de establecer sentencia mucho antes que se defina en los tribunales.

Bien lo explicaba en marzo del 2017, uno de los arquitectos de esta política, el General de División de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Charles Dunlap: “Existe una serie de enfoques en donde puede utilizarse la ley para socavar a los adversarios”.

Para Dunlap, el Lawfare es una herramienta clave para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Desde hace tiempo, Estados Unidos ha adoptado una política para adecuar no sólo las leyes de otros países, sino también, las instituciones judiciales y quienes la componen. La política ha consistido en captar a jueces, fiscales y policías; formarlos, y llevarlos hacia la adopción de políticas para homogeneizar y  estandarizar los sistemas judiciales de cada país. 

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La aplicación del lawfare en Brasil, permitió sacar de la presidencia a la líder progresista Dilma Roussef. Igualmente, en Argentina la guerra jurídica ha sido pieza importante para impedir el retorno de Cristina Kirchner al poder. Igual ocurre en Ecuador con Rafael Correa.  Los casos se repiten en el resto de la región, para neutralizar a todo aquel que afecte los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. 

En el caso de Venezuela, la Guerra Jurídica no ha podido ser aplicada a lo interno. Por ello, Estados Unidos, ha tenido que ampliar su rango de acción, activando su politizado y débil sistema judicial para intentar neutralizar a la Revolución Bolivariana. 

En Estados Unidos, se usa su politizado y débil sistema de justicia para llevar adelante esta política de guerra legal contra Venezuela. Por supuesto, todo es posible por cuanto en ese país la justicia es partidista. Por ejemplo: el sistema federal; es decir, oficiales, fiscales y jueces, están políticamente influenciados. El Fiscal General de ese país es nombrado por el Presidente, así como, los jueces federales y de la Corte Suprema, también deben ser nominados por el Ejecutivo y confirmados por el Senado.

Sin embargo, a pesar de conocerse la motivación política de todos los que componen el sistema de justicia de Estados Unidos, no deja de sorprender la acción que contra Venezuela se ha emprendido. En marzo de 2020, fuera todo pronóstico y sin pruebas fehacientes, fuimos testigos cuando el Fiscal General de Donald Trump, William Barr, en el marco de la política de chantaje y máxima presión contra Venezuela, presentó una acusación en contra del Presidente venezolano, Nicolas Maduro, y otros funcionarios del Estado señalandoles de narcotraficantes y jefes del Cartel de los Soles. En la acusación, se implica al Jefe de Estado de intentar inundar a Estados Unidos con cocaína, y no conformes con tamaña desfachatez, dentro de los cargos, también se acusa al Presidente Nicolás Maduro y al Vicepresidente del partido de Gobierno, Diosdado Cabello, de usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos. Pero la locura continuó, ese mismo día, el 26 de marzo de 2020, actuando al margen del derecho internacional, el Departamento de Estado de EE.UU, ofreció a través de su programa de recompensa de narcóticos 15 millones de dólares por el rescate o arresto del mandatario y 10 millones de dólares por el rescate o arresto del también Diputado Cabello. 

Nadie iba a pensar que el Departamento de Estado, que aún mantenía relaciones con el gobierno constitucional venezolano -aunque no públicas-, iba a realizar tamaña aberración que violenta flagrantemente la normativa internacional. Pero la política exterior de Washington era una en ese momento, y consistía en derrocar al Gobierno Constitucional de Venezuela. 

Dicho exabrupto no se detuvo, ya que tres meses después, el mismo Departamento de Estado conspiró para detener, de manera ilegal al diplomático venezolano Alex Saab: el funcionario que estaba asegurando la entrada de alimentos, medicamentos y combustible a Venezuela, a pesar del bloqueo estadounidense. 

El 12 de junio de 2020, Alex Saab, fue detenido mientras repostaba combustible en Cabo Verde a solicitud de Estados Unidos -sin una orden judicial- cuando se encontraba camino a una nueva Misión a Irán. De esta forma se abre un nuevo capítulo del Lawfare contra Venezuela, pero esta vez violando las Convenciones internacionales que protegen a los representantes diplomáticos.  

En el libro escrito por el ex Secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo,“Nunca ceder una pulgada", se reconoce que EE.UU conocía de la Misión diplomática del Enviado Especial Alex Saab, y cómo el funcionario utilizó su influencia para asegurar su detención, expresando: "... los especialistas tuvieron la oportunidad de atrapar a Alex Saab... mientras estaba en una misión para arreglar un intercambio de oro venezolano por petróleo iraní...". En el mismo libro, subraya que EEUU tiene un alcance mundial sin parangón, como demuestra su capacidad para desbaratar en tiempo real un plan iraní-venezolano y persuadir a una pequeña nación insular -Cabo Verde- para que retuviera a un hombre buscado. 

Pero como es típico en el Lawfare, los medios tuvieron un rol importante para lavarle la cara a Estados Unidos. La primera tarea ya la habían cumplido, se había creado una imagen demonizada del diplomático que sirvió para legitimar lo que fue su secuestro. Pero los medios siguieron, se dieron la tarea de crear contrainformación, que permitió dejar en entredicho de si se trataba realmente de un Enviado Especial, incluso, a pesar de admitirse en los libros de Pompeo y del Ex Secretario de Defensa de EE.UU, Mark Esper. 

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Para llevar adelante esta agresión, Estados Unidos se apoyó en un Estado débil y dominado: Cabo Verde. En ese país africano se violentaron todas las reglas del debido proceso, se detuvo a Alex Saab sin notificación de Interpol (que luego fue emitida un día después del arresto), sin orden judicial, se omitió que se trataba de un funcionario diplomático. Además, se incumplió con el mandato del Tribunal de Justicia de la Comisión Económica de África Occidental de liberarlo. 

Para aquel momento, otros organismos internacionales expresaron su preocupación por la situación del diplomático venezolano. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concedió Medidas Provisionales, solicitando a Cabo Verde que "se abstuviera de extraditarlo a los Estados Unidos mientras su caso estuviera siendo examinado". Igualmente, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y cuatro Relatores Especiales del Consejo de DD.HH de la Organización de Naciones Unidas (ONU), también remitieron una misiva a la autoridad de Cabo Verde, para pedir explicaciones sobre el levantamiento de la inmunidad al diplomático venezolano.

Contra Alex Saab, también se manipuló el sistema de Interpol. La institución, ante esta situación política, debió mantenerse neutral como lo indican sus normativas. 

El 16 de octubre de 2021, un día antes que se realizaran las elecciones presidenciales en Cabo Verde, y sin haberse culminado el proceso judicial, Alex Saab fue extraído a la fuerza a los Estados Unidos. En ese país, la guerra jurídica en contra del diplomático venezolano continúa. El 23 de diciembre de 2022, durante un juicio que reclama el respeto a la inmunidad diplomática del Enviado Especial venezolano, el juez de la causa del Tribunal de Distrito Sur de Florida, Robert Scola, denegó el derecho a la inmunidad diplomática del Enviado Especial, basándose -increíblemente- en el hecho de que EE.UU no reconoce al actual Gobierno de Venezuela dirigido por el Presidente Nicolás Maduro, y concluye que “cualquier reclamo de inmunidad diplomática afirmado por un representante del “régimen” de Maduro, también debe considerarse ilegítimo.

La acción ilegal y politizada contra Alex Saab, se encuentra en apelación. Sin embargo, estamos claros que nos encontramos ante una acción que, considerando el carácter politizado de las instituciones judiciales estadounidenses, nos lleva a asegurar que la solución jamás podrá llegar por esa vía. Por lo tanto, la resolución del caso solo será posible a través de la negociación política. 

Nadie duda que la acusación y la política de extorsión por parte de Estados Unidos, en contra del Presidente Nicolas Maduro, Diosdado Cabello, y Alex Saab, son parte de ese lawfare que hoy mantiene Washington para recobrar sus intereses hegemónicos en Venezuela y la región.