Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba siguen marcadas por la política de máxima presión que mantiene Joe Biden con el fin de derrocar la Revolución.

Así lo confirma el reciente reporte del Departamento de Estado en el que se exponen los países supuestamente patrocinadores del terrorismo, donde se mantiene la inclusión de Cuba.

Los argumentos que calzan la acusación contra la Isla por insostenibles develan el carácter político y el objetivo desestabilizador y subversivo de esta injusta inclusión.

Aunque Cuba no reconoce la autoasignada potestad de Washington como juez global ni sus acusaciones unilaterales, sin lugar a dudas la permanencia de La Habana en ese listado tiene consecuencias económicas y financieras notables.

En el informe que el gobierno cubano presentó en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para respaldar su pedido de condena al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra el pueblo cubano, se abundó en ejemplos concretos de sanciones, multas y presiones estadounidenses contra entidades financieras internacionales que tenían vínculos con Cuba, usando como pretexto esta caprichosa lista, y como palanca, su poder global.

De este accionar se deriva el impacto disuasivo que adquiere el listado, frente al que sucumben decenas de bancos y entidades crediticias temerosas de sufrir las represalias de Washington. 

Solo entre marzo de 2022 y febrero de 2023, 130 bancos de todo el mundo cancelaron sus operaciones con Cuba. De ellos 75 son europeos, 21 del continente americano y 34 del resto de las regiones. 

Este solo dato derrumba el mito de la bilateralidad de un supuesto “embargo”, que no es otra cosa que una guerra económica extraterritorial, montada sobre el más integral sistema de leyes, normas y medidas dirigido a destruir la economía cubana y con ella la experiencia socialista. 

Todo esto supone para la isla caribeña un escenario preñado de obstáculos que frenan su desarrollo económico y afectan el diario vivir de los cubanos.

Lo anterior no está desligado de un contexto que sigue dando señales contrarias a una convivencia civilizada que Cuba ha propuesto a los últimos gobiernos de Estados Unidos.

Un rápido recorrido por los contenidos de una prensa que se articula dentro de un ecosistema multimediático financiado directa o indirectamente por la Casa Blanca, que incluye las redes sociales y sus solidarios algoritmos, permite concluir que existe una recia campaña dirigida a sembrar desespero y desesperanza dentro de la Isla y a deslegitimar la institucionalidad revolucionaria.

Estos elementos descritos y otros confirman que la administración de Biden no tiene voluntad para un cambio de actitud hacia Cuba.

Un ejemplo de ello es la reciente exigencia del senador anticubano Marco Rubio para que sea actualizada otra lista, la de entidades cubanas con las que Washington le prohíbe al mundo cualquier transacción. Rubio aspira a que esta otra lista, creada en el 2017 y actualizada en el 2021, se amplíe.

Si no bastaran las señales de la sostenida agresividad imperial, el secretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, mantiene sus periódicos ataques contra Cuba. El último de ellos estuvo referido a supuestas violaciones de derechos humanos de los contra fabricados “presos políticos”. 

No es por novedoso que traigo el ejemplo a estas reflexiones, sino por el contexto, pues se trata de los argumentos que intenta sostener a la segunda lista, arguyendo que las entidades económicas cubanas “sancionadas” están vinculadas a instituciones que supuestamente violan derechos humanos.

La estrategia de Washington es evidente: asfixiar la Isla, deteriorar el nivel de vida del pueblo, socavar la legitimidad del gobierno endilgándole toda la responsabilidad de lo que sucede a través de ese potente entramado mediático subversivo, y generar así las condiciones para un estallido o, en su defecto, un debilitamiento progresivo que, aspiran, obligue a la Revolución a hacer concesiones económicos y políticas.

Mientras tanto, el pueblo sigue resistiendo la embestida, consciente, en su inmensa mayoría, de que está en juego la soberanía y todo lo conquistado desde 1959, y de que logrará salir adelante con sus propias fuerzas junto a la dirección del país.